La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de tres años de cárcel y multa de 1,86 millones de euros al administrador único de una empresa dedicada a la elaboración y venta de palés, por crear un entramado de empresas para eludir el pago del IVA de la madera que compraba y el abono a Hacienda del IVA devengado por la venta de los palés.
Junto a él, están acusadas otras cinco personas que cooperaron en esta actividad, que fueron colocadas por el principal procesado al frente de otras tantas empresas -que carecían de actividad real y de infraestructura material o personal- cuya finalidad era simular distintas operaciones. Se enfrentan a tres años de prisión y multa de 1,2 millones.
El juicio contra todos ellos se celebrará a partir de este martes, 21 de junio, a las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y está previsto que se desarrolle hasta el jueves 23, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
Según el ministerio público, el cabecilla compraba a proveedores madera sin soportar el IVA, y, con el fin de evitar ingresar a Hacienda por este impuesto devengado con la posterior venta a terceros de los palés, utilizaba una estructura de empresas al frente de las cuales situó a familiares y personas de su confianza, pese a ser él quien tenía el control de las mismas.
Unas empresas creaban la apariencia de ser las que vendían los palés a terceros, ocultando al vendedor real, que era la empresa del acusado; y otras simulaban operaciones de suministros y compra de maderas, lo que les permitía aparentar cuotas de IVA soportado, y poder así reducir las cuotas devengadas.
Toda la actividad era controlada, según la Fiscalía, por el principal acusado, quien disponía de las cuentas bancarias de todas ellas, "retirando, a través de cheques al portador, las sumas que acaban en las cuentas de las referidas mercantiles, y que eran cobrados personalmente por él o alguien de su máxima confianza". Como resultado de la actividad de esta estructura empresarial, la mercantil del acusado eludió el pago del IVA correspondiente al ejercicio 2016 por 351.538 euros, y el de 2017 por 340.946 euros.
DELITOS Y PENAS DE LA FISCALÍA
La Fiscalía considera los hechos un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con dos de fraude a la hacienda pública; que imputa como autores al principal acusado y a la empresa de la que era el administrador único. A los cinco acusados restantes, les atribuye los mismos delitos en su calidad de cooperadores necesarios.
La pena que solicita para el jefe de la trama asciende a tres años y medio de prisión y multa de 1,86 millones de euros, con arresto de cuarenta días en caso de impago. También pide la pérdida de que pueda obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.
Para su empresa, la pena reclamada es una multa del mismo importe: 1,86 millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos durante cinco años. Y también, que no pueda contratar durante el mismo periodo con las administraciones públicas.
Para el resto de los acusados, cooperadores necesarios para la comisión del delito, la Fiscalía interesa tres años de prisión y multa de 1,2 millones de euros, con arresto de treinta días en caso de impago. Y que se les retire la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos.
Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicita que todos los acusados indemnicen solidariamente a la Agencia Tributaria en 621.589 euros.
ACUSACIÓN PARTICULAR
Por su parte, la acusación particular que ejerce la Agencia Tributaria, solicita para el principal acusado, por cada delito fiscal, seis años de prisión y una multa de 3,7 millones de euros (el séxtuplo de lo defraudado). También pide que sea privado de subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos durante ocho años, así como su inhabilitación para ejercer como administrador societario.
Para la empresa, igualmente autora del delito, la Agencia Tributaria pide una multa de 2,5 millones de euros (el cuádruple de la cuota defraudada). Para otro dos acusados, cooperadores necesarios, solicita, por cada uno de los dos delitos fiscales, cuatro años de prisión y una multa de 2,5 millones de euros. Nuevamente, pide la privación del derecho a obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos públicos, durante seis años, y que se les inhabilite para administrar sociedades. Y para los tres restantes, por cada delito fiscal dos años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros, así como la privación de subvenciones, ayudas, beneficios, incentivos públicos y la inhabilitación para administrar empresas.
En concepto de responsabilidad civil, la Agencia Tributaria solicita que sean condenados todos ellos al pago conjuntamente de una indemnización de 621.589 euros.
DEFENSA
La defensa de la mayoría de los acusados alega, por su parte, nulidad del procedimiento por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y nulidad por vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Solicitan, todas las defensas, la libre absolución de sus clientes.
