Confío en la justicia todos los días, en quienes la imparten y la defienden. Un juez ha estudiado para no mentir ni mentirse. Aplica textos que han diseñado destacados políticos, por muy farragosos que sean (los políticos y sus textos). La justicia está infradotada, con miles de folios por los suelos, muy poco informatizada (en comparación con Hacienda, por ejemplo) y, para colmo, siempre con la espada de los del cuello duro sobre su lomo. Éstos mienten y se mienten sin empacho. Tal pareciera que es el artículo uno de la carrera política.
Los jueces y sus órganos rectores no sólo están a los pies de los caballos de la política en cuanto a las cuotas de renovación (un reparto, en ocasiones, sonrojante, beligerante y nada hidratante), sino que además están sometidos, con evidente fruición, a los intentos de mermar su independencia (y ello ha provocado la reciente reprobación de la UE).
Con la llegada de la democracia a España y la Constitución del 78 algo quedó claro en la relación entre los poderes públicos y la justicia. Ésta era infranqueable y no pocos políticos se sometieron a la dimisión por una imputación. Hubo casos exagerados (aquellos que demostraron su inocencia y ya habían sido estigmatizados), pero se entendía que el paso atrás dignificaba a unos (los investigados) y a otros (los investigadores).
Cuarenta años después todo ha ido a peor. Y no sólo porque casi nadie asume su responsabilidad de manera preventiva, sino porque da la sensación de que el Ejecutivo y el Legislativo le han perdido todo respeto a su compañero de pupitre, el Judicial. Frases como: “Han hablado los jueces, ahora lo hará el Parlamento” o “La venganza y la revancha no son valores constitucionales” (ésta a raíz de la sentencia del Procés y los subsiguientes indultos) no ayudan a la separación de poderes ni a dar credibilidad al sistema, puesto en jaque a la espera del mate. Sólo enfangan a la propia Ley, ésa a la que se somete el ciudadano todos los días de su vida, por cierto.