El fiscal del juicio penal a los dueños de Ecomasa World Investment (EWI) ha mantenido la pena de cuatro años y medio de cárcel solicitada para cada uno de los acusados, Andrés de León y Jesús Lavín, al considerar que tras la vista han quedado acreditados los hechos y la comisión de sendos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de la sociedad, debido al "abuso" de ambos, como administradores de la misma, en la adopción de decisiones en contra de ella y de la empresa pública cántabra SODERCAN, que formó parte del consejo de administración.
Además, el representante de la Fiscalía -que ha elevado a definitivas sus conclusiones ratificando así la petición de condena de 8.100 euros de multa y una indemnización conjunta de 3,2 millones- ha tildado de "fraudulenta" alguna de las operaciones enjuiciadas, y ha considerado que los dos procesados igualmente "abusaron" de la "laxitud de control" por parte del ICAF. Al hilo de esto, ha reflexionado que "se podían haber hecho mejor las cosas" por parte de la administración pública.
Así lo ha manifestado el fiscal en la segunda jornada del plenario, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander y que ha quedado visto para sentencia sin que ninguno de los dos implicados haya ejercido el derecho a la última palabra.
En el arranque de la primera sesión Lavín declinó someterse al interrogatorio de las partes en tanto que De León solo contestó a preguntas de la Fiscalía y las defensas. En sus respuestas, y entre otras cosas, aseguró que las tres acciones objeto del pleito no causaron "ningún perjuicio económico" y que tanto la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria como el Instituto Cántabro de Finanzas estaban al tanto de las mismas y hasta conocían detalles.
También ha reafirmado sus escritos provisionales la abogada de SODERCAN y el ICAF -que interesa las mismas condenas que el fiscal-, en tanto que la otra acusación particular, ejercida por el comité de empresa de Ecomasa (antigua Nestor Martin) las ha modificado. Esta letrada pedía hasta siete años de cárcel y 10.800 euros de multa al entender que había continuidad delictiva en los dos tipos, pero tras la vista considera que hubo un único delito de falsedad contable y otro de administración desleal, reclamando así los mismos años de encarcelamiento que pide el ministerio público a los dos acusados.
Sus defensas han vuelto a interesar la libre absolución de sus patrocinados y han aprovechado la recta final del juicio para incluir en sus escritos qué informes y operaciones enjuiciadas eran conocidas, autorizadas y aprobadas -según han aseverado- por SODERCAN y el ICAF. Un conocimiento que han hecho extensivo a los entonces consejeros de Industria y Economía del Gobierno regional, los 'populares' Eduardo Arasti y Cristina Mazas, por su participación en ambas entidades, que dependían de sus respectivos departamentos.
Tras esto, los letrados de la defensa han solicitado que se condene en costas a las acusaciones particulares ejercidas por la sociedad regional y el organismo de finanzas por "temeridad", toda vez que están seguros de que cuando realizaron sus escritos tenían "absoluto conocimiento de que se estaba faltando a la verdad" en el sentido de que sí sabían de las operaciones en cuestión.
