jueves 5/8/21
LABORAL

Los constructores proponen al Gobierno suprimir la cédula de habitabilidad para evitar cargas administrativas

Los constructores proponen al Gobierno suprimir la cédula de habitabilidad para evitar cargas administrativas
Los constructores proponen al Gobierno suprimir la cédula de habitabilidad para evitar cargas administrativas

La Asociación de Constructores Promotores de Cantabria (ACP) ha propuesto al Gobierno regional suprimir la cédula de habitabilidad en la comunidad autónoma para evitar cargas administrativas "innecesarias".

Así se lo ha planteado la ACP a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ejecutivo con motivo de la consulta pública previa a la redacción del decreto que regulará las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la región.

El colectivo señala en un comunicado que considera oportuno proceder a la suspensión de la cédula de habitabilidad porque "existe normativa suficiente" en el ámbito urbanístico y sanitario en relación a la edificación y vivienda. Además, explica que la verificación del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad está integrada en los controles municipales inherentes a la concesión de las licencias de obra y de primera ocupación.

La asociación también está a favor de eliminar la duplicidad de competencias que a su juicio existe en distintas administraciones públicas en el control de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, estableciendo "con claridad" el marco jurídico aplicable en Cantabria.

En este sentido, recuerda que el Código Técnico de la Edificación es, desde su entrada en vigor mediante un Real Decreto dictado en marzo de 2006, el marco normativo que regula las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

La patronal de la construcción también aboga por equiparar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de protección pública (VPO) a las del mercado libre en el nuevo decreto.

Finalmente, la ACP cree que la norma proyectada por el Gobierno regional debe apostar por la flexibilización de las exigencias técnicas, la eliminación de duplicidades entre administraciones y la simplificación de los trámites, "todo ello sin merma de las garantías básicas de calidad de las viviendas".

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