La Dirección General de Memoria Democrática de España tiene como objetivo llevar a cabo un "máximo" de 600 proyectos de exhumaciones en cuatro años, según recoge el Plan Estatal de Exhumaciones, aprobado por unanimidad de las comunidades y ciudades autónomas el pasado abril. Con el plan se pretende "poder atajar este problema, que es el esencial que tiene que abordar la democracia española para estar en los estándares máximos de calidad y plenitud". Así lo ha dicho hoy el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, quien ha destacado que el sistema español se basa en la cooperación institucional, que su departamento trata de fomentar y de la que se siente "muy satisfecho" tras el respaldo unánime de las comunidades al plan.
El plan contempla una dotación de tres millones de euros anuales, con unos criterios de reparto entre las comunidades y ciudades autónomas -ya se ha llegado a acuerdos con 16-, de los que Cantabria recibirá casi 65.000. En este sentido, y en relación con los 600 proyectos, Blázquez ha destacado que puede que no todos se completen en ese periodo pero "lo importante es la voluntad de sacarlos adelante", pues en algunos casos son complejos. Así, por ejemplo, un proyecto "tan grande" que se realizará fuera del Plan de Exhumaciones afecta a una fosa en Córdoba que podría albergar unos 4.000 cuerpos. Tiene un plazo de cuatro años por el gran trabajo técnico que supone, y es fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, y el Ministerio de Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Una colaboración, extensible a todas las comunidades autónomas y a los municipios, que ha destacado Blázquez en Santander, donde ha participado en el seminario 'La memoria democrática: reconstrucción del pasado en el momento presente' organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En una rueda de prensa que ha ofrecido junto con la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, Zoraida Hijosa, Blázquez ha recordado que también, desde el año pasado, existe un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar proyectos de exhumaciones y recuperación de memoria democrática en los municipios. En 2020 se realizaron 92 proyectos y este año continuará el plan. "Este país tiene experiencia en promover acuerdos" y dentro del pluralismo político "tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en políticas públicas que vayan a lo esencial", ha defendido.
Además, ha afirmado que la memoria democrática es una cuestión sobre la que cada vez hay "mayor sensibilidad", aunque también existen "debates muy profundos", por lo que hay que abordarlo, como han hecho otros países con pasados "complejos", con "objetividad, claridad, honestidad y sin esconder" porque "no se trata de reabrir heridas sino de cerrarlas de verdad". En su opinión, debates como el de UIMP deben servir para "aumentar la calidad de nuestra democracia". "La Transición y la construcción de la democracia española es ejemplar por la capacidad que hubo de diálogo y de consenso, y ahora, para seguir estando en esos niveles de calidad tenemos que ir aumentando y comprometiéndonos más con esos objetivos que son los valores superiores de nuestra Constitución de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político".
Preguntado sobre cómo se aborda en la educación obligatoria la memoria democrática, Blázquez ha subrayado que el objetivo es tener "ciudadanos críticos con capacidad de análisis y compromiso" con los valores democráticos, y ha dicho que, aunque se recogerá en la Ley de Memoria Democrática, la memoria democrática "ya está" en la nueva ley de Educación, la conocida como Ley Celáa. "Se trata de ver cómo se ha ido construyendo la democracia que tenemos hoy en día desde la Constitución de 1812", ha explicado. Blázquez también se ha referido al "debe de memoria", es decir, que los poderes públicos "tienen la obligación de trasladar y facilitar los conocimientos para evitar y superar la división que supone ocultar, esconder o maquillar la realidad. El principio de la verdad es el principal elemento de todos los procesos de los países que tienen que gestionar su pasado complicado, y hay que ponerlo sobre la mesa", ha dicho.
