La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), ha anunciado la redacción de una nueva Ley de Régimen Local, una "asignatura pendiente", según ha dicho, y varias medidas para reducir la burocracia a empresas y ciudadanos.
También se ha marcado como objetivo reducir en esta legislatura los plazos de los procesos de contratación en la Administración, que actualmente superan el año, y dejarlos de media entre 3 y 6 meses.
Estos son algunos de los aspectos que ha abordado este martes durante su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer las principales líneas de actuación que seguirá su departamento en la nueva legislatura, en la que se ha mostrado dispuesta a "construir" para mantener "lo bueno de la anterior etapa y mejorarlo", así como "erradicar lo malo o lo peor". "No nos va a faltar ni coordinación, ni gestión, ni diálogo y mucho menos trabajo", ha subrayado Urrutia, que ha definido su consejería como la "sala de máquinas" del Gobierno.
Junto a la nueva ley autonómica de régimen local, la consejera ha apostado por medidas de apoyo a las entidades locales como "colaboradores indispensables" para el desarrollo de Cantabria, "sin importar el color político", a diferencia, a su juicio, "de lo vivido hasta ahora en la comunidad".
Así, ha señalado que además del Fondo de Cooperación Local, dotado con 17,7 millones en 2023, se va a estudiar la posibilidad de introducir un fondo de las mismas características para las entidades locales menores.
Además, la Consejería de Presidencia abordará la transformación digital de las entidades locales, a través de un plan específico, y se iniciarán los trabajos para una ley frente al despoblamiento.
En su exposición, ha incidido en que uno de los principales esfuerzos en la nueva legislatura de la Consejería será responder a un "clamor" de la sociedad cántabra y eliminar los trámites innecesarios en los procedimientos administrativos y convertir a la administración electrónica "en una verdadera herramienta de agilidad y reducción de trámites" y "no una pared contra la que luchar".
En este objetivo, ha desgranado más de una docena de materias y ámbitos de actuación en los que se simplificará la burocracia existente en la relación entre empresas-ciudadanía con el Gobierno cántabro, algunas ya plenamente implantadas, como la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa.
En concreto, Urrutia ha detallado que su departamento analiza y revisa ya la normativa de procedimientos que afectan a las autorizaciones de espectáculos públicos, planes de autoprotección, subvenciones y contratación pública y de personal.
Además, ha explicado que se suprimirá la burocracia que dificulte la concurrencia de licitadores, se centralizarán contratos de servicios o suministros, se eliminará la presencia de altos cargos en la mesa de contratación y la posibilidad legal de que exista una mesa de contratación en cada consejería, salvo en Educación.
También ha anunciado que en cada consejería se creará una unidad de transparencia y se ha comprometido a llevar al Parlamento la Ley de Participación Ciudadana, una normativa que quedó pendiente en la pasada legislatura.
MEJORAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
Por otra parte, la consejera de Presidencia y Seguridad también se ha propuesto reforzar la colaboración ante riesgos y amenazas que provocan cada vez catástrofes más complejas que requieren respuestas coordinadas.
Para ello, ha anunciado que se aprobará una nueva regulación del Sistema autonómico de Protección Civil, adaptado "a las nuevas necesidades", con el objetivo de mejorar las acciones operativas conjuntas e incluir planes de actuación ante pandemias y emergencias
sanitarias.
En el ámbito de planificación, también ha avanzado que se actualizará el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), el de incendios forestales (INFOCANT) y el Mapa de Riesgos de la Comunidad Autónoma, que incluirá los últimos estudios sobre riesgos de accidente aéreo y contaminación marítima.
El Gobierno cántabro también procederá en esta legislatura a desarrollar la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Cantabria (SEPEIS) y revisará el modelo actual de comunicaciones utilizado entre los servicios de emergencia autonómicos y que actualmente, según ha dicho, no funciona.
Además, en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), organismo público que gestiona la Sala del 112 y los seis parques de bomberos autonómicos, se elaborará una nueva oferta de empleo público para mejorar su servicio y se impulsará un convenio colectivo para el personal integrado.
También habrá un plan de inversiones para la mejora de medios de los seis parques de bomberos y se potenciará el empleo del helicóptero autonómico con dos nuevas helisuperficies en Polaciones y Tresviso.
La consejera de Seguridad también ha avanzado un plan específico de simulacros de evacuación en los colegios.
En materia de Policía Local, ha avanzado la revisión de la Ley autonómica de Coordinación de Policía Local y la elaboración de un plan de trabajo conjunto que fije las prioridades y necesidades de estos cuerpos de seguridad.
PLAN DE EMPLEO PÚBLICO Y REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD
Y en lo que se refiere a personal, Urrutia se ha comprometido a impulsar un plan de empleo público para adaptar la Administración a las nuevas necesidades, mediante la reorganización de los recursos humanos, un análisis del dimensionamiento de las plantillas y del sistema de provisión y carrera.
Igualmente, ha mostrado su compromiso "firme" para que Cantabria cuente con una nueva Ley de Función Pública; un plan de igualdad que aplique el protocolo frente al acoso; un modelo "real" de carrera profesional para los empleados públicos, y medidas de mejora en los procesos selectivos para un acceso a la función pública adecuado a la realidad actual, "más ágil y eficaz", incluyendo una "profunda" revisión de temarios.
Urrutia ha informado que, antes de que finalice el año, y durante los próximos ejercicios habrá ofertas públicas de empleo con carácter anual, "y con el máximo de la tasa de reposición autorizada" por la ley, y se convocarán regularmente los procesos de selección de personal, incluida la promoción interna.
"Nuestro objetivo es que la temporalidad en el empleo público esté por debajo del 4% al finalizar esta legislatura", ha señalado.
Por último, en materia de acción exterior, ha avanzado que el Gobierno desarrollará un plan de retorno para los cántabros y también que la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ejercerá la representación de la comunidad ante las instituciones europeas para defender los intereses regionales, contando con el apoyo de la Oficina del Gobierno en Bruselas.
