El pasado 7 de junio, los vecinos del barrio de El Pilón recibieron la respuesta al escrito de queja presentado el mes de agosto de 2015 ante El Defensor del Pueblo (DP). El Ayuntamiento ha transmitido a los medios la versión de que el Defensor le da la razón en sus planteamientos sobre la “reforma” del barrio de El Pilón y la más que probable expulsión de sus actuales vecinos. Pero esta versión requiere ser matizada pues, ni se corresponde exactamente con el diagnóstico de la Oficina del DP, ni la respuesta del DP se corresponde, lamentablemente, con los temas planteados por los vecinos en su queja.
La respuesta del DP ha llegado con un retraso de nueve meses del que es responsable en gran medida el Ayuntamiento de Santander que a fecha de 19 de enero aún no había cumplimentado el requerimiento del DP de envío del expediente administrativo, en lo que solo puede calificarse como un ejemplo de obstrucción a la labor de una de las más importantes instituciones del estado, sin que de esta actitud de desacato se deriven responsabilidades ni políticas ni penales.
De los seis folios de los que consta el escrito del D P, más de cuatro son una reproducción literal del “informe” enviado por el Ayuntamiento. Este informe deja en evidencia la incapacidad del Ayuntamiento de Santander para gestionar y sacar adelante unas previsiones de planeamiento que provienen del Plan Comarcal de 1955. El problema es que se pretenden ejecutar esas mismas previsiones con muy pocas variaciones 60 años después, sin tener en cuenta los cambios políticos, sociales y jurídicos habidos desde entonces.
El problema de la contestación del DP es que da por buena la versión de los hechos expuesta por el ayuntamiento sin analizar en ningún momento si el contenido de dicha versión se corresponde con la realidad
El problema de la contestación del DP es que da por buena la versión de los hechos expuesta por el ayuntamiento sin analizar en ningún momento si el contenido de dicha versión se corresponde con la realidad y, lo que es más importante, sin responder realmente a las graves cuestiones planteadas por los vecinos en su queja, relativas a las consecuencias sociales del planeamiento urbanístico que se pretende ejecutar por encima de sus derechos constitucionales.
La respuesta del DP se limita a constatar que la actuación del ayuntamiento respeta formalmente la legislación vigente en cuanto a los procedimientos de tramitación del Plan, pero no analiza la vulneración de derechos que se derivará de esta actuación urbanística formalmente correcta. Y es precisamente esa vulneración de sus derechos lo que los vecinos manifestaron y razonaron detalladamente en su queja.
El informe municipal hace reiteradas menciones a las reuniones mantenidas con los técnicos y vecinos, como forma de justificar que se han atendido sus peticiones y se les ha dado participación. Lo cierto es que los vecinos vieron rechazadas sin respuesta sus alegaciones al Plan General, le han dirigido varias cartas personales y abiertas al alcalde y al concejal de urbanismo, y nunca han recibido respuesta escrita y formal, solo declaraciones en la prensa plagadas de medias verdades y muchas mentiras.
