viernes. 26.04.2024

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado por unanimidad dos acuerdos para solicitar la colaboración del Gobierno de Cantabria en la ejecución de sentencias de derribo en Entrelindes y El Cuco.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento, los seis grupos municipales --PSOE, PRC, PP, AVIP, Ciudadanos e IU-- ratificaron las adaptaciones al texto del convenio de colaboración entre el Ejecutivo cántabro y el Consistorio para la ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición en las viviendas situadas en los ámbitos de Entrelindes y los sectores L-05 y L-01, que han suscrito este viernes la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.

El citado convenio tiene como finalidad facilitar a los afectados las correspondientes indemnizaciones, cuya cuantía será adelantada por el Gobierno Regional y abonadas por el Ayuntamiento de Piélagos en un plazo de 25 años.

Asimismo, el Pleno de la Corporación municipal dio este jueves luz verde a la moción presentada por AVIP para la suscripción de otro convenio de colaboración con el Ejecutivo cántabro, en este caso para afrontar conjuntamente las indemnizaciones derivadas de El Cuco", un asunto en el que ya está trabajando el equipo de Gobierno.

El Pleno también ha acordado solicitar a los Servicios Técnicos Municipales un informe sobre la posibilidad de modificar urgentemente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estableciendo la posibilidad de la zonificación.

Duplicar las aportaciones a las juntas vecinales fue otro de los acuerdos, así como la solicitud de la Junta Vecinal de Renedo de modificar los convenios que regulan la gestión del polideportivo de esta localidad y las instalaciones anexas, así como la constitución de un derecho real de usufructo.

También se aprobó la solicitud de la Consejería de Educación de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y tasas urbanísticas por la construcción del nuevo colegio de Renedo, entre otros acuerdos.

Unanimidad para la solicitud de colaboración al Gobierno en las sentencias de derribo
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