miércoles. 30.11.2022

Las siglas ZBE cada vez están más presentes en los proyectos de muchas ciudades españolas con el fin de que los vehículos más contaminantes tengan prohibida la circulación en los centros de la urbe. Y es que el Ministerio obliga a crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE)  antes de 2023 en las urbes de más de 50.000 habitantes. 

En cumplimiento de la Ley de Cambio Climático que lo exige para el 1 de enero de 2023, casi 150 ciudades españolas, entre ellas Santander y Torrelavega, tendrán que desarrollar planes para implementar zonas de emisiones bajas.

En estas Zonas quedaría limitada la entrada a aquellos vehículos que no tengan una etiqueta ambiental de la DGT o estén dentro de la categoría A, es decir, aquellos turismos con motor de gasolina matriculados antes del año 2001 y los que tienen un motor diésel anteriores al año 2006. En el caso de que sea moto, serán aquellas que no cumplen con las normativas Euro I matriculadas antes de 2003.

En el caso de los turismos con etiqueta B o C dependerán de cada Ayuntamiento, serán las entidades locales las que determinen las regulaciones de acceso a los vehículos que establezcan en sus municipios. La categoría B son los vehículos de gasolina que cumplen con la norma Euro 3 y los diésel que cumplen con la Euro 4 y Euro 5. Si nos fijamos en la fecha de matriculación, son los turismos y furgonetas ligeras de gasolina posteriores al 2000 y los turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas desde enero de 2006, además de los vehículos de 8 plazas y transporte de mercancías diésel y gasolina matriculados a partir de 2005.

Por su parte, la categoría C incluye a los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006, los turismos y furgonetas diésel matriculados después de enero de 2014 y los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías matriculados desde 2014, diésel o gasolina. Esta diferencia de fechas entre diésel y gasolina se debe a que los vehículos diésel deben cumplir con la norma Euro 6, más restrictiva con las emisiones, y los de gasolina las normas Euro 4, Euro 5 y Euro 6.

TORRELAVEGA Y SANTANDER

En el caso de Torrelavega, la ciudad tendrá señalizada a partir del 1 de enero del próximo año su Zona de Bajas Emisiones, es decir, una zona en la que los vehículos que más contaminan no tienen acceso. “Cumpliremos la Ley a rajatabla”, ha asegurado Jesús Sánchez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de la capital del Besaya. Aunque Torrelavega tenga esta zona a principios de 2023, las restricciones no entrarán en vigor hasta finales de 2024 o principios de 2025.

Respecto a esto Sánchez ha reconocido que se van a ver afectados por la medida muy pocos vehículos, “tres de cada cuatro podrán acceder a la zona”. También ha destacado que a los residentes, personas dependientes y transporte se les permitirá el acceso a esa zona.

Para circular por esa zona de bajas emisiones es necesario disponer de la correspondiente etiqueta ambiental y, en el caso del parque móvil de Torrelavega, un 25% de los vehículos no cumple los requisitos para optar a las mismas. Esto significa que 8.200 vehículos tendrían problemas para entrar a esa zona de bajas emisiones, aunque el concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, asegura que "existen fórmulas para hacerlo".

Santander todavía no se ha pronunciado sobre su Zona de Bajas Emisiones, algo que la oposición ha criticado esta misma semana. Así, el portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha exigido a la alcaldesa del Ayuntamiento de la capital que trabaje en una “primera propuesta” de Zona de Bajas Emisiones para la ciudad como están desarrollando acorde con la obligatoriedad “la gran mayoría de capitales de nuestro entorno de más de 50.000 habitantes”.

A su vez el pasado cuatro de octubre, Javier Ceruti, miembro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento santanderino manifestaba también el “hermetismo habitual” de la Concejalía de Movilidad Sostenible, dirigido por el ‘popular’ César Díaz, no tiene información directa más allá de la última comisión del área en la que, como Ceruti ha entendido,  “es probable que no entre en vigor” en el plazo ordenado por el Ministerio.

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