El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobaba el pasado 22 de diciembre el Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Santander. Pero en ese documento también se señalan “irregularidades” en dicha gestión, así como “serias deficiencias”.
El ámbito "objetivo" del documento ha estado constituido por la gestión recaudatoria, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, de los impuestos, tasas y contribuciones especiales; de los precios públicos, y de los ingresos derivados de las multas y sanciones del Ayuntamiento de Santander.
La oposición municipal ha asegurado que el Tribunal de Cuentas "aprecia la existencia de un supuesto de responsabilidad contable", ya que el Consistorio capitalino "ha realizado las liquidaciones ingresadas con posterioridad a la finalización del período voluntario sin el recargo ejecutivo del 5%". Se trata, por tanto, de "una deficiencia" que solo ha ocurrido en los ayuntamientos de Albacete, Badajoz y Murcia, "todos ellos gobernados por el Partido Popular".
En este sentido, han explicado que "queremos saber por qué no se ha hecho el recargo correspondiente del 5% que el Ayuntamiento estaría obligado a reclamar por el retraso en la liquidación del ingreso".
El Ayuntamiento "tiene contratada con una empresa privada una asistencia técnica de apoyo al Servicio de Recaudación", que cuenta con 35 trabajadores con antigüedades comprendidas entre los años 1976 y 2008, de modo que en el caso de que esta empresa dejara de prestar dicho servicio el Ayuntamiento, "podría seguir siendo responsable solidario del abono de sus retribuciones".
La oposición municipal lo ha calificado de "despropósito", al que ha abocado De la Serna "privatizando la mayoría de servicios" que se prestan a los ciudadanos. Al hilo, ha alertado de la "gravedad" que supone el hecho de que el Ayuntamiento pueda tener que hacer frente al pago de retribuciones de esos trabajadores.
Esto implica que "se está incumpliendo la legalidad", ya que el Servicio de Contabilidad depende directamente de la Intervención, lo que es "contrario" a lo establecido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, pues "no separa correctamente" las funciones que debe ejercer el Tesorero municipal y la Intervención.
"Aquí no están delimitadas las competencias. Por una parte está la dirección de gestión económico-financiera que debe realizar el Tesorero municipal, y por otra el control y fiscalización interna que debe ejercer la Intervención", ha afirmado la oposición, que también ha criticado "falta de transparencia".
Se refiere en concreto a las aplicaciones informáticas de gestión de ingresos, que "no están integradas con la aplicación del Servicio de Recaudación", lo cual "dificulta el intercambio telemático de la información".
