viernes. 02.12.2022
MEDIO AMBIENTE

Santander y Torrelavega no limitarán el acceso de vehículos al menos hasta 2024

Los equipos de gobierno de ambas ciudades, únicas que deberán implantar en Cantabria una Zona de Bajas Emisiones, han reconocido que no podrán estar operativas durante el próximo año, cuando la normativa prevé que se desarrollen en 2023.

Tráfico en Santander
Tráfico en Santander

La Ley de Cambio Climático exige que para el 1 de enero de 2023 (en menos de 40 días) las ciudades de más de 50.000 habitantes desarrollen planes para implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que impedirán el acceso de numerosos coches a los centros urbanos de estas localidades. En el caso de Cantabria, esas ciudades son Santander y Torrelavega. Y ambas, a tenor de las declaraciones realizadas este martes, van a retrasar la implementación de estas zonas al menos un año.

Tanto el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, como el portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, han confirmado que ninguna de las dos ciudades van a poner en marcha estas restricciones el próximo año, lo que permitirá que puedan seguir accediendo vehículos independientemente del año de fabricación.

Torrelavega ha desechado la opción que abarcaba una superficie de aplicación de la ZBE de 600.000 metros cuadrados

Y es que esta normativa, que busca reducir la emisión de gases contaminantes, limita la entrada a aquellos vehículos que no tengan una etiqueta ambiental de la DGT o estén dentro de la categoría A, es decir, aquellos turismos con motor de gasolina matriculados antes del año 2001 y los que tienen un motor diésel anteriores al año 2006. En el caso de que sea moto, serán aquellas que no cumplen con las normativas Euro I matriculadas antes de 2003.

Respecto a aquellos turismos con etiquetas B o C, dependerá de la decisión que tomen Santander y Torrelavega. La categoría B son los vehículos de gasolina que cumplen con la norma Euro 3 y los diésel que cumplen con la Euro 4 y Euro 5. Respecto a la fecha de matriculación, son los turismos y furgonetas ligeras de gasolina posteriores al 2000 y los turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas desde enero de 2006, además de los vehículos de 8 plazas y transporte de mercancías diésel y gasolina matriculados a partir de 2005.

La categoría C incluye a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006, los turismos y furgonetas diésel matriculados después de enero de 2014 y los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías matriculados desde 2014, diésel o gasolina. Esta diferencia de fechas entre diésel y gasolina se debe a que los vehículos diésel deben cumplir con la norma Euro 6, más restrictiva con las emisiones, y los de gasolina las normas Euro 4, Euro 5 y Euro 6.

Pero en el caso de Cantabria, todavía se desconoce qué harán las dos ciudades con estos vehículos. La reunión de la Mesa de Trabajo de Torrelavega para la puesta en marcha de la ZBE tan solo ha dejado claro que no se va a implantar antes de 2024. Es más, en el encuentro se ha llegado a la conclusión de que es necesario cumplir la legislación, pero también evitar “hacer daño” a la economía local. Por eso es posible que las alternativas elegidas hayan sido las que afectan a una extensión territorial más pequeña.

Santander ha adjudicado la instalación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para la futura ZBE y canales de información al ciudadano a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones

"Todos somos conscientes de nuestra responsabilidad", ha dicho el regidor, por lo que la Mesa se ha emplazado a buscar una delimitación de la zona de bajas emisiones que cumpla esos dos objetivos. A este respecto, se han estudiado las tres propuestas de delimitación para la implantación de la ZBE realizadas por la empresa adjudicataria, DOYMO, de las que se ha descartado una. En concreto, se ha desechado la opción que abarcaba una superficie de aplicación de 600.000 metros cuadrados.

Mientras, se han aceptado como "posibles" las otras dos "pequeñas actuaciones" con una superficie de 60.000 y 160.000 metros cuadrados, cuya delimitación estaría situada entre las calles Julián Ceballos, La Llama, José María Pereda y Julián Urbina. A partir de ahora, la Mesa va a seguir trabajando en ellas dentro del calendario que se ha planteado, que contempla realizar la delimitación de la ZBE y la ordenanza a lo largo de 2023, mientras que su implantación "no será antes de 2024".

Respecto al efecto que va a tener la ZBE para los vecinos que vivan en ella, López Estrada ha dejado claro que "todos" tendrán acceso a sus viviendas y garajes, y que la ordenanza contemplará excepciones para acceder a la misma, entre ellas, a las personas con movilidad reducida. En la reunión han participado, además del alcalde, el concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, los portavoces municipales, integrantes de la Mesa de Movilidad del Besaya y de la Cámara de Comercio y un representante del comercio de la ciudad.

NO ES POSIBLE

La situación de Santander es parecida, aunque en el caso de la capital cántabra directamente “no hay intención” de que esta ZBE esté en vigor en enero de 2023. De hecho, el concejal de Fomento, César Díaz, “no ve posible” cumplir esos plazos.

A preguntas de la prensa, el portavoz municipal, Javier Ceruti, ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido una prórroga de la puesta en marcha de las ZBE hasta enero de 2024, un año más tarde de lo previsto, porque muchos ayuntamientos no pueden llevar a la práctica el cumplimiento de la norma en dicho plazo.

En el caso de Santander, Ceruti ha señalado que Díaz ha denunciado el vacío jurídico que existe actualmente por parte del Gobierno central, que no ha aprobado el Real Decreto que regula la implantación de las ZBE. El portavoz del equipo de Gobierno se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno local, concretamente sobre la adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para la futura ZBE y canales de información al ciudadano a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, por 1,2 millones de euros y un plazo de tres meses, del que ya ha informado el Ayuntamiento.

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