martes 3/8/21
CORONAVIRUS

La Junta de Personal denuncia que solo 561 docentes han recibido la pauta de vacunación completa

Una mujer recibe la vacuna de AstraZeneca, durante el inicio de la campaña de vacunación masiva frente al Covid-19, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander
Una mujer recibe la vacuna de AstraZeneca, durante el inicio de la campaña de vacunación masiva frente al Covid-19, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander

La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos de STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, ha denunciado que solo 561 profesores han recibido, a fecha 17 de junio, la pauta de vacunación completa contra el Covid, de unos 8.000 que forman parte de la educación pública. Así, ha advertido que "la mayoría del profesorado terminará el curso sin estar inmunizado al no tener completada su pauta de vacunación".

"Este tercer trimestre del curso ha estado marcado por un proceso de vacunación caótico con un resultado nefasto"

"Este tercer trimestre del curso ha estado marcado por un proceso de vacunación caótico con un resultado nefasto", ha trasladado este jueves en rueda de prensa la delegada de STEC y presidenta de la Junta, Belén González, que ha hecho una valoración "muy crítica" del tramo final del curso escolar 2020/2021, marcado por la pandemia.

La Junta ha puesto en valor el trabajo realizado por el profesorado que, según ha señalado, ha sido capaz de mantener unos entornos educativos seguros, ha garantizado la presencialidad de las clases y ha mantenido la calidad del sistema educativo. En este sentido, ha criticado que el sector no ha recibido el "reconocimiento que merece" ni del Gobierno regional ni de la Consejería de Educación.

González se ha referido a la "protección" que se les tenía que haber dado al tratarse de un colectivo esencial y que, por el contrario, les ha "penalizado", señalando que si hubiesen seguido el ritmo de vacunación por rango de edad "ya habrían recibido las dosis de su vacuna". De esta forma, ha censurado la "actitud" de las consejerías de Sanidad y de Educación, en concreto de esta última, que "no ha hecho nada efectivo por la vacunación de su personal docente".

La Junta también ha denunciado una serie de decisiones que la Consejería está tomando "sin contar con los representantes del profesorado", como el proyecto de puesta en marcha de aulas de Educación Especial para el curso 2021/22. En este punto, ha reiterado que lleva dos años reclamando una negociación de la normativa "inexistente" que desarrolle el Decreto de Atención a la Diversidad, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) hace dos años y que "carece" de desarrollo reglamentario. Asimismo, ha criticado que se ha convocado un concurso de méritos para dotar de profesorado a plazas de atención educativa domiciliaria, aulas de dinamización intercultural, centros de recursos de la educación especial o el programa de absentismo "sin haber negociado" las condiciones, los baremos o los procedimientos con los representantes.

De igual modo, ha recordado que la Dirección General de Innovación Educativa tampoco consensuó el Programa PROA PLUS, cuyos criterios a la hora de seleccionar los centros todavía "desconocen" a día de hoy.

"RETRASO" EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS CUPOS PARA EL CURSO 2021/2022

Por otro lado, la Junta de Personal ha señalado el "retraso" en la negociación de los cupos del profesorado para el curso escolar 2021/2022, que demanda que se sustancie antes de que termine el actual curso para poder planificarlo.

Finalmente, ha trasladado su "preocupación" por la "deriva peligrosa" en la que, de nuevo, está entrando la Consejería de Educación. "Una dinámica de toma de decisiones sin consultar a nadie, sin negociación con los representantes del conjunto del profesorado, a destiempo y con graves retrasos", ha aseverado.

Por esta razón, la Junta de Personal ha emplazado a la consejera Marina Lombó a que "revierta" esta situación, "recupere" el diálogo e impulse un funcionamiento "más coordinado y homogéneo" de todo el equipo de su departamento para que discutan en las mesas de negociación las decisiones que afectan a la sistema educativo público de la comunidad.

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