El Tribunal Supremo ha rechazado realizar una aclaración de la sentencia en el que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander que le había solicitado el Gobierno de Cantabria porque "nada", a su juicio, "procede aclarar".
Así lo ha determinado el Supremo en un auto de 5 de diciembre, en el que acuerda "no acceder a la aclaración" de la sentencia dictada el pasado 8 de noviembre por su Sala de lo Contencioso-Administrativo.
"Procede acordar no haber lugar a aclarar ni rectificar la misma, según se ha solicitado por la parte recurrida, por cuanto la Sala ha procedido a la anulación del acuerdo aprobatorio de PGOU de Santander y de mismo PGOU de Santander. Nada, por tanto, procede aclarar por la Sala", señala literalmente este auto, que este miércoles por la mañana la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, que dirige además la consejería con competencias en urbanismo, ha asegurado que no había recibido.
El Ejecutivo regional (PRC-PSOE) solicitó la aclaración del tercer apartado del fallo y pedía, según recuerda el auto del Supremo, que la Sala determinara si la anulación del PGOU "debe ceñirse a los suelos urbanizable y urbanos no consolidados y si el resto del PGOU no afectado puede entenderse que sigue vigente". También el bipartito quería saber si el fallo suponía una retroacción de actuaciones.
El Gobierno pedía que se determinara si la anulación del PGOU "debe ceñirse a los suelos urbanizable y urbanos no consolidados y si el resto del PGOU no afectado puede entenderse que sigue vigente"
Literalmente, en el apartado sobre el que pedía aclaración el Gobierno es en el que el Supremo dictaba la estimación del recurso contencioso administrativo de ARCA contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) por el que se llevó a cabo la aplicación definitiva del PGOU de Santander, que se anula. En el auto del Supremo se señala "no haber lugar a aclarar ni rectificar la misma".
El Alto Tribunal insiste en que la Sala ha procedido a la anulación del acuerdo aprobatorio del PGOU de Santander y del mismo planeamiento urbanístico. "Nada por tanto, procede aclarar por la Sala", zanja el Supremo.
En la sentencia del 8 de noviembre el Supremo procedía a anular el PGOU por la insuficiencia de recursos hídricos de la capital cántabra al haberse anulado previamente el Bitrasvase del Ebro.
Seguridad jurídica
Al margen de esta aclaración, Díaz Tezanos ha afirmado que su departamento "sigue apostando por la seguridad jurídica" y por abordar la cuestión sobre la nulidad del PGOU de Santander u otros temas relacionados con planeamientos urbanísticos de otros municipios dentro de la nueva Ley del Suelo que, según ha dicho, llegará al Parlamento regional "a principios de año".
La socialista ha vuelto a defender que su departamento "no es partidario de legislar a la carta" o "a golpe de problema" en materia urbanística, como, a su juicio, se ha hecho "en exceso" en Cantabria en los últimos años y que "en lugar de resolver" los problemas los ha "empeorado".
A su juicio, esta manera de actuar, con 15 modificaciones de la ley del suelo a través de la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales -que es lo que pide el Ayuntamiento de Santander y a lo que en principio no se opone el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla-, ha hecho que el urbanismo de Cantabria esté, "desgraciadamente", "patas arriba". "No podemos seguir empeorando la situación", ha defendido.
Mesa de trabajo
Por su parte, el Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander llevará al próximo Pleno una moción para que, en el plazo máximo de quince días, se celebre una mesa de trabajo para analizar los efectos de la anulación delPGOU.
EL PRC reclama que esa mesa esté integrada por representantes del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y de los servicios de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, así como por el equipo de Gobierno, los concejales de la oposición y cuantos organismos se estime oportuno para su desarrollo.
La moción, suscrita por el concejal Raúl Huerta y registrada este miércoles, pide también que se habilite una 'Oficina de Atención', de carácter temporal, destinada a informar in situ a vecinos y empresas afectadas por la anulación del PGOU y dotarla de un número de teléfono o extensión propia para la atención telefónica, así como de los recursos humanos y materiales para conseguir sus objetivos. Quieren, además, que se publiciten convenientemente ambas medidas para su conocimiento por parte de los afectados.
Según ha explicado Huerta, su formación se ha visto "obligada" a presentar esta propuesta después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "ni siquiera diese respuesta" al escrito que el Grupo Regionalista registró el pasado 21 de noviembre, seis días después de hacerse oficial el fallo del Supremo, solicitando la creación de una mesa de trabajo para conocer "de primera mano" sus efectos.
Así, ha considerado que la "magnitud del reto que enfrenta Santander es evidente a ojos de todo el mundo", por lo que el equipo de Gobierno "no puede sumar a la inseguridad jurídica" derivada de la nulidad del Plan "una actuación opaca".
"Los regionalistas exigimos transparencia, responsabilidad y lealtad institucional, que se facilite toda la información disponible sobre los efectos de la anulación tanto a los ciudadanos como a sus legítimos representantes en el Ayuntamiento de Santander", ha enfatizado Huerta.
