viernes. 08.12.2023

El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, ha mostrado su "preocupación" por la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a un productor de la región a que deje de vender sidra natural con la botella empleada en Asturias.

El también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación acata el fallo del TS -"no podemos más que aceptarlo"- y se ha comprometido a volver a contactar con los afectados -de la empresa Somarroza, con quienes ya estuvo el pasado sábado en la Feria de la Sidra de Escalante- y con el resto de elaboradores de la comunidad autónoma y la Cofradía de la Sidra.

El objetivo es adoptar entre todos medidas con las que impulsar este sector, que "tanta importancia" tiene en la zona norte de España. "Al igual que ocurre con Asturias y con el País Vasco, Cantabria tiene mucha fortaleza en la producción de manzanas y en la transformación en la sidra, porque además es algo que va en el AND de la cultura que llevamos. Es una producción complementaria y sinérgica", ha defendido.

El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para presentar la V Feria del Queso de Cantabria.

SENTENCIA DEL SUPREMO

El alto tribunal ha condenado a Somarroza por utilizar el modelo de botella denominado 'molde de hierro', que es igual al que se usa en el Principado, al entender que ha infringido la marca nacional titularidad de la Asociación de la Sidra Asturiana, e insta al productor cántabro a cesar en esta actividad y a retirar del mercado el producto comercializado en dicho envase.

La sentencia, que revoca dos fallos previos -de la Audiencia Provincial de Cantabria y del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander- estima los recursos de casación y apelación interpuestos por la demandante, ASSA, constituida en 1997 y que aúna a productores de sidra en la comunidad vecina.

También condena a Somarroza a indemnizar a la entidad asturiana con el 1% de la cifra de negocio alcanzada con el producto infractor durante los cinco años anteriores al procedimiento judicial, a reintegrarla los gastos de investigación, cifrados en 205 euros, y a publicar una reseña de la sentencia en un diario nacional, en su página web y en sus perfiles de Facebook y de Twitter.

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