Desde hace años, se están intentando impulsar nuevos modelos espaciales y de movilidad, centrados en un enfoque integrador e igualitario con los que se pretender reducir las desigualdades y los daños causados por el urbanismo desenfrenado. A pesar de estos esfuerzos a todos los niveles, todavía hay quienes niegan la necesidad de cambiar las cosas, privándonos a muchos españoles de la igualdad ante la ley que esgrime el artículo 14 de nuestra constitución.
Las comparaciones entre el medio rural y urbano de nuestra comunidad son odiosas. Todos los cántabros deberíamos de estar en las mismas condiciones de igualdad pero lamentablemente, nuestro sistema ha impedido a lo largo de los siglos favorecer los equilibrios sociales y territoriales.
El problema más sonado es posiblemente la dependencia turística que tiene Cantabria
Para visitar el anillo cultural de Santander tienes una notable red de transporte urbano e interurbano sin necesidad de usar el vehículo particular. En cambio, para visitar nuestro patrimonio natural tal como El Soplao, Parque de las Secuoyas, Altamira, Monedas y Castillo o nuestros pueblos nos obligan a emplear ese medio de transporte más contaminante y menos eficiente.
A todo ello, se le está sumando el fenómeno de la turistificación “low cost” y la masificación de entornos altamente dañados, lo que demuestra una vez más la debilidad que tiene nuestra comunidad de atender las demandas ciudadanas internas y externas, y la necesidad que tenemos de tejer una ordenación territorial integradora y regulada.
Para entender los problemas que tenemos, debemos de poner en contexto lo que nos ha llevado a este punto. El problema más sonado es posiblemente la dependencia turística que tiene Cantabria, que ha pasado de un 9,9% de influencia sobre el PIB en 2007 a un 13% en los años recientes, teniendo un gran incremento en los espacios rurales y aproximándose a la influencia que tiene la industria sobre nuestra economía. Una de las medidas que más ha influido a estos datos es la reducción de los precios en el transporte impulsada por el gobierno de España y que tienen una doble lectura: una ansiada/necesaria movilidad a todos los niveles y una aceleración de los problemas territoriales. Muestra de ello son las recientes imágenes del Faro del Caballo en Santoña, con largas colas de jóvenes (muchos de ellos de otros territorios) esperando a visitarlo.
Nuestra deficiente red de transporte autonómica está generando graves daños colaterales que pueden llevarnos a un punto de no retorno
Da la casualidad de que Santoña tiene una aceptable red de transporte, lo que permite la llegada con facilidad de personas, pero en cambio, municipios como Tudanca, Tresviso, Luena, Cabuérniga y muchos otros con un gran valor histórico carecen de esas mismas oportunidades, algo que ahonda en la desigualdad territorial y afecta a los municipios. Es por ese motivo que nuestra deficiente red de transporte autonómica está generando graves daños colaterales que pueden llevarnos a un punto de no retorno.
Los problemas siguen, lo que se refleja también en la celeridad de las nuevas infraestructuras. El vial de la A-67, de incidencia urbana, avanza a un buen ritmo, en cambio, las obras de carretera de acceso al Soplao desde Labarces llevan más de un año de retraso, afectando a vecinos, empresarios, empleados y a los propios visitantes, obligados a utilizar viales de montaña para acceder a la cueva desde Celis o La Cocina.
Como se puede comprobar, los problemas se acumulan en los entornos rurales, que no ven apenas repercusión positiva en un turismo dañino y poco efectivo. La falta de servicios y equipamientos siguen siendo el día a día del 10% de población en Cantabria.
Las soluciones aplicables ante estos retos del presente y futuro se basan en la creación de un sistema comarcal que atienda las demandas históricas y culturales de los territorios, con ámbitos de actuación como la implementación de oficinas técnicas de proyectos, combatiendo la falta de registros al programa único rural o la falta de oportunidades, a lo que se le sumaría una reestructuración integral de la red de servicios y equipamientos y la red de transporte autonómica, con la finalización del monopolio de ALSA y el impulso de un consorcio de transporte interdisciplinar.
Frente a los problemas turísticos, las medidas tienen que comenzar por la regulación de las viviendas turísticas con gravámenes rurales y urbanos que permitan impulsar a la hostelería, una tasa turística escalonada en estancias con bonificaciones municipales, la creación de una red de entornos naturales afectados y la limitación de sus aforos diarios como sucede en otros estados miembros de la UE. Otro aspecto a repensar son las indemnizaciones al sector primario por el daño del lobo, algo necesario pero a lo que se le debería de sumar indemnizaciones por los daños turísticos a los residentes rurales.
En última instancia, con el fin de acercar al 70% de la población urbana de Cantabria a entornos y espacios más rurales, debemos de impulsar escuelas urbanas del sector primario/rural, encargadas de potenciar las redes locales y cooperativas con el objetivo de abandonar el individualismo impulsado por el sistema y potenciar los espacios de colaboración y entendimiento. Todavía podemos vertebrar a todos los territorios de Cantabria y crear una autonomía dinámica, social e igualitaria.