lunes 17/1/22
TRIBUNALES

Dos policías y un guardia civil cántabros denuncian en Estrasburgo "discriminación" en sus pensiones

En todo el Estado, son 300 los que reclaman un cambio en la prestación que perciben tras su incapacitación.
 

Dos policías de Santander y un guardia civil de Torrelavega se han sumado a un recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, por supuesta "discriminación" en sus pensiones, según informa el bufete del abogado Fernando Osuna que lleva la causa.

En concreto, señala que son "más de 300" los agentes y militares que aseguran sentirse "discriminados" en relación a los pensionistas de actos terroristas por las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación que les concedieron debido a una incapacitación tras ser heridos en acto de servicio.

Los demandantes, según precisa, residen en Alicante, Murcia, Asturias, Valencia, Badajoz, Huesca, Cádiz, Valladolid, Cantabria, Tenerife, A Coruña, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba y Zaragoza.

Este colectivo, que reclama cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones", acude a Estrasburgo tras varios años en los órganos judiciales españoles "con respuesta negativa" a sus demandas.

En concreto, el bufete precisa que acaban de terminar la vía de los Tribunales de Justicia, concretamente la del contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, donde presentaron una demanda colectiva.

Base del recurso

Entre otros argumentos, alegan que "son servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo" y que "por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas".

Reclaman cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones" y han acudido a Estrasburgo tras varios años de recursos en los tribunales españoles

También sostienen que "no es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares".

"Con la única salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas, existiendo entre sus agraviados, muchas otras víctimas, que sin ser tras atentado terrorista, presentan iguales o mayores daños o secuelas", añade.

Más de 300 policías

Su denuncia se suma a la de más de 300 policías, guardias civiles y militares heridos en acto de servicio, algunos de ellos residente en Cantabria, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, por supuesta "discriminación" en sus pensiones en comparación con sus compañeros víctimas de atentados terroristas, según informa el bufete del abogado Fernando Osuna que lleva la causa.

Los agentes y militares entienden que se han vulnerado sus derechos debido a la limitación del tope de sus pensiones extraordinarias de retiro o jubilación. Todos ellos padecen una incapacitación acaecida durante el desempeño de sus funciones.

"No es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad que los últimos fueron víctimas de atentados terroristas", dice el despacho en una nota.

Los demandantes proceden de distintos puntos de España como Alicante, Murcia, Asturias, Valencia, Badajoz,, Huesca, Cádiz, Valladolid, Cantabria, Tenerife, A Coruña, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba y Zaragoza.

Reclaman cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones" y han acudido a Estrasburgo tras varios años de recursos en los tribunales españoles que han dado una "respuesta negativa" a sus demandas.

Límite desde 1984

Sus pensiones se limitaron a un máximo de 187.950 pesetas (1.129 euros) mensuales desde los Presupuestos Generales de 1984 que impusieron ese tope. Los demandantes consideran que "no había justificación para dicho límite" y recuerdan que se trató de una medida provisional que, no obstante, se ha ido manteniendo.

A partir de ese momento, las Leyes de Presupuestos Generales establecen anualmente un límite máximo de percepción y únicamente están excluídas las pensiones derivadas de actos de terrorismo.

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