El Gobierno de Cantabria recurrirá el auto judicial que ha rechazado la medida cautelar que solicitó para que se prohibiera la contratación de las empresas implicadas en la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas. Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Ejecutivo después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que está al frente del caso, notificara a las partes la semana pasada ese auto en el que desestima esta medida.
Además del Gobierno, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria está valorando si adherirse al recurso. Este colectivo está personado en la causa como acusación popular, ya que trató de serlo como acusación particular, pero la jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, lo rechazó.
Mientras, el Ejecutivo regional está personado como afectado por la supuesta trama de corrupción que radica en la Consejería de Obras Públicas. Es por ello que pidió como medidas cautelares, por un lado, incluir en la causa a las empresas implicadas -Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad-, y por otro, prohibir que se les siga contratando.
La magistrada sí aceptó en marzo la primera petición e incluyó en el proceso a las empresas investigadas, ya que entonces solo figuraban sus responsables como personas físicas -los empresarios que fueron detenidos en febrero y puestos a disposición judicial junto al jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, que es el supuesto cabecilla de la trama, y a su mujer-. El objetivo al incluir también a las empresas en la causa era poder apartarlas de los contratos que estaban en licitación, y en los que había participado el jefe del Servicio de Carreteras que se encuentra en prisión provisional.
