El sindicato CSIF ha denunciado que el Gobierno de Cantabria ha dejado sin atención médica gratuita a miles de cántabros, y desde el 1 de enero, profesores, funcionarios de Justicia y de la Administración General del Estado, guardias civiles, militares y sus familias que residen en poblaciones de menos de 20.000 habitantes deben abonar la factura de su atención médica cuando acuden al centro de salud.
El sindicato explica en nota de prensa que esto es así porque el Gobierno de Cantabria ha decidido "no renovar" el acuerdo que venía firmando hasta ahora con MUFACE, MUGEJU E ISFAS para garantizar la atención primaria y de urgencia de estos colectivos de empleados públicos adscritos al mutualismo administrativo.
Desde el 1 de enero de 2018, asegura, son los empleados públicos los que deben adelantar el pago de esas cantidades y luego reclamar a su compañía médica el reembolso de la misma en un procedimiento "largo y lleno de incertidumbre".
Para CSIF, es "intolerable" que el Gobierno traslade "al bolsillo" de los empleados públicos afectados un conflicto que parece tener con las mutualidades sobre el importe que recibe por la atención médica. Pero "más grave" es todavía que "los utilice como ariete en la negociación con las citadas mutualidades".
El sindicato denuncia, además, la "falta absoluta de información" por parte del Gobierno, ya que los empleados públicos "se han enterado de la medida cuando han acudido a la consulta médica, se les ha informado sobre el contenido de una instrucción de la Consejería de sanidad y se les haya facturado la consulta".
Por ello, CSIF exige al Gobierno que muestre "más respeto por los empleados públicos en vez de utilizarlos en sus guerras" y que se den las instrucciones oportunas para volver a la situación de años anteriores cuando estos "no eran tratados como ciudadanos de segunda a la hora de acceder a la atención sanitaria".
