Cantabria es la última Comunidad Autónoma en incorporar una Ley de Transparencia propia. Tal vez por eso el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido que el texto que ha presentado este jueves recoge “ideas y soluciones de otros lugares, y creemos que es la ley más avanzada” que va a haber. Una ley que, además de los principios, contiene también una serie de procedimientos sancionadores con cuantías económicas que pueden llegar a los 12.000 euros.
De la Sierra ha hecho hincapié en el régimen sancionador de este proyecto de Ley que cuenta con cuatro títulos y 51 artículos. El consejero ha asegurado que las sanciones económicas era algo “reclamado por la ciudadanía, que está cansada de leyes vacías”. En sus artículos 41 a 51 la nueva legislación contempla infracciones de carácter disciplinario y no disciplinario.
La máxima sanción de las primeras es el “cese de alto cargo por incumplimiento”, tal y como ha explicado el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa. Entre las segundas, las de carácter no disciplinario, existen tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las primeras contemplan sanciones de hasta 600 euros, las segundas de hasta 6.000 euros y las últimas pueden llegar a los 12.000 euros.
“No debería tardar más de dos meses en aprobarse”, ha asegurado De la Sierra
Estas sanciones, sin embargo, no afectarán a los requisitos de información en sede parlamentaria. “El Parlamento está regulado por su reglamento y contempla sanciones políticas”, ha aclarado.
Según ha explicado el consejero, el proyecto de Ley se ha realizado con “medios propios”, sin recurrir a herramientas externas, y ha incorporado la mayoría de las 15 propuestas que han presentado los grupos sociales con los que se ha trabajado en esta ley que, ha destacado, ha contado con un “extraordinario proceso de participación” en el que ha también ha participado Podemos, que retiró su proposición de ley a condición de que el Gobierno desarrollara la normativa.
El procedimiento parlamentario que ahora seguirá la ley debería ser, en palabras del propio consejero, relativamente corto. “No debería tardar más de dos meses en aprobarse”, ha asegurado, reconociendo que la época en la que se presenta al Parlamento, con el parón de la actividad por Navidad y la aprobación de los Presupuestos, es “mala”.
A partir de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la Ley de Transparencia de Cantabria entrará en vigor a los seis meses, tiempo en el que se adaptará la estructura necesaria para su funcionamiento. Como ha señalado De la Sierra, “se va a autofinanciar, no habrá funcionarios nuevos”, aunque sí “habrá que destinar recursos” para que la Ley sea “garantizada por la Administración”.
Consejo de Transparencia
El texto legislativo también contempla la creación del Consejo Cántabro de Transparencia, aunque su desarrollo, como ha matizado De la Sierra, “será con su propio reglamento”. El consejero no ha explicado los plazos de esta iniciativa, reconociendo que “por ahora funcionamos bien con el Consejo Nacional de Transparencia”.
La Ley de Transparencia afectará no solo a las administraciones públicas, sino a los “adjudicatarios de proyectos, partidos políticos, asociaciones privadas y fundaciones que reciban fondos públicos, etc.”. En este sentido, el texto contempla la “devolución de subvenciones” como una sanción accesoria”.
Respecto a la información que obliga a publicar, además de los datos personales y profesionales la Ley contempla las “actividades y los ingresos compatibles” de los cargos públicos que no tengan dedicación exclusiva, así como los bienes y la agenda relacionada con su actividad profesional.
Con todo, De la Sierra ha asegurado que con la Ley “garantizamos los derechos de terceros afectados”. Aunque ha destacado que “toda la información es susceptible de publicarse”, el consejero también ha señalado que solo lo harán con las solicitudes que cuenten con “un mayor número” de apoyos.
Consejo de Gobierno
El proyecto de Ley ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de este jueves. Además del texto, el Ejecutivo cántabro ha aprobado los proyectos que desarrollarán las Escuelas Taller y Casas de Oficios, promovidos por 25 ayuntamientos y mancomunidades de municipios y dirigidos a 540 alumnos, con una ayuda pública superior a los 5,8 millones de euros hasta 2018.
Las especialidades que se impartirán van desde guía por itinerarios ecuestres en el medio natural a atención socio-sanitaria a personas dependientes, pasando por promoción turística local e información al visitante, limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales o dinamización de actividades de tiempo libre, entre otras.
Éste ha sido el acuerdo más destacado de los adoptados este jueves por el Ejecutivo en su reunión semanal, en la que también ha autorizado la prórroga del convenio con la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas y el decreto por el que se disuelve la entidad local menor de Santa Olalla, en Valdeolea, a instancias del Ayuntamiento.
En este punto, el Gobierno ha indicado que el inicio del expediente de disolución fue aprobado por el Pleno de Valdeolea, por mayoría absoluta, el pasado mes de enero, debido a que los cargos de gobierno de la entidad local no pudieron renovarse por falta de candidaturas.
Por otro lado, se autorizó la prórroga del convenio con la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas, con un gasto de 13.000 euros. La consejera de Sanidad, María Luisa Real, informó de la adjudicación de contratos para la adquisición de equipos médicos destinados al Hospital Valdecilla, por un total de 288.343 euros.
