martes. 19.03.2024

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a que “priorice” los proyectos, tanto de obras como de servicios, cuyo objetivo sea mejorar la accesibilidad en los edificios municipales, especialmente, aquellos que acojan la Casa Consistorial.

Asimismo, la iniciativa plantea que, “como requisito”, para que los ayuntamientos reciban una subvención “deben acreditar” el cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Como requisito para que los ayuntamientos reciban una subvención deben acreditar el cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad

Y, por último, propone establecer un acuerdo con la Federación de Municipios de Cantabria para realizar un estudio del estado de la accesibilidad en los edificios públicos municipales.

La diputada regionalista Matilde Ruiz ha subrayado que “es obligación” de las administraciones “impulsar” las medidas necesarias para eliminar las barreras que “impiden” el acceso a los edificios públicos a quellas personas con algún tipo de movilidad reducida, ya sea permanente o temporal.

En este sentido, ha indicado que “la no accesibilidad” supone “discriminación” y “desventaja” para quienes la sufren. Algo que, en su opinión, es “mas preocupante” si se produce en los edicios municipales, ya que “los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano”.

Por ello, ha apuntado que “deben articular políticas y programas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos y promover su autonomía, y la inserción de la accebilidad universal, de forma transversal, en todos los espacios, equipamientos y servicios municipales”.

Ruiz ha incidido en que “cuando se produce una mala intervención pública o cuando no existe directamente se condenan a muchas personas a situaciones de exclusión”.

La no accesibilidad supone discriminación y desventaja para quienes la sufren. Algo que es mas preocupante si se produce en los edicios municipales

Como ejemplo, ha citado el caso del Ayuntamiento de Santillana del Mar donde su alcalde, Isidoro Rábago, “no tiene voluntad política” de facilitar una sala accesible para el desarrollo de los plenos, lo que impide que una representante de los vecinos del municipio pueda ejercer sus derechos y deberes.

Para la diputada regionalista, estas formas de actuación deben quedar “desterradas” de la gestión pública porque “los servicios públicos municipales deben estar al alcance de todas las personas”.

En su opinión, los ayuntamientos “deben cambiar de actitud y materializar medidas concretas, para alcanzar el objetivo de que toda la ciudadanía, por igual, difrute de pleno derecho el acceso a todos los edificios públicos municipales, especialmente donde esté situada la sede del Ayuntamiento”.

Por último, ha abogado porque “tengamos empatía, porque solo poniéndonos en el lugar de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las personas con movilidad reducida, podremos comprender lo que supone ver limitada la libertad y la capacidad de llevar una vida autónoma”.

Prioridad para los proyectos de mejora de la accesibilidad en los edificios municipales
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