El tiempo, ya sabemos, corre que es una barbaridad y el 9 de mayo ya está aquí, a la vuelta de la esquina, nuestros responsables políticos, hacen aquello que mejor se les da, ver pasar el mismo sin tomar ninguna media, no vaya a ser que metan la pata. Ahora el Congreso de los Diputados va a ralentí, que en tiempos de elecciones, lo primero es antes.
Entre los más entendidos, léase catedráticos y expertos en derecho constitucional, hay un amplio acuerdo en que los derechos fundamentales no se pueden limitar desde normas que tienen carácter autonómico. Hacer esta limitación es hacer una chapuza jurídica, a la que desgraciadamente nos tienen acostumbrados en este país.
Lo que más llama la atención es cómo se justificó este estado de alarma en el pasado, tan necesario por la situación de una pandemia, y el dar herramientas a las autoridades para tomar medidas que den seguridad y protejan la salud de los ciudadanos y cómo ahora se silba mirando al tendido.
¿Qué ha cambiado en este tiempo?, ¿de qué no nos hemos enterado?
Uno se pregunta, ¿qué ha cambiado en este tiempo?, ¿de qué no nos hemos enterado?, con una incidencia de la pandemia muy preocupante, donde todos están de acuerdo en que se debe seguir con medidas limitadoras de los movimientos, entre otras, parece sin embargo que lo que era un hecho irrefutable hace unos meses, ahora ya no tiene sentido.
La misma Vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, Doctora en Derecho Constitucional, que hablaba hace casi un año de la necesidad de dotarnos de normas específicas que protejan a los ciudadanos, de realizar incluso si fuera necesario, modificaciones en nuestra propia constitución para poder desarrollar y dar un contenido más efectivo a nuestra ley de salud pública, ahora parece haber perdido la memoria. Otros han perdido el tiempo tensionando la vida pública cuando más necesarias eran sus aportaciones.
La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 es una herramienta infrautilizada, que convenientemente reforzada parece que la mayoría está de acuerdo en que pudiera ser un instrumento muy útil para dar esa seguridad jurídica tan necesaria en estos tiempos y en el derecho.
A estas alturas, después de todo lo vivido, hay alguien que pueda pensar que lo adecuado es dejar en manos de los jueces decisiones que tienen más que ver con la medicina, con la salud; sobre todo, cuando cada juez, magistrado, Sala, puede hacer de su capa un sayo, y podemos tener sobre una misma cuestión decisiones diferentes o incluso opuestas, algo que ya nos ha pasado no hace tanto, con resoluciones de los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas.
El estado de alarma es una excepcionalidad que no puede estar vigente permanentemente, pues, demos alternativas legislativas
El estado de alarma es una excepcionalidad que, como muy bien dice el propio gobierno, no puede estar vigente permanentemente, pues, demos alternativas legislativas. Cuesta mucho comprender por qué no se hacen, incluso entendiendo el uso partidista que de esta cuestión se está haciendo en el Congreso de los Diputados. El estado de alarma limita demasiado derechos fundamentales que poco o nada tienen que ver con la salud de los ciudadanos, entre ellos uno que en estos tiempos es fundamental, la transparencia en la toma de decisiones. A los padres de la constitución cuando legislaron el estado de alarma, ni se les pasó por la cabeza que se fuera a usar para este tipo de cuestiones y mucho menos que pudiera estar vigente durante tanto tiempo.
Es cierto que una pandemia es algo inesperado, que nos obliga a todos a cambiar, sobre todo a los ciudadanos, cuando nos miramos en un espejo al salir de casa, el primer pensamiento es dónde he puesto la mascarilla, han cambiado nuestros hábitos, nuestros comportamientos sociales. ¿Es tanto pedir a nuestros legisladores que cambien las normas?, ¿que las adapten a lo que ellos mismos llaman nueva normalidad?
Se puede comprender que en un primer momento nos pille el toro, y la improvisación sea necesaria, pero hacer de la improvisación la normalidad es una irresponsabilidad tan grande que lo que extraña es la capacidad que tenemos todos para adaptarnos a las peores situaciones, incluso lo sumisos que podemos llegar a ser los ciudadanos ante la falta de una gestión responsable por nuestras autoridades. Ellos siguen en su juego, aquel que consiste en poner como culpable de todos los males al adversario político, sin acordarse de a quiénes representan, por qué y para qué ocupan esos puestos de privilegio en nuestra sociedad que les hemos otorgado.
Hay leyes que son farragosas, otras que para su interpretación se necesitan amplios conocimientos del mundo del derecho, pero precisamente la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, si por algo destaca es por su claridad y por ser muy breve, solo cuatro artículos. En el primero nos dice "Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".
En su artículo tercero. "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
Teniendo esta ley orgánica, que como podemos comprobar ya da respuestas positivas, lo que se necesita es, simplemente, un refuerzo legislativo en cuanto a situaciones concretas que esta pandemia nos ha hecho ver y sufrir a todos. ¿Qué les sucede a nuestros representantes para no ser capaces de ponerse de acuerdo en algo que al común de los humanos nos parece tan lógico y normal? ¿Por qué todos los días se abren los informativos creando miedo en la población? ¿Qué interés puede haber en no legislar y protegernos?
Ver a muchos presidentes autonómicos, hasta el propio Lehendakari, Urkullu, pedir mediante carta oficial la ampliación del estado de alarma, alguien tampoco sospechoso de ningún tipo de centralismo y líder de un partido que apoya al gobierno, y por parte de este no dar una respuesta, ni a este responsable autonómico, ni a todos los ciudadanos; el no saber qué podemos o no hacer mañana, ver pasar tanto tiempo y seguir en la incertidumbre, esto sí que crea alarma en todo el estado. Hemos visto demasiado ruido y muy pocas medidas que mejoren nuestra situación.