viernes 21/1/22

El exalcalde pedáneo del concejo de Las Rozas de Valdearroyo ha admitido que durante parte de su mandato, entre 2011 y 2015, no convocó reuniones de vecinos porque "no iba a haber quorum", como ya había sucedido en algunas celebradas con anterioridad.

Además, ha admitido la existencia de cheques expedidos a su cargo, "para mis gastos", como uno por importe de 100 euros para kilometraje y otro de 200 en concepto de dieta, pero sin contar con "ninguna" factura o ticket de comida. "Los cobré yo como gastos de representación".

Así lo ha reconocido este jueves en el juicio contra él, celebrado en la Audiencia Provincial por presunta falsedad, prevaricación y malversación, delitos por los que se enfrenta a seis años y siete meses de cárcel que pide la fiscal.

El ministerio público también imputa estos dos últimos ilícitos al entonces secretario pedáneo, al que reclama cinco años de prisión y que igualmente ha declarado en la vista, en la Sección Primera.

Ambos están acusados de remitir, entre 2013 y 2014, al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) actas de sesiones de juntas que no se habían celebrado, en las que se hacía constar la aprobación de las cuentas generales de 2012 y 2013, así como los presupuestos e inventario de bienes del 2014. "Tanto el secretario como yo, todo lo que hicimos fue intentando el bien de la pedanía", ha alegado en su defensa el que fuera regidor de Las Rozas, quien ha explicado que las reuniones de las juntas se celebraban cuando había "algún asunto" que tratar, añadiendo que como las anunciaban en el tablón y "no había pueblo, optamos por no convocarlas".

De acuerdo con su versión, levantaba el acta el secretario, y a propósito de esto último ha manifestado, a preguntas de la representante de la Fiscalía, que algunos de esos "escritos" -como los ha denominado y en los que ha reconocido su firma- se refieren a sesiones que "no tuvieron lugar".

El expedáneo de Las Rozas, que se presentó al cargo por una asociación de electores y que ha dicho no saber la diferencia entre un concejo y una junta vecinal, ha achacado su proceder al secretario del Ayuntamiento, que ante la imposibilidad de celebrar una junta "válida" -por la citada falta de quorum- y teniendo en cuenta que eran necesarias para aprobar las cuentas, le dijo que "hiciéramos lo que nos pareciera". "Y fue lo que hicimos", ha apostillado. Un extremo que ha corroborado el otro procesado, que ha manifestado por su parte que aceptó el cargo "por ayudar al pueblo", aunque ha asegurado que no conocía sus funciones y responsabilidades, ni tampoco se las explicó el secretario municipal. Pero, si se levantaba un acta, de las que se dejaba constancia en el correspondiente libro, era "porque estábamos allí. Si no, no creo que se levantaría un acta, así por las buenas".

Además, ambos han coincidido en que el secretario les exigía una cuantía económica -equivalente a "una tercera parte de su sueldo"- si querían que les informase o asesorase. "Nosotros no disponíamos de ese dinero". En todo caso, el entonces máximo representante del concejo ha negado que haya "ningún acta falsificada", ya que "las cuentas eran reales" "Otra cosa es -ha precisado- que se haya publicado en el BOC algo que no es cierto".

CONTRATOS Y CHEQUES 

Respecto a la presunta prevaricación, por concertar un contrato con una empresa al margen de la junta (para obras de acondicionamiento de un edificio de viviendas, que conllevaba un compromiso de alquiler a largo plazo), el principal implicado ha reconocido que depositó 30.000 euros, importe que según la acusación pública casi "triplica" el presupuesto anual del concejo, que cuenta con entre una quincena y veintena de habitantes.

Ha asegurado que "se informó" de esta operación a "algunos" miembros de la junta: "Yo di cuenta a las personas que iban a la junta. Si celebrábamos una reunión e iban cuatro, se lo comentaba a cuatro. A los que no iban, no se les comentó", ha diferenciado.También ha aseverado que preguntó a otras empresas de "la zona" por si estaban "interesadas" en los trabajos en cuestión, aunque al igual que con la falta de quorum de las juntas -"íbamos el secretario y yo", ha señalado- tampoco dejó constancia documentada de esas consultas.

En todo caso, ha remarcado que se trató de un depósito en el marco de una acuerdo que vencía en 2016. Así, si al final no se acometía la remodelación del inmueble, "se cogía la pasta y punto", ha zanjado. De hecho, con posterioridad el concejo declaró la nulidad del contrato y exigió la restitución íntegra de los 30.000 euros, que ya están depositados según el escrito de acusación de la Fiscalía.

En relación con el tercer delito, el de malversación, se le imputa por acordar el gasto de fondos mediante cheques emitidos a cargo de las cuentas bancarias del ente público, al portador o su propio nombre y "sin expresar el concepto" al que se destinaban tales efectivos. Según la fiscal, firmó hasta siete, por valor de 3.830.

Entre ellos figura uno por importe de 100 euros "al pedáneo" para pagar el kilometraje, por los viajes y desplazamientos que tenía que hacer, "para venir a Santander 14 veces o ir a Reinosa 30", ha comentado a modo de ejemplo. Ha apuntado que en las cuentas del año en cuestión puso el importe y los kilómetros, e hizo "un recibo", pero no ajuntó tickets de gasolina: "Ni se me ocurrió".

También ha manifestado sobre otro cheque a su nombre de 200 euros "sería para mi dieta", aunque no aportó "ninguna" factura o comprobante de comida. "Me puse esa cifra para no perderlo todo", ha contestado a su abogada, a la que ha indicado que sus gestiones implicaban "bastante más que 300 euros al año". Y en cualquier caso, ha indicado que dio cuenta de estos cheques "el primer año" de su mandato sin que nadie dijera "nada en contra", pero no en los ejercicios siguientes, porque los vecinos "no iban a la junta".

Otro de 2.000 euros fue rubricado, según el entonces pedáneo, para pagar las gestiones realizadas para recuperar la titularidad de un monte del concejo -era "su prioridad" cuando accedió al puesto-.El cargo se hizo efectivo en noviembre de 2013 pero la factura data de 2014, por un cambio en el nombre de la asociación beneficiaria, de modo que el nuevo recibo "anula" el anterior, ha justificado.

Lo mismo sucedió con otro destinado "posiblemente" a pagar unos informes periciales. "Me dan un recibo y te puedo pagar al momento o dentro de unos días", ha razonado.

Uno más fue para la construcción de una rampa de acceso en las escuelas; en tanto que otro cheque, de 575 se pagó a un perito judicial; otro de 530 euros, por los gastos de presentación de las cuentas de la pedanía; y un par de ellos de 300 euros para informes topográficos.

Asimismo, en el escrito de acusación particular figura uno más, de 141 euros, por gastos de fontanería.

De todos esos cheques, el secretario ha dicho que "ni los veía. No quería saber nada. No me interesaba". También ha negado haber tenido "ninguna" participación en el envío de las actas al BOC. 

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