El Parlamento de Cantabria insta al bipartito PRC/PSOE a reclamar que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de este año de 44 millones -los 22 consignados y no abonados en 2016 y los 22 correspondientes a 2017- para el Hospital Valdecilla, una iniciativa del PSOE que ha sido aprobada en el Pleno con apoyo de PRC y Podemos; la abstención de Ciudadanos y el no del PP. El PP, por su parte, no ha logrado sacar adelante la propuesta que había presentado pese a que también reclamaba el compromiso de financiación del hospital pero que solo ha contado con el respaldo de Ciudadanos, mientras que Podemos se ha abstenido y PRC y PSOE han votado en contra.
El Pleno sólo ha aprobado una de las dos mociones sobre la financiación de Valdecilla que se planteaban, la del PSOE, pero no así la del PP. En ella, instaban al Gobierno cántabro a reclamar al de España (PP) el "seguir cumpliendo" el compromiso de financiación íntegra de Valdecilla y a realizar las gestiones necesarias ante la Administración General del Estado para recuperar "a la mayor brevedad posible, los 22 millones de euros dejados de percibir" en 2106 así como para garantizar que todas las inversiones realizad en Valdecilla sean susceptibles de justificación en los correspondientes convenios de financiación.
Los regionalistas han calificado de "vergonzante" la moción y han opinado que solo busca "encubrir" al Gobierno de España y que -dicen- la financiación íntegra de Valdecilla "no está asegurada". Por su parte, los socialistas han opinado que la iniciativa del PP era una muestra de "servilismo" al Gobierno de España, un "juego de luces y espejos para quedar bien con la ciudadanía" y "retórica".
Podemos no sólo ha criticado la moción del PP sino también la del PSOE
Podemos se ha abstenido a la moción del PP y lo ha justificado, por una parte, afirmando que fue bajo el Gobierno del PP en Cantabria y con Sáenz de Buruaga como consejera bajo el que se firmó el contrato público-privado que supuso la "venta" de Valdecilla. Además, por otra parte, ha recordado que el PP gobernó en Cantabria la pasada legislatura y Gobierno también en España y, por tanto, tenía "en su mano" el cumplir el compromiso de financiación de Valdecilla sin que -ha dicho- lo haya hecho. Sin embargo, Podemos no sólo ha criticado la moción del PP sino también la del PSOE y ha considerado a ambas un "ejercicio de desfachatez supina". Y es que, a su juicio, si el PP "no cumple" los compromisos, el PSOE, que es el partido que gestiona la sanidad de Cantabria, tampoco lo hace, al "infrafinanciar el sistema sanitario" en la comunidad autónoma y, por tanto, Valdecilla. Pese a ello, Podemos ha decidido apoyar la moción del PSOE, "no porque se lo merezca" el partido, sino porque la sanidad cántabra "merece" esos 44 millones que se reclaman al Estado.
Ciudadanos, por su parte, ha criticado que Gobierno autonómico y PP hayan entrado en un "círculo vicioso de excusas" sobre los 22 millones de 2016 euros no cobrados para Valdecilla. Sin embargo, ha votado de forma distinta las mociones de PP y PSOE, ya que se ha abstenido en la del PSOE y ha apoyado la del PP al considerar que es "más lógica" y va más en línea con la enmienda a los PGE de 2017 que, según ha anunciado, va a presentar su grupo en el Congreso de los Diputados para reclamar la financiación del hospital. A juicio de Cs, la moción del PSOE "busca tapar" el "error" en que, a su juicio, incurrió el Gobierno de Cantabria a la hora de justificar las obras de Valdecilla.
"Coinciden en el objetivo"
El PP ha votado en contra de la moción del PSOE pese a reconocer que "coinciden en el objetivo" pero ha justificado su no porque, a su juicio, ha sido presentada para "ayudar" al Gobierno de Cantabria a "eludir cualquier tipo de responsabilidad" sobre la no recepción de los 22 millones consignados en los PGE de 2016, trasladándola al Ejecutivo central. Y es que, en el Pleno, la presidenta del PP de Cantabria y parlamentaria autonómica María José Sáenz de Buruaga ha insistido en culpar al Gobierno de Cantabria de que la comunidad no haya recibido esos 22 millones en 2016 por no haber logrado firmar "a tiempo" el convenio anual y justificar las obras ejecutadas, empleando "excusas de mal cobrador". Buruaga ha señalado que la firma de ese convenio era una de las condiciones para poder cobrar esos 22 millones y la otra la consignación presupuestaria. Así, ha defendido que el Gobierno de España (PP) cumplió con la parte del acuerdo que le era "exigible" y consignó dicha partida en los PGE de 2016, algo que, a su juicio, constituye "la mejor prueba" de su compromiso con la financiación del hospital. Para Buruaga, una muestra de ese compromiso del Estado fue el hecho de que ya en febrero de ese año se dirigió al Ejecutivo autonómico para pedirle que presentara la documentación pertinente para poder abonarle esa cantidad, una petición a la que, según ha dicho, el Gobierno "remitió el primer papel cinco meses después". A juicio de la dirigente del PP son los "prejuicios ideológicos" del bipartito PRC/PSOE acerca del contrato público-privado de Valdecilla firmado en la pasada legislatura para financiar las obras y la "incapacidad" del Gobierno autonómico las que "están detrás" de la "pérdida" de los 22 millones de 2016.
Declaraciones sobre los derribos y el Sahara
El Pleno ha comenzado con la aprobación, por asentimiento, de dos declaraciones institucionales, una de ellas con la que el Parlamento autonómico reconoce la "necesidad" de dar una solución definitiva por parte de las Administraciones Públicas en el marco de sus competencias, a la situación de los afectados por las sentencias de derribo, evitando la pérdida de su patrimonio y cumpliendo los convenios firmados entre afectados y Gobierno de Cantabria, en la presente legislatura. También manifiesta la importancia de seguir avanzando en nuestro ordenamiento jurídico en cuantas iniciativas sean precisas para lograr la protección de los ciudadanos terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo".
La otra declaración aprobada ha sido para reclamar que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 donde se establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental. En ella, se recuerda la "ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui" y se hace un llamamiento a compañías europeas, españolas y cántabras para que actúen en conformidad con el derecho internacional europeo, de forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales.
