El sindicato Trabajadores Unidos ha abandonado hoy la Mesa de Negociación con el Gobierno de Cantabria al considerar que éste "recorta de forma unilateral" los derechos laborales-salariales de los trabajadores laborales de la Administración General del Gobierno de Cantabria, "otorgando las mejoras dependiendo de la consejería en la que se preste servicio".
Según ha explicado en un comunicado, ha abandonado la mesa tras la reiteración por parte de la directora General de Función Pública, María Eugenia Calvo, de que el 0,20% de la masa salarial previsto para el reparto "entre todo el personal laboral del Gobierno de Cantabria", que emana de los Prepuestos Generales del Estado, se destine "en exclusiva" a la Consejería de Obras Públicas. Y ello "a pesar de que la mayoría de la organizaciones sindicales apostamos por que al ser un dinero de todos, debe de llegar a todos los trabajadores", a través del incremento en paga extraordinaria que permita recuperar lo perdido en la época de recortes y paliar en parte la congelación que en años anteriores hemos sufrido los trabajadores, ha explicado TU. Según este sindicato, Función Pública ha llevado a la mesa de negociación "lo que ha considerado de forma unilateral prioritario, escudándose en una decisión del Consejo de Gobierno".
Tras puntualizar que el sindicato está favor de las mejoras del colectivo de vialidad invernal, ha precisado que "el problema" es que esas mejoras se pretenden costear "con la masa salarial de todos y no con el presupuesto de la Consejería, sin tener en cuenta que se deja en la estacada a los trabajadores de las consejerías de Medio Ambiente, Educación, Cultura, ICASS, Planes Hidráulicos, y parte del personal de la Consejería de Presidencia, con pre acuerdos suscritos y que no se quieren reconocer por parte del Gobierno de Cantabria".
Según TU, la "opinión general de los trabajadores" es que "se administran los derechos en calve electoral, dependiendo del signo político de la consejería de turno, eludiendo que el convenio colectivo del personal laboral y las características de los centros de trabajo debieran haber sido el único parámetro para reconocimiento de los derechos laborales y económicos, y de esta manera administrar con dinero público sin politizar su destino".
