viernes 22/10/21
PLENO DEL PARLAMENTO

Podemos logra que Cantabria cuente con un registro del número de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia católica

Aprobada por unanimidad la ley que crea el organismo autónomo Servicios de Emergencias de Cantabria.

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Verónica Ordóñez

Cantabria contará con un registro de bienes inmuebles propiedad de la Iglesia católica que permitirá “evaluar la existencia de irregularidades en la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles para cuantificar los beneficios fiscales de los que goza esta institución”, según ha destacado en un comunicado Podemos Cantabria, que hoy lunes ha logrado el apoyo del Pleno del Parlamento para que el Estado ponga en marcha este estudio, que ha contado con los votos en contra de PP y Cs. Así, la portavoz parlamentaria de Podemos, Verónica Ordóñez, ha manifestado en el Pleno que “desde la Transición, la Iglesia católica es mucho más rica y el Estado mucho más pobre, por lo que la negociación de esta recuperación de patrimonio público junto con el pago del IBI es un asunto de Estado que debe resolverse para buscar equilibrar desigualdades”. Y es que para Ordóñez “estamos ante un pelotazo urbanístico de alto nivel, teniendo en cuenta que la Iglesia católica ha inmatriculado plazas, parques, calles, quioscos y todo tipo de templos de culto y monumentos artísticos por lo que cobran entrada a los turistas”. Por todo ello, Podemos pide la aprobación de una orden ministerial del Ministerio de Justicia dirigida al Colegio de Registradores de la Propiedad para que cancelen todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1979 bajo la fórmula del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario porque son “nulas de pleno derecho por inconstitucional sobrevenida”, ya que la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del 20 de diciembre de 2016 que declara esta forma de inmatriculación contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.

“Hasta hoy día en los inventarios de los bienes de dominio público han quedado fuera los casos más evidentes”

Ordóñez ha señalado que aunque se sabe que monumentos como la Estela de Barros fueron registrados por primera vez por la Iglesia católica, se desconoce cuántos más pueden haber pasado a formar parte de la propiedad de la jerarquía eclesiástica. Por ello, ha abogado por la reforma de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español para incluir una categoría de bien común a partir del concepto jurídico de “bien de dominio público eminente” en relación a los inmuebles de extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso. Para la formación morada, “esto es importante porque hasta hoy día en los inventarios de los bienes de dominio público han quedado fuera los casos más evidentes y es una de las causas de la inmatriculación ilícita”. Además, se pide que el Vaticano reconozca que los bienes de dominio público eminente pertenecen al Estado, del mismo modo que lo hizo en Portugal mediante convenio en 1940, y una vez que sean declaradas nulas todas las inmatriculadas desde 1978, la Iglesia católica podrá inmatricular aquellas propiedades que acreditadamente les pertenezcan y pagar sus correspondientes impuestos.

Servicios de Emergencias de Cantabria

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, por unanimidad de todos los grupos, la ley por la que se crea el organismo autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), una nueva entidad pública que se integra en la Administración Autonómica y que extingue la sociedad anónima unipersonal (SAU) 112 Cantabria. El nuevo organismo autónomo será el encargado de la gestión del servicio autonómico de prevención, extinción de incendios y salvamento y la prestación del servicio público de atención de llamadas de emergencias 112 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Según la ley aprobada, el SEMCA continuará dependiendo de la Consejería competente en materia de protección civil. La norma establece los regímenes del organismo en el ámbito económico, presupuestario y patrimonial, el régimen del personal y distintos aspectos de la organización y funcionamiento, basándose todos ellos en el derecho administrativo. Aunque la ley ha salido adelante por consenso, el debate no ha estado exento de críticas y ataques entre el bipartito autonómico PRC/PSOE, y los grupos que lo sustentan, y el PP, principal partido de la oposición, por el proyecto de ley que el Gobierno llevó al Parlamento y que según el PP han tenido “que arreglar” los grupos parlamentarios.

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