Una carta en el buzón, una cifra “desorbitada” y ninguna explicación. Así se escribió el “engaño” de las Viviendas de Protección Oficial del Primero de Mayo, como lo califican los 140 vecinos afectados. Y así comenzó su particular calvario tras descubrir, cuando se cumplen ya diez años de la entrada a las viviendas y puede hacerse efectivo su derecho a compra, que la promotora les pide el doble del precio máximo fijado para las VPOs. Todos ellos viven en un régimen de alquiler, que ha rondado los 500 euros al mes, con opción a compra trascurridos diez años con un descuento del 33,3% de las cuotas. Ahora, pasado ese periodo, las condiciones económicas han cambiado. “Han jugado con nuestras ilusiones. Nos sentimos engañados”, lamentan los afectados al tiempo que esperan una respuesta por parte de la Dirección General de Vivienda, que autorizó esta valoración económica, y que parece no llegar. Mientras tanto, se enfrentan a una moneda con doble cruz: O compran con los nuevos precios -“inasumibles” para todos ellos- o entran en un nuevo contrato sin tenerse en cuenta la década de alquiler abonada previamente.
“Somos gente trabajadora, que ha formado una familia, y ahora te sientes desprotegido, decepcionado y estafado”, lamenta Manuel, uno de los afectados al que le piden 180.000 euros por su piso de 50 metros cuadrados. “En 2011 el piso estaba tasado en 90.000 euros, a día de hoy el precio sería de 97.000, y lo que me piden ahora por el piso son 180.000 euros. Están pidiendo más dinero que para una vivienda libre de nueva construcción en esta zona”, detalla Manuel, que reconoce no entender nada de la situación en la que se han visto envueltos.
Una realidad similar es la que se ha encontrado Iván, con una casa de 60 metros cuadrados por la que le piden 228.000 euros. “Los edificios que tenemos aquí al lado son VPOs y tienen de precio por metro cuadrado 1.395 euros, a nosotros nos piden el doble”, se queja. “La única opción que nos dan es que podemos seguir aquí de alquiler, hacer un nuevo contrato y perder todo ese dinero que hemos acumulado estos años. Si me hubieran dicho que no tenían intención de vender hace 10 años, me hubiera buscado la vida, hubiera comprado en otro sitio”, afirma. La condición a la que se agarra la promotora es una cláusula “abusiva” que reza en el contrato, y que los vecinos están luchando por anular porque es “completamente inmoral”, sentencian.
“Ninguna de las 144 viviendas estamos dispuestas a pagar el metro cuadrado más caro de lo que marca el metro cuadrado de VPO"
“Nos están coaccionando para quedarnos de alquiler o comprar ya. Lo que pretenden es que la gente siga de alquiler y la promotora siga ganando cuando ellos han cobrado los beneficios del Gobierno de Cantabria”, denuncia Ana, otra de las afectadas. “Ninguna de las 144 viviendas estamos dispuestas a pagar el metro cuadrado más caro de lo que marca el metro cuadrado de VPO, que anda por 1.300 euros. A nosotros nos piden 3.000”, señala. Ana acudió el pasado lunes a la reunión con Eugenia Gómez de Diego (PSOE), Directora General de Vivienda del Gobierno de Cantabria y salió de ella sin solución a la vista. “Nos sentimos ahora mismo coaccionados por la promotora, no tenemos nada de ayuda de Vivienda, nos dijeron que iban a hablar con la promotora pero lo que tienen que hacer es exigirles que nos cobre el precio que está marcado el metro cuadrado de VPO. Vivienda está entrado en un fraude, en una estafa al pueblo”, sostiene.
"Esto es injusto aparte de inmoral”
Ahora se aferran a la esperanza de que gane la verdad y no la “inmoralidad”. “Creo en la justicia y esto es injusto aparte de inmoral”, confía Iván. Para Manuel, “lo bueno es que todos los vecinos estamos unidos porque la verdad es la verdad, solo tiene un camino. Son viviendas VPO, nosotros hemos entrado aquí cumpliendo unos requisitos. Y también tenemos nuestros derechos como hemos tenido nuestros deberes”. Sin embargo, la sensación que tienen es que Vivienda les está “dando largas”.
Hace dos semanas este centenar de familias veían cómo se resquebrajaba su futuro con el ya calificado como “escándalo” de las VPO del Primero de Mayo, una promoción que, como apuntó Cantabristas –partido que denunció la situación- recibió 13 millones de euros de ayudas públicas por parte de la Consejería de Vivienda en 2010, dirigida entonces por José María Mazón (PRC). Para recomponerlo necesitan ahora una respuesta rápida y eficaz por parte de la Dirección General de Vivienda, que casi una semana después de la reunión mantenida con los vecinos, siguen sin dar solución.
