miércoles 8/12/21
laboral

Comienzan las movilizaciones en el sector público ante el “colapso” de la gestión de las administraciones

UGT y CCOO se concentran este viernes frente a Delegación del Gobierno para “forzar la máquina” de la recuperación de los derechos perdidos a raíz de la crisis.

CCOO y UGT inician una campaña de movilizaciones en el sector público
CCOO y UGT inician una campaña de movilizaciones en el sector público

UGT y CCOO comenzarán el día 24, la campaña de movilizaciones en el sector público de la región que pretende "forzar la máquina" de la recuperación de los derechos perdidos a raíz de la crisis, una de cuyas consecuencias en Cantabria puede ser el "colapso" de la gestión de las administraciones general y autonómica.

Se trata de una campaña nacional que en Cantabria empezará este viernes 24 de noviembre con una concentración frente a la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas y la entrega de un manifiesto a su titular, Samuel Ruiz, que será el mismo en todas las comunidades autónomas.

Seguirá una concentración en Madrid el 14 de diciembre tras la que, en función de la negociación con el Gobierno que los sindicatos creen que se producirá simultáneamente a estas protestas, se decidirá el futuro de las mismas, desde desconvocarlas a agudizarlas.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Luis Santos Clemente, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Javier Báscones.

Ambos han incidido en que hay servicios "a punto de colapsar" por los problemas de temporalidad y vacantes existentes, sobre todo los relacionados con la Administración General, tanto del Estado como de Cantabria, con consejerías, como Educación, que ya no tienen servicios.

"No hay gente para tramitar las ayudas a las empresas, no hay funcionarios", ha asegurado Báscones, quien ha explicado que "el peso" está recayendo en personal con edad próxima a la jubilación.

Por eso ha subrayado que las mejoras que demandan los sindicatos repercutirán en la calidad de los servicios públicos, por lo que se trata de unas movilizaciones "de justicia" tras una Ley de Sostenibilidad regional "nefasta", que el actual Gobierno PSOE-PRC se comprometió a derogar a principios de legislatura y que siguen demandando UGT y CCOO, así como la recuperación de la negociación colectiva en todo el país.

Báscones ha indicado que, según datos del Registro Central de Personal, desde 2010 hasta este año se han perdido en Cantabria 1.600 empleos públicos, que la EPA del tercer trimestre eleva a 1.700. A ello se suma una temporalidad del 26%, que se acordó con el Gobierno rebajar al 8%.

Por eso ha pedido al Ejecutivo que "no venga con nuevas milongas, ahora con Cataluña" y "salde la deuda" y cumpla el compromiso que adquirió con el sector. Algo que es posible aún con el presupuesto prorrogado.

FORZAR LA MÁQUINA

En este sentido, Clemente ha denunciado que los recortes aplicados por los gobiernos central y regional desde 2010 se "agudizaron" sobre los empleados públicos que ahora soportan "una situación tremenda", con la negociación colectiva frenada por los decretos, lo que ha llevado a CCOO y UGT a "forzar la máquina" para revertir la situación a través de la campaña "de concienciación y movilizaciones".

Con ella pretenden, a corto plazo, "presionar" al gobierno para comenzar "una negociación real" que incluya la mejora de salarios -han perdido más de 13% del poder adquisitivo desde 2010, según los sindicatos- y que se plasme en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, estén o no prorrogados.

También quieren recuperar el derecho a la negociación colectiva "arrebatada vía decreto en 2012", y una mejora en el empleo público, caracterizado actualmente por la "precariedad y temporalidad", que están llevando al "deterioro" de los servicios públicos.

Al respecto, ha subrayado que o se "avanza con agilidad" en la creación de empleo neto o "habrá servicios de colapsen y no dentro de demasiado tiempo". Ha dicho en diez años podrían perderse más de un millón de empleos públicos en el Estado.