martes 15/6/21
LIBRO DIGITAL

Capítulo 21. Por el paseo Pereda a la sede del Gobierno de Cantabria

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Después de las emociones vividas en la Plaza del Ayuntamiento, de echar la adrenalina, la mala leche por tanto daño, seguíamos nuestro camino por la calle Burgos, a Jesús de Monasterio,  luego por Calvo Sotelo y desembocamos en los jardines de Pereda, en su templete. 

Hemos hecho también alguna concentración mirando al edificio Botín, inmueble que hemos visto nacer y crecer, ante la incredulidad de que aquello fuera legal y nuestras humildes casas tuvieran problemas de impacto paisajístico.

Es ver para creer, comparar quedarte desolado ante un mole que tapa la bahía pueda ser legal y unas pequeñas casas puedan ser ilegales. Desde allí y lamentándonos, al ver una vez más de esa la doble vara de medir de la justicia. Es como lamentarte en el desierto, como esperar que porque contentos hemos estas situaciones nos hagan caso. 

La capacidad de influir es como el derecho internacional, dime la fuerza militar y diplomática que tienes y te diré lo que puedes lograr, entre los millones de la familia Botín, y los ahorros de unos humildes trabajadores, las administraciones y la justicia no tienen duda de en qué lado deben estar, no es demagogia es la pura realidad.

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Siguiendo nuestra ruta por el Paseo Pereda, allí nuestros gritos se escuchan con fuerza, ante la mirada de los paseantes y turistas, el “no derribos” era atronador al s pasar ante el Gobierno Civil. Cuántas veces nuestro vicepresidente, Ciriaco García, ha estado allí, o ha enviado documentación, para nuestras miles de movilizaciones realizadas en tantos lustros. 

No siempre la relación ha sido idílica, fue al principio de los tiempos, para nosotros en la primera marcha a Santander, que, pese a contar con todos los permisos, se intentó, por parte de las autoridades, “acongojar” a los manifestantes y sobre todo a los organizadores. 

Así, una vez realizada esa primera marcha con gran éxito de participantes, siendo recibidos por el entonces consejero de urbanismo José Vicente Mediavilla, y una vez en nuestras casas, al cabo de unas semanas, varios miembros de la organización recibimos una sanción, por entorpecer la vía pública.

Nuestra sorpresa e indignación fue total, primero por la injusticia, después por las elevadas cuantías de las multas, y finalmente por el motivo que se reseñaba en las mismas, que simplemente era incierto, mentiras a todas luces demostrables.

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Algunas de las personas multadas tenían más de 80 años, y el susto para ellos fue más grande si cabe, ya que no entendían nada. Puestos en contacto con la Delegación de Gobierno, nos dieron cita para una semana después y, a pesar de comentar, desde la organización, que seguro era un malentendido, algunos no las tenían todas consigo y no faltaban comentarios como “eso te pasa por meterte en líos”, “ya te lo decía yo que eso de manifestarse trae problemas”, pero, afortunadamente, los argumentos eran tan sólidos que se fueron acallando, y fue baldío ese intento que se había hecho desde la administración para meter el miedo en cuerpo a los organizadores y que nos olvidáramos de hacer más movilizaciones.

Fuimos recibidos por el subdelegado de esa Delegación del Gobierno Civil, por nuestra parte, y ante la magnitud del problema, llevamos asesores jurídicos, ya que el tema tenía mucha importancia y podía traer consecuencias no deseadas. 

La verdad es que la Delegación del Gobierno Civil en Cantabria impone con esos techos altos, con esos amplios despachos y con esos controles tan exhaustivos. Una vez allí, y con el temor en el cuerpo, nos hicieron esperar en un amplio salón, los nervios casi se podían oír y, después de un buen rato, la secretaria nos mandó pasar:

Un señor de mediana edad, bien trajeado y con pintas de ejecutivo agresivo, nos recibió amablemente.

-  Muy buenos días, soy el subdelegado del Gobierno Civil y encantado de recibirles.

Una vez hechas las presentaciones de rigor nos dijo.

- He visto sus recursos a las multas, y creo que lo podremos solucionar, pero me gustaría escuchar su versión, sobre todo, para tomar nota y que estas situaciones no se repitan.

Lo cierto, es que el alivio fue grande, pocas veces tan pocas palabras te sientan tan bien, a partir de aquí el clima fue otro y le comentamos:

- Nos parecen increíbles las sanciones que nos han impuesto, primero porque nosotros hemos cumplido con las normas en todo momento, porque teníamos un servicio de orden, y porque no ha habido ningún problema en todo el trayecto   de la marcha a Santander.

- Además, se relatan unos hechos, que son simplemente imposibles, ya que presuponen que algunos estábamos en dos sitios a la vez. Tres de las cuatro personas implicadas, a la hora que pone en la sanción, estábamos obstaculizando la vía pública y, también, reunidos con el consejero José Vicente Mediavilla, como se puede comprobar en su fichero de registro de reuniones y se le puede llamar para constatarlo.

Nos explicó: 

- Ha sido un malentendido que lamento profundamente, y les pido disculpas por ello, aquí se ha practicado un protocolo de una forma que no es la correcta, no se preocupen, y esto queda resuelto y archivado.

Nosotros nos estábamos muy conformes con que esto acabará, así, sin más, ya que entendíamos que se había pretendido coaccionarnos, para que no hiciéramos más manifestaciones y, además, se había hecho un profundo daño a unas personas mayores, que nunca se habían visto ante una sanción tan elevada sin tener culpa alguna. 

Nos dijo:

- Hay un protocolo de actuaciones para este tipo de manifestaciones, y que puede ser que el celo en el cumplimiento del su deber haya llevado a cumplir inadecuadamente las normas.
 
Después de agradecer que se quitaran unas multas que nunca se debieron poner, le pedimos que llamaran, desde la Delegación de Gobierno, a estas personas mayores que han pasado miedo y zozobra por culpa de las sanciones y les pidieran disculpas.

Nos contestó que así lo harían, y que, además, también lo harían por carta pidiendo disculpas. Lo cierto, es que cumplió su palabra, y el tema se dio por zanjado. 

Años más tarde, en unas movilizaciones en contra de los impuestos municipales en Noja, se realizaron unas prácticas muy parecidas; en este caso, como no tenían toda la cobertura legal necesaria, aquello sirvió para destruir un movimiento contrario a posibles abusos de las administraciones. Desde luego, esto nos tiene que llevar a la reflexión de cómo actúa el poder para cohibir a los ciudadanos, y limitar derechos constitucionales como el de manifestación y reunión.

La marcha avanzaba lentamente por ese hermoso Paseo Pereda, donde el viento trae el olor de la mar, entre el bullicio de tanto paseante en los meses de verano, y aquellos que, desde los bancos, miran el horizonte viendo pasar los barcos por la bahía.

A finales del siglo XIX, este paseo fue tomando forma y era ya  el principal paseo de la ciudad, pasó a denominarse boulevard, y más tarde se le llamó paseo de forma oficial. En los nuevos terrenos ganados al mar se mostraban los nuevos andenes, con dos hileras de árboles y una zona ajardinada desde la dársena de La Ribera hasta Puertochico.

El gran incendio de 1941 afectó mucho a la zona y cambió la misma, en su reconstrucción se respetó  el conjunto de edificaciones que van desde fines del siglo XVIII a principios del siglo XX. Hace unos años fue declarado conjunto histórico-artístico.

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Este hermoso paseo tiene mucha historia, allí estaban los muelles mercantiles y los bajos de los edificios eran ocupados por almacenes, navieros y comerciantes. Actualmente en él se encuentran algunos de los edificios más bellos de la ciudad como el palacio de la Compañía Trasatlántica Española o la sede central del Banco de Santander, con el popular arco sobre la calle del Martillo y coronado con esculturas de Blanes.

A veces nuestros pies se posan sobre pequeños trozos de la historia de una gran ciudad como es Santander, nuestra Marcha lucía sus mejores galas, nuestras gargantas chillaban las injusticias, y el color amarillo inundaba en larga manifestación este Paseo Pereda.

Pronto a la plaza-rotonda de Matías Montero que, con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, perdió su nombre para recuperar el de Plaza de Puertochico; a muchos de nosotros, el apellido de otro Montero, nos trae recuerdos de otra persona y no  nos resultan nada agradables. 

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Un tal Jesús Montero fue el constructor, empresario, que realizó muchas de las viviendas que hoy tienen sentencia de derribo, ese empresario sin escrúpulos que con sus manejos en la oscuridad entre las faltas de las administraciones y con la colaboración de la corporación del mismo, cuando Joaquín Fernández San Emeterio era su alcalde, se le concedieron le aprobaron los Estudios de Detalle y se le dieron las licencias de construcción que más tarde serían declaradas ilegales. 

Recordamos cómo se vendían esas viviendas con un plano puesto sobre el capó de un flamante coche, que enseñaban unas preciosas urbanizaciones con todos los servicios y todo eran facilidades y buenas palabras, prometían piscinas, club social, pista de tenis y dos huevos duros. Este empresario y otros muchos constructores, con la ayuda de las Administraciones condenadas, hicieron un auténtico timo, un engaño, era aquello de ni una palabra mala, ni una realidad buena. 

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Las viviendas se dejaron a medias, con muchas deficiencias, baste decir que la luz eléctrica era de obra y la misma se iba cada poco tiempo, los acabados de las casas brillaba por su ausencia, y que las reclamaciones “al maestro armero”, ya que este tipo de empresas como  “ATC”, “Satec”(,) “Santiago Martínez”, y otras similares se creaban, para un proyecto determinado, y al poco tiempo desaparecían, ya que se constituían con 500.000 de las antiguas pesetas, esto es,  3.000 euros.  Y desaparecían sí, desaparecían, pero no de cualquier forma, lo hacían como delincuentes con quiebras culpables y fraudulentas. En algunos casos era una mera tapadera, para llevarse las ilusiones y los ahorros de los ingenuos que picaban en su estafa.

Hay urbanizaciones donde, hasta tres constructores abandonaron las viviendas a medias, teniendo que hacerse cargo, las propias familias, de acabar sus casas, y todo ellos con el visto bueno de las autoridades.

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Pasada la plaza de Puertochico, tomábamos la Calle Casimiro Sáinz donde, en las primeras Marchas, estaba la sede del Gobierno de Cantabria, y a la que, todavía, muchos seguían llamando “La Diputación”. Entonces, siempre fuimos recibidos por José Vicente Mediavilla, que tenía en su equipo a Miriam García en urbanismos y a Ana Sánchez Lamela en la dirección jurídica. Era un equipo joven y ágil, que nos dijo algunas verdades, y también nos toreó creando escuela, y nos llevó a engaños que han durado décadas.

Lo peor es que en el Gobierno actual, con las actuaciones que están realizando, nos traen a la memoria aquellas maneras y mentiras, y apuestan por eso, porque pase el tiempo, la legislatura y luego marcharse y para que otros vuelvan a empezar de cero en esa noria que sigue dando vueltas sin enfrentar ni resolver nunca los problemas.

Uno de los grandes problemas era que no se mantenía a personas que, quizás con el tiempo, hubieran podido dar soluciones, desde arriba se les quitaba de su puesto. Así, encontrar un consejero de urbanismo que haya durado más de una legislatura es complicado, y estamos convencidos de que el dar vueltas a esa noria que comentaba, mucho tiene que ver; mientras no se resuelve el problema no hay que poner, ni gastar los necesarios recursos. Posiblemente personas como el propio José Vicente Mediavilla, Javier Fernández o incluso Rosa Eva Tezanos hubieran dado una respuesta mucho más positiva con más tiempo en su puesto, pero esto no dejan de ser más que elucubraciones de buena fe.

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Después, ese edificio sería derribado y los proyectos para el su solar duermen también el sueño de justos. Ya en la nueva sede del Gobierno de Cantabria, a pocos pasos de allí, en Peña Herbosa, hemos acabado innumerables marchas, trenes de los inocentes, concentraciones de AMA y del Grupo del Jueves y, actualmente, seguimos manifestándonos ante sus puertas.

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En sus despachos nos hemos reunido con los presidentes del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla, e Ignacio Diego. Tuvimos entrevistas con ellos y es una pena que no haya base documental para que los ciudadanos puedan ver cómo se engaña a los ciudadanos, cómo cuando se está ante los dirigentes el discurso es de aceptación, de buenas intenciones, de proyectos prometedores, de amabilidad, pero después  pasa el tiempo y esas palabras pasan al olvido, e incluso les incomoda que se las recuerdes.

Las reuniones con Miguel Ángel Revilla, lamentablemente, fueron un ejercicio de hipocresía; aquí cabe aquello de “abrazafarolas”, "cantamañanas". Fue en 2005 la primera entrevista con el Sr. Revilla, acompañado de la amiga Mercedes, nos recibió, con su puro. Estuvo muy locuaz, nos dijo: 

- Lamento mucho su situación, es una desgracia,  no hay derecho a lo que nos están haciendo, Uds. no teníamos culpa de nada, son inocentes y perjudicados

Cuando pudimos hablar comentamos:

- Pero presidente la pancarta ya la llevamos nosotros, a Ud. le agradecemos que comprenda la situación, pero lo que le pedimos son soluciones, ya que es responsable doblemente: por activa, como presidente de comisión regional de urbanismo, y por pasiva, por no haber hecho nada para resolver el problema.

- Hombre, no me diga esto, yo les aseguro que pongo mi gobierno a trabajar para darles, lo más rápidamente posible, una justa solución. 

Mercedes me miraba con cara de asombro, era tan elocuente, nos decía lo que queríamos oír, pero no sabíamos si aquello era en serio o nos tomaba el pelo, después, el tiempo no dejo lugar a ninguna duda.

De las otras reuniones con el Sr. Revilla igual ni merece la pena comentarlo, nos recibía medio forzado, y sin muchas ganas de hablar con nosotros, eran otros los que tomaban la palabra, y  su preocupación era quitarse cualquier responsabilidad, y que aquello de que “no se preocupen que esto va por buen camino”.

Con Ignacio Diego se empezó también muy bien, tanto que nos llegamos a creer que sus palabras se iban a hacer realidad, nos dijo que ponía un consejero con las competencias de urbanismo, y que su principal objetivo  sería resolver el problema de las sentencias de derribo; nombró a Javier Fernández. 

Recuerdo que a los pocos meses de ser elegido, me llamó por teléfono, yo estaba de vacaciones en Estambul, para decirme que tenía muy buenas noticias, que se podían suspender los derribos. Estaba con el amigo José Luis y no sabíamos si era un farol, un sueño, o una realidad tangible, después fue una verdad a medias. 

Las reuniones en la primera parte de su legislatura fueron positivas, y recodamos sobre todo, una con motivo de una marcha a Santander, donde mientras los manifestantes pedían soluciones frente al Gobierno, al grupo que no reunimos con él, nos dijo: 

- Esto lo vamos a solucionar, no se puede seguir con la situación que soportáis.

Ante sus palabras, le dijimos que bajara y que se lo comentara él, en primera persona, a todos los manifestantes. El Sr. Diego, bajo y ante todos los presentes, cogió el megáfono y nos dijo textualmente:

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- Para mi Gobierno su situación es una de los problemas que queremos solucionar lo antes posible, por ellos les digo que antes de que acabe el año 2013 todos los afectados de las sentencias de derribo tendrán una solución.

Aquel fue uno de mejores veranos para cientos de familias, porque esta vez sí parecía que tocábamos la ansiada solución con las yemas de nuestros dedos.

Más tarde llegarían los problemas y, sobre todo, una sentencia que nos hundió en la miseria, que nos dolió incluso más que algunas de los autos de derribo, para nosotros fue totalmente incomprensible la sentencia de Pepín Cano, la consideramos una traición del Gobierno del Sr. Diego, a nosotros nos decía una cosa y en los tribunales hacia lo contrario, y el fallo de la Sala  fue totalmente incompresible al derecho y a la razón.

La sentencia sobre la urbanización de Pepín Cano, en el Camino  del  Portillo, en Argoños,  ha  supuesto  un  duro revés para las víctimas de esta situación y terceros de buena fe, que han visto cómo, la citada  Sala, ha reducido su patrimonio en proporciones alarmantes y resulta difícil comprender por qué estas familias tienen que soportar esta pérdida. 

De  esta  forma  y,  después  de  las  peticiones  de  parte, el demandante -las familias- solicita, en la reclamación patrimonial, 500.000 euros por los daños  ocasionados, incluyendo el vuelo y suelo del inmueble. El perito judicial realiza una tasación de 380.000 euros y los demandados reconocen un daño de aproximadamente 170.000 euros.  

La  Sala, al amparo del  141.3  del  LRJAP-PAC, toma como hecho vinculante el valor de escrituras públicas del inmueble y le incrementa el IPC hasta la fecha de la sentencia. Lo cual da un resultado con una grave pérdida patrimonial, una cifra aproximadamente de 120.000 euros, esto  es, 2/3 de lo que consideraba el propio perito judicial e incluye el vuelo y el suelo que pasan a las manos de las administraciones públicas. 

Manifestar que la Sala podía haber adoptado por ejemplo el valor de escrituras, o compraventa más IP(V) de la vivienda hasta la fecha de la sentencia y el valor resultante sería el de mercado, cumpliéndose escrupulosamente el art. 141.3 de LRJAP-PAC . 

Consideraciones sobre la situación que produce la resolución judicial: 

1.- La desproporción  entre  los  que  reconoce  el  propio  perito  judicial  y  la  cantidad establecida, es algo delirante, e incompresible desde la ética, la razón y el derecho.  

2.- La situación de dudosa justificación donde la Sala reconoce menos indemnización que los propios condenados. Esto se califica por sí solo, que uno reconozca un daño cometido y que el propio tribunal le rectifique y le condene a pagar menos, seguro que no hay mucha jurisprudencia sobre la materia. Más que incomprensible es tremendamente injusto.  

3.- Existen tres sentencias del Tribunal Supremo sobre situaciones análogas donde se reconoce a las víctimas del daño ocasionado por las administraciones públicas el valor de mercado de los inmuebles en el momento del derribo. 

4.- El enriquecimiento injusto de la Administración condenada, que no solo tiene que abonar solo 1/3 del valor de mercado del inmueble, sino que además se produce un enriquecimiento injusto, ya que esa administración condenada que se apodera de un suelo urbano consolidado y de la vivienda. Solamente el valor de mercado del suelo urbano consolidado puede ser superior a la indemnización concedida a la víctima, esto es, el condenado gana un suelo que no tenía y las víctimas pierde 2/3 de su patrimonio.  

5.- La propia Sala condena en su fallo por los daños morales que estas Administraciones han ocasionado a las víctimas, en su descripción de hechos y de derecho, no ahorra adjetivos para referirse al daño ocasionado a las mismas. Sin embargo les concede 12.000 euros en primera vivienda y 9.000 en segunda como valoración a indemnizar por los daños morales, pero pierden más de 250.000 euros en el valor de su patrimonio.

6.- La situación de indefensión de las víctimas –demandantes—que las sentencias solo se puede recurrir en casación, y la cuantía para ello tiene que superar los 600.000 euros, como la petición del demandante es de 500.000 euros esto hace imposible la misma. También incluso por materia invocada, ya que en el proceso es la disposición adicional 6ª de  la  Ley  2/2011  de  4  abril,  conocida  como  la  que  no  se  puede  derribar  antes  de indemnizar a las víctimas, aprobada por el Parlamento de Cantabria, por lo tanto legislación autonómica que no da posibilidad de recurrir en casación.  

7.- Un dato también sorprendente es que se utilice esta norma autonómica, que en su exposición de motivos manifiesta con toda claridad, la necesidad de proteger el patrimonio de las víctimas que no tienen culpa alguna de esta situación, y que la citada norma dé lugar a una resolución tan manifiestamente injusta para las familias.  

8.- Siguiendo con el despropósito será el propio Gobierno de Cantabria impulsor de la Ley 2/2011 de 4 abril  y de las resoluciones del Parlamento de Cantabria 4/11/2014 el que en durante  el  proceso  judicial,  a  través  de  sus  servicios  jurídicos,  solicita  esta pérdida  en  el patrimonio de las víctimas.  

9.- El Gobierno de Cantabria anuncia que aplicará esta sentencia a todos los casos de reclamaciones patrimonio ante la Administración, este anuncio es aún más sorprendente, ya que se hace cuando la sentencia estaba sub judice, ya que se ha pedido aclaración de sentencia, y  antes  de que  la  misma  se  haya  resuelto.

El Gobierno de Cantabria anuncia este nuevo proceder, que rompe absolutamente con todo los prometidos y aprobado anteriormente. A fecha de hoy dicha sentencia es firme y se ha consumado la pérdida patrimonial para estas familias. Curiosamente, el Gobierno  de  Cantabria, dos meses antes, había presentado y aprobado una iniciativa en el Parlamento a través del grupo que le representa, para que se respetara el patrimonio de los afectados. 

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Después de esta situación tan desesperada, y de un fuerte enfrentamiento con el Gobierno desde donde nos decían, que no había solución, ya que eran lo que dictaban los tribunales de justicia, se buscó otro camino para garantizar el patrimonio de los afectados, y fueron tomando forma los Convenios. 

En esa sede del Gobierno de Cantabria han sido muchas las entrevistas, y las reuniones, y después de tanto tiempo con diferentes equipos de los consejeros José Vicente Mediavilla, José María Mazón, Rosa Eva Díaz Tezanos o José Luis Gochicoa. 

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Otras veces han bajado ellos ante todos los manifestantes, Quizás la más importante fue cuando Ignacio Diego y cogió el micrófono, para decirnos, en aquel julio de 2013, que para diciembre de ese año el problema de los afectados por los derribos iba a estar solucionado. Ahora, con el tiempo y él fuera de la política, creo que pudo pensarlo, pero lamentablemente, aquello no se cumplió, fue muy duro, ya que perdimos la confianza y la esperanza.

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Miguel Ángel Revilla, que presume mucho de estar con la gente, jamás ha estado ante los manifestantes, jamás ha bajado a dar un poco de ánimo. Esto sí, ya en 2005 dijo que ponía su gobierno a trabajar para acabar con el problema de los derribos que era una gran injusticia.

Ahora huye del tema todo lo que puede, se pone todos los escudos que hagan falta, alguna vez que se habla con él, siempre responde rápidamente que “eso está encauzado”. 

Allí se ha dado discursos muy emocionantes por parte del consejero Javier Fernández, de la vicepresidenta del Gobierno Rosa Eva Díaz Tezanos, incluso del José Luis Gochicoa, aunque a en este consejero, lo de la emoción y transmitir sentimientos, igual no es su mejor cualidad, o lo que es peor,  poco hay que decir en positivo.

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No siempre fuimos recibidos por las autoridades, a veces se hicieron los sordos, los despistados, pusieron todo tipo de excusas para no estar con nosotros, en eso el Sr. Revilla y su equipo son unos maestros. Otras veces las cosas estaban tan mal que ya ni merecía la pena hablar con ellos, era una pérdida de tiempo o tomadura pelo y por este último camino seguimos.

Fue allí, una de las veces en que no nos quisieron escuchar, ni recibir, cuando, antes  un grupo, habló de la posibilidad de ir a Bruselas, desde la organización se analizó la propuesta y ante el Gobierno lazamos aquello de que: “Si aquí no nos reciben nos vamos a Bruselas”, y todos comenzamos a gritar: “nos vamos a Bruselas”, “nos vamos a Bruselas”…, dicho y…

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