El juzgado de primera instancia e instrucción nº 10 de Santander mantuvo la fecha del desahucio de Mayra y María Elena para el viernes 26 de julio a las 10:00 horas a pesar de que la plataforma y la familia habían presentado escrito solicitando un nuevo aplazamiento. Sin embargo, ese hecho no será un problema porque la familia ha conseguido un piso de alquiler social gracias a la intervención de la oficina de emergencia habitacional del gobierno de Cantabria, y, por tanto, entregarán las llaves voluntariamente en el juzgado.
La familia ha conseguido un piso de alquiler social gracias a la intervención de la oficina de emergencia habitacional del gobierno de Cantabria
La incertidumbre y el estrés han cesado para Mayra y María Elena tras conseguir la obtención del piso de alquiler. Hoy, miércoles, llegaban a un acuerdo en las oficinas de Gesvican y firmaban el contrato de alquiler del piso, ubicado en la zona oriental de nuestra comunidad autónoma. Según Ruth Deguas, coportavoz de la plataforma Stop-Desahucios, “la familia, lógicamente, quería seguir residiendo en Santander, pero actualmente no hay inmuebles de titularidad o gestión pública ubicados en la capital de Cantabria, lo cual es un problema grave que habrá que solucionar ya que después del verano se va a producir una nueva avalancha de desahucios para los que deben existir recursos habitacionales”.
Mayra ha sufrido violencia de género recientemente y, como consecuencia, sufre diversos problemas psicológicos, como ansiedad y trastorno por estrés postraumático. Por ello y con objeto de preservar la seguridad de la familia, la plataforma se reserva la información sobre la ubicación del piso.
Con objeto de preservar la seguridad de la familia, la plataforma se reserva la información sobre la ubicación del piso
En el mismo día de hoy, firmaban también un contrato de alquiler social, otra familia de la plataforma Stop-Desahucios. Juan Carlos y Encarnación estuvieron a punto de ser desahuciados en la calle Laredo el pasado 27 de junio, pero el lanzamiento se paró in situ por el acuerdo al que llegaron la familia, la plataforma y los propietarios de la vivienda. En breve también abandonarán su actual residencia.
