El PP se ha quedado este lunes solo en su petición de que la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega entre en la Mesa Especial del Plan Besaya, una petición que ha sido interpretada por algunos de los grupos que no le han apoyado al intento de los 'populares' de querer intervenir y "formar parte" en una "disputa personal" entre integrantes de este órgano y los de la patronal.
Así lo han entendido, al menos, los otros dos grupos que acompañan al PP en la oposición parlamentaria, el mixto-Ciudadanos, que se ha abstenido, y Podemos, que ha votado en contra al no ser aceptada una enmienda de sustitución. PSOE y PRC han dicho 'no' a la iniciativa.
Y es que la formación morada exigía para apoyar la iniciativa de los 'populares' que se eliminase el punto en que se pedía al Gobierno de Cantabria que, a través de sus representantes en la Mesa, exigiese que se incorporase como "miembro de pleno derecho" a la Cámara de Comercio dentro de este órgano.
C's y Podemos han puesto en duda que la iniciativa de los 'populares' busque mejorar la participación social
"La que es miembro de pleno derecho es la CEOE", ha dicho el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, aludiendo a lo establecido en la Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria.
Sí aceptaba la formación morada que se estudiase, por parte de la Mesa, la incorporación de la Cámara de Comercio, lo mismo que la de USO, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Universidad de Cantabria, algo que también planteaban los populares.
C's y Podemos han puesto en duda que la iniciativa de los 'populares' busque mejorar la participación social y le han recordado que tuvo la oportunidad de modificar la ley autonómica de participación social y no lo hizo.
Blanco ha reprochado al PP haber traído al Pleno un "enfrentamiento entre organizaciones empresariales" con la intención de que los grupos tomen parte y ha pedido a los populares que dejen que estas instituciones o los sindicatos resuelvan sus problemas "entre ellos" y dejen que la Cámara regional se preocupe de resolver los de una Cantabria que "cada vez está peor".
"El Parlamento no está para estas cosas", ha dicho también C's, que considera que la pertenencia a la Mesa del Besaya no es condición 'sine qua non' para poder realizar aportaciones. A juicio de C's debe ser la propia Mesa la que decida su composición, si bien tienen el deber de escuchar las propuestas que le planteen toda la sociedad y agentes sociales.
El PSOE ha justificado su negativa a solicitar la inclusión de la Cámara de Comercio en la Mesa al considerar que "abriría un precedente de difícil acotamiento".
Por su parte, el regionalista Francisco Ortiz ha defendido que "no se puede seguir discutiendo en el quién" forma parte de esta Mesa, sino en poner medidas en marcha y en que den resultados.
Tras escuchar a los grupos, el diputado del PP Santiago Recio ha rechazado las observaciones del resto de partidos y ha aclarado que la Mesa Especial del Besaya no se rige por la normativa sobre concertación social. Así, ha insistido en que la del PP era una propuesta "sensata" y "justa" y ha lamentado que no haya sido apoyada por el resto de los grupos. "Visto lo visto no hay nada que hacer", ha aseverado.
Otro rechazo al PP
En el Pleno se ha rechazado también una moción subsiguiente a una interpelación sobre las inversiones por parte del Gobierno regional en obras de competencia municipal mediante contratos menores presentada por el PP.
Los 'populares' no han logrado sacar adelante esta iniciativa, a pesar de que Podemos la ha apoyado a cambio de la aceptación por parte del PP de una enmienda de la formación morada que ampliaba y modificaba la moción del PP, puesto que PRC, PSOE y Ciudadanos han votado en contra.
En la iniciativa, se pedía que se publicara una Orden previa y con carácter anual de convocatoria de las ayudas para llevar a cabo contratos menores de obras y servicios que sean competencia exclusiva de los ayuntamientos o juntas vecinales por parte de cualquier consejería del Gobierno en la que se indiquen "criterios objetivos" que permitan concurrir a la misma.
A juicio de los 'populares', las inversiones del actual Ejecutivo a municipios para obras y servicios a través de contratos menores no se han dado en base a estos criterios "objetivos" sino según el color político de los mismos, algo en lo que se han mostrado en contra regionalistas y socialistas.
En la iniciativa, se señalaba que se podrán excepcionar de estas convocatorias contratos menores relacionados con obras o servicios que sean declarados de emergencia y se justifique previamente que las entidades locales carecen de recursos para abordar la actuación.
A través de la enmienda de Podemos, se incluían dos puntos más en la iniciativa por la que se señala que serán excluidos de estas ayudas los ayuntamientos que tengan "medios propios" para hacer frente al ejercicio de sus competencias y se pide que debe ser el "principio de responsabilidad social inspire la adjudicación de contratos menores" a empresas que "contribuyan al desarrollo local y mejoramiento social, económico y ambiental de forma voluntaria".
Ley de segunda oportunidad
Por otro lado, el PSOE ha sacado adelante, con los votos a favor de Ciudadanos y Regionalistas, una proposición no de ley para que el Ejecutivo inste al Gobierno de la nación a promover una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que permita paralizar ejecuciones hipotecarias o aplicar la dación en pago.
La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha defendido la necesidad de la "urgente" reforma de la Ley que el Ejecutivo popular aprobó hace unos meses, porque ésta no ha funcionado adecuadamente debido su escaso alcance como consecuencia de sus duros requisitos de acceso, y ha destacado la importancia que esta medida tiene para familias y pequeñas empresas.
También los portavoces del PRC, Rosa Valdés, y Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, se han manifestado en esta línea, y han esgrimido razones de "justicia social" para apoyar la reforma propuesta por el PSOE, que coincide, según han dicho, con los propios planteamientos de ambas formaciones.
Sin embargo, el portavoz de Podemos ha justificado el voto en contra de su grupo por la no inclusión en el texto de "las medidas" planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), algunos de cuyos miembros han asistido a la sesión y han desplegado una pancarta que la presidenta de la Cámara, Dolores Gorostiaga, les ha ordenado retirar.
Así, Blanco ha señalado que la proposición del PSOE es "insuficiente" y "es para suavizar" la que se presentó en noviembre de 2015, algo que se debe en su opinión a los pactos que "se están alcanzando con las élites", en alusión al acuerdo nacional PSOE-Ciudadanos para formar Gobierno.
Para Podemos, es insuficiente puesto que recoge la dación en pago, pero "olvida a los ya desahuciados". En este sentido, la formación proponía la condonación de la deuda total y un alquiler social con una duración mínima de 5 años, prorrogables.
Abascal ha señalado que los socialistas no es que no estén de acuerdo con lo que defiende la formación morada, sino que lo que proponen ya se aprobó el pasado mes de noviembre por la Cámara. "Intentamos abrir el debate y matizar", pero "no haciendo demagogia", ha reprochado a Podemos la portavoz socialista.
Por su parte, el Grupo Popular se ha abstenido en la votación, por estar de acuerdo sólo con parte de la proposición y ha criticado que los socialistas "no saben muy bien que han traído hoy aquí", ha dicho su portavoz, Francisco Rodríguez, para quien los problemas "son mucho más graves" de lo que el PSOE plantea. Ha destacado además que la Ley de Segunda Oportunidad la elaboró el PP "con sus defectos y virtudes" y ha beneficiado "a muchísimas personas". "Si alguien ha hecho algo es el PP", ha recalcado.
