El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, garantiza que el Gobierno regional (PRC-PSOE) "acatará" las tesis de los jueces sobre la ejecución de los derribos en la comunidad autónoma pese a no compartirlas.
"Nosotros tenemos nuestra teoría y los jueces tienen la suya y en todo caso ellos son los que mandan", ha dicho Revilla al ser cuestionado este miércoles acerca de un reciente auto judicial que desestima la suspensión de la ejecución de casi una veintena de derribos en la urbanización Las Llamas I de Argoños.
Este auto responde a un incidente de ejecución que planteaba el Gobierno en el que pretendía hacer valer el nuevo apartado 3 del artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para suspender la ejecución de las demoliciones que establece que antes de la demolición, debe resolverse sobre las garantías a prestar por la Administración ejecutada de las posibles indemnizaciones a terceros de buena fe".
Tras el auto, Revilla ha insistido en el que el Gobierno piensa que los afectados por estas sentencias de demolición son gente "inocente absolutamente" y "no puede ser los paganos" de los "errores de la Administración".
Los afectados por estas sentencias de demolición son gente "inocente absolutamente" y "no puede ser los paganos" de los "errores de la Administración"
"Los jueces tienen una tesis que es la que nos obliga a todos a acatar, como siempre hemos hecho en el Gobierno, a acatarla".
Según explica en el propio auto desestimatorio el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santander, el Gobierno entendía que para resolver sobre esto, además se tendría que resolver primero en vía administrativa sobre las indemnizaciones, lo cual -dice el titular del juzgado- "detendría nuevamente cualquier pretensión de demoler" y, con ello, de cumplir con las sentencias que pesan sobre estas viviendas.
Sin embargo, en su auto, se desestima la petición de suspensión de los derribos y señala que la cuestión del establecimiento de las garantías para indemnizar a los afectados por estos derribos que se prevé en el nuevo apartado 3 del artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa "no podrá usarse en fraude de ley o procesal para impedir la efectividad de un derecho fundamental" como es la tutela judicial efectiva, que, según dice, comprende el derecho a obtener la ejecución de lo resuelto en resolución firme".
Avisa que lo contrario haría surgir la duda de "inconstitucionalidad" del precepto 108.3.
El juez entiende que "nada impide ir resolviendo" el tema de las garantías, en una pieza separada al proceso de demolición, sin tener que suspender el procedimiento de ejecución del derribo.
Sí señala, aludiendo a lo que señala el artículo 108.3, que "no podrá consumarse materialmente la demolición hasta que que se haya constituido la garantía, voluntariamente o de forma forzosa, conciliando así todos los intereses".
Contra este auto del juez, dictado el 18 de abril, con el que contesta al Gobierno, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la notificación del mismo a las partes.
Valoración de afectados
La sentencia ha sido valorada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a los afectados por los derribos de Cantabria, y que considera que el auto es "un avance" y un "intento de conciliar derechos".
AMA llama la atención de que en el PGOU de Argoños aprobado inicialmente las viviendas de Las Llamas I sobre las que se refiere el auto aparecen como "regularizables"
Así, ha valorado "positivamente" el reconocimiento en este auto del tercero de buen fe y el hecho de que se pidan a la Administración recursos para afrontar sus responsabilidad.
Sin embargo, reconoce que le hubiera parecido "más adecuado" que quedara más "claro" que no se pueden derribar esas viviendas sin la previa indemnización.
A pesar de valorar positivamente el auto, AMA llama la atención de que, por una parte, en el PGOU de Argoños aprobado inicialmente las viviendas de Las Llamas I sobre las que se refiere el auto aparecen como "regularizables".
Y señala que los afectados viven "en una esquizofrenia" ya que, por una parte, está el PGOU que les dice que sus viviendas son regularizables y por otra este auto se niega a suspender el derribo.
