El Ayuntamiento de Santander quiere buscar un acuerdo de consenso con los taxistas de la ciudad para modificar el artículo del reglamento que regula el servicio anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, referente a la tasa que cobra el Consistorio por el traspaso de licencias, del 10% del importe de estas operaciones.
Además, representantes de la Federación Cántabra del Taxi se reunirán el próximo 11 de octubre con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno regional, Roberto Media, para desbloquear el decreto de regulación del sector en la comunidad autónoma, según han informado fuentes del colectivo a Europa Press.
Los taxistas se entrevistarán primero con el titular de la Consejería y, después de esa fecha, tendrá lugar el encuentro con el concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda de la capital cántabra, César Díaz.
El objetivo de la reunión con el portavoz municipal es consensuar un acuerdo para modificar el 13.2 del Reglamento que regula el Servicio de Auto-Taxi en Santander, anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
El tribunal desestimó en una sentencia difundida esta semana el recurso de apelación del Consistorio contra el fallo previo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la ciudad, que ya declaraba nulo y expulsaba del ordenamiento jurídico el citado artículo, en lo relativo a la cuantía de la prestación que regula, y que la administración entiende como una prestación patrimonial no tributaria y la aplica para compensar el perjuicio que le causa el traspaso entre particulares de las licencias del taxi.
Pero el TSJC ha confirmado en su resolución -contra la que cabe recurso ante el Supremo- el criterio defendido por la Federación Cántabra del Taxi al entender que no puede establecerse como tasa un porcentaje en concepto de derecho de traspaso de las licencias del taxi, ratificando así que procede la devolución de esta cuantía.
"La cuota debe resultar proporcional respecto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida", señalaba la sentencia, que abre la puerta a reclamar todas las autoliquidaciones hechas en los cuatro ejercicios no prescritos.
