El informe del equipo auditor de la Intervención General del Gobierno de Cantabria, hecho público por Podemos, no solo ofrece sendas recomendaciones para evitar las “irregularidades” en las que ha incurrido la empresa pública Sodercan entre 2008 y 2011, bajo la dirección del actual consejero delegado, Salvador Blanco, sino que señala algunos casos significativos de dichas irregularidades.
Uno de ellos es el que afecta al grupo de comunicación Fraile & Blanco. Según el documento de 266 páginas, las empresas de este grupo conocían el proyecto de televisión de SODERCAN antes de que se fuera a licitar.
Se trata del proyecto TVIP, dividido en seis fases por un valor de más de 720.000 euros en total, de las que tres fueron adjudicadas a empresas o sociedades ligadas al grupo Fraile & Blanco, como la matriz o Comunicación Genial.
El interventor sospecha que si presenta la oferta antes de que se hicieran públicas es debido a que se vulneraron los principios de confidencialidad
Esta última sociedad, además, estaba participada por la propia SODERCAN y la Universidad de Cantabria, de modo que sucedió que SODERCAN realizó una adjudicación a una empresa de la que era parte.
Proyecto conocido con antelación
Según la información que se recoge, Comunicación Genial presentó su propuesta en marzo de 2009, antes de que se sacara a licitación el proyecto en abril de ese mismo año. El interventor sospecha que si presenta la oferta antes de que se hicieran públicas es debido a que se vulneraron los principios de confidencialidad.
Más tarde, en septiembre de 2008, la Universidad, SODERCAN y Fundestic (otra fundación ligada a Fraile & Blanco) manejaban un documento de trabajo sobre producción audiovisual, incluyendo entonces un Plan de Negocio para el período 2008-2011 que reflejaba ya ingresos por la televisión de SODERCAN.
El interventor también apunta la proximidad de fechas entre la creación de la empresa Comunicación Genial y la licitación del proyecto de la televisión (apenas un mes de diferencia). Son indicios que hacen pensar al interventor que existe una “interrelación directa” entre la creación de esta empresa y la adjudicación de proyectos concretos desde SODERCAN.
Proyecto fraccionado
Respecto a la existencia de seis fases, el interventor llama la atención sobre que en realidad era un único proyecto en el que cada parte no podía concebirse por separado. Al fraccionarse, el gasto era inferior y se evitaron ciertas condiciones de transparencia y publicidad.
En realidad era un único proyecto en el que cada parte no podía concebirse por separado. Al fraccionarse, el gasto era inferior y se evitaron ciertas condiciones de transparencia y publicidad
Esta es, de hecho, una de las recomendaciones que recoge el documento, en la que se señala que “el objeto de los contratos no podrá fraccionarse, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo, y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación”.
La primera fase se adjudicó de forma directa, pues Fraile & Blanco la presentó como proyecto piloto, experimental, de prueba. Y lo hizo a solicitud de la propia SODERCAN, según la documentación que han manejado los interventores. Pese a ello, se presentaron otras dos propuestas, que partieron de empresas relacionadas, sin que conste informe que motive la elección.
Hubo otras fases de este proyecto en los que no se solicitó documentación sobre aspectos como su solvencia o capacidades.
Profesional Zone
La intervención también se refiere a otro proyecto, Profesional Zone, en el que se cruzan la empresa pública y el grupo Fraile & Blanco. Una iniciativa se estructuró en cinco fases, y de cada una de ellas se encargó una empresa ligada de algún modo al grupo de comunicación.
De hecho, la Intervención General del Gobierno de Cantabria llama la atención sobre este aspecto, el hecho de que se dividiera el proyecto en cinco fases (puestas en marcha en un plazo de seis meses) a pesar de ser el mismo y no poder concebirse de forma separada.
La Intervención considera que se fraccionó el contrato sin ser conveniente, lo cual impidió que se sometiera a las normas habituales de contratación (incluyendo las de transparencia y publicidad).
En ninguno de los cinco contratos se documentó la necesidad del proyecto, y los pliegos no recogían condiciones precisas y objetivas para la licitación.
