No será la última vez que salten a la palestra los razonados posicionamientos de distintos ciudadanos, en relación con la calidad de los servicios municipales que reciben, en función de la zona que residen, pero sin embargo, muchos de los mismos se preguntan cómo los impuestos que vienen obligados a abonar a las arcas consistoriales, los servicios prestados no van en consonancia.
Les puedo asegurar que es raro el mes que no llegan a esta WEB, quejas de vecinos, asociaciones, etc. de distintos puntos de España, exponiendo las particularidades de sus quejas, justificadas en su inmensa mayoría, a los cuales procuro trasladarles opinión, ya que son muchos los problemas de esta índole y otros, los que abundan en muchas ciudades españolas.
Les puedo asegurar que es raro el mes que no llegan a esta WEB, quejas de vecinos, asociaciones, etc. de distintos puntos de España, exponiendo las particularidades de sus quejas
Es un hecho incontrovertible, y hay que aceptarlo, que determinadas y emblemáticas Zonas de Capitales gocen de un cuidado y atención superior sobre otras, pero significando que ello no deba suponer mayor detrimento. En cuanto al tema que nos ocupa las Directivas 2008/98 y 2018/851 de la U.E., ya con el paso del tiempo e incumplimientos de normas, ha adquirido jun color mortecino en lo concerniente a residuos municipales que constituyen entre el 7 y 10% del total de los generados en la Unión, resultando una gestión bastante compleja ante una legislación desfasada.
Hemos leído la noticia publicada por EL DIARIO CANTABRIA referida a la ausencia o falta de mantenimiento, antigüedad de contenedores de residuos en cinco barrios de Santander que impiden su pertinente servicio, y, puedan afectar a la salubridad.
Hace unos meses, también leímos en este mismo Medio cierto “affaire” respecto al conflicto surgido entre el Consistorio y la anterior adjudicataria, dando lugar a una abrupta rescisión contractual y posterior contratación vía emergencia de tercero con alquiler de maquinaria incluida, encontrándose al parecer dicho conflicto sometido a la vía judicial.
Por supuesto, no es nuestra misión entrar en tales tesituras, salvo en el caso, como hemos manifestado, trasladar opinión al usuario/contribuyente.
Normalmente, la responsabilidad directa de la reposición por deterioro o ampliación del número de contenedores en la vía pública, así como otros servicios obligacionales, corresponde al Consistorio dentro de las partidas y servicios, los cuales figurarán en los Presupuestos Municipales.
Pero suele ocurrir en ocasiones qué ante lo restringido de tales Presupuestos, el Ayuntamiento opte por trasladar dicha responsabilidad al juicio del concesionario, el cual bajo criterio flexible podría actuar en cuanto a calidad y cantidad, en determinada forma, no produciéndose un resultado óptimo cara a los usuarios.
Es decir, habría que acudir a las condiciones contractuales pactadas entre las partes a fin de obtener conclusiones.
Por otro lado, tales Presupuestos se configuran “intramuros” mediante la ardua tarea de exigir por parte de la Administración Local unos servicios muy superiores a las posibilidades financieras que se ofrecen, ya que se trata sector de servicios proclive al absentismo, dureza del tipo de trabajo y recurrente a amplia mano de obra.
Otro aspecto importante, proviene de la competencia feroz entre las empresas participantes que compiten por resultar adjudicatarias de licitaciones debido a las “hambrunas” existentes en el empresariado, justificando las llamadas bajas rabiosas o desmesuradas, y al no ser debidamente atajadas, en su fase inicial por los Servicios Técnicos, probablemente, el concurso podría declararse “desierto”, y eso tampoco podría contemplarse.
Esta especie de “nudo gordiano” suele conducir a desequilibrios en estos tipos de contratos a largo plazo
Esta especie de “nudo gordiano” suele conducir a desequilibrios en estos tipos de contratos a largo plazo, extensivo a los de suministros de agua, al convertirse en conductores de quebrantos económicos para todos y perjuicios a los administrados consistente en nuestra opinión en una supuesta falta de atención por parte del Ayuntamiento como responsable final.
Si hablamos de unas cuantas docenas de contenedores y mobiliario urbano, la inversión en el primer caso, no debería pasar de otros cuantos miles de euros, pero insistimos, con las reservas de desconocer el expediente, y, hasta la posible la reposición de los mismos, pudiera correr a cargo del adjudicatario.