El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha sacado adelante, en el Pleno de la Corporación celebrado este martes, el expediente de contratación para la adquisición de la auto-escala de Bomberos, con el voto favorable de CastroVerde y Partido Popular. Los grupos de la oposición PSOE y PRC se han abstenido, mientras que el concejal del grupo Más Castro no acudió a la sesión, ha informado el equipo de Gobierno en un comunicado.
Este asunto ha llegado al Pleno municipal como segundo intento de obtener una oferta para el arrendamiento financiero del vehículo, ya que el primer proceso lanzado quedó desierto a pesar de haber mostrado interés una entidad financiera. Previamente a este trabajo de contratación hubo que conseguir una modificación presupuestaria para hacer frente a la inversión, culminada ya en el año 2017. En esta ocasión se llevó el punto a una comisión informativa para explicar que iría directamente a pleno como proposición de Alcaldía, al no contar aún con el informe favorable del interventor municipal aunque los pliegos y detalles de la contratación eran conocidos por los grupos de la oposición. Este documento del interventor ha sido incorporado finalmente al expediente y es positivo, aunque generó inquietud en los partidos políticos el hecho de que, en él, el funcionario recomienda subir el IBI un 1,32% en enero de 2019 para compensar el aumento de gastos que supone la auto-escala.
CastroVerde ha precisado que se trata solo de una propuesta del interventor que no comparte el equipo de Gobierno, ya que el encaje presupuestario de las cuotas de la auto-escala se puede acometer de otras maneras que no sean aumentar la carga impositiva a los ciudadanos, por ejemplo reduciendo otros gastos y ajustando el presupuesto, ha indicado.
El expediente aprobado en Pleno prevé varias modificaciones del arrendamiento financiero, adaptando los pliegos a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, reduciendo el plazo de amortización de 6 a 5 años por exigencia legal, actualizando el modelo y precio del vehículo y eliminando la obligación de presentar garantía a los ofertantes.
