El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha ratificado la situación de prisión preventiva, comunicada y sin fianza decretada para dos hombres detenidos en marzo en Santander y que están siendo investigados por haber contratado a un sicario para que matara a otro, que había sido socio suyo y con el que surgieron "desavenencias" e intentaron una negociación "ventajosa".
El juez ha acordado mantener la medida cautelar para ambos encarcelados -y que al ingresar en el centro penitenciario de El Dueso en Santoña se comprobó que en sus documentos de identidad figuraba que eran de sexo femenino- en sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, y que no son firmes, toda vez que cabe interponer recurso de reforma contra los mismos.
El magistrado ha tomado la decisión porque no se ha producido "ninguna modificación" de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para adoptar la prisión provisional, el 22 de marzo por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, por tentativa de homicidio, lesiones graves y obstrucción a la justicia, entre otros delitos.
Se refiere en concreto el juez de Madrid a la existencia de "indicios racionales de criminalidad", motivos "bastantes" para creer que los investigados -M.A.V.E. y J.J.T.V.- son autores responsables de los hechos y por riego de fuga y de reiteración delictiva también.
"Dado el momento inicial en que se encuentran las actuaciones, vista la gravedad de los hechos y enfrentándose el investigado a penas de prisión superiores a quince años, el riesgo de fuga es máximo", justifica el magistrado en uno de los dos autos. Y además, la prisión preventiva resulta en estos momentos "el único remedio" para proteger y evitar "nuevos ataques" a las víctimas, como el agredido, que sufrió graves lesiones en diciembre de 2023 cuando regresaba a su domicilio de un paseo.
Fue abordado por la espalda y golpeado en la cabeza con un objeto contundente, que le causó diversas fracturas en cráneo y mandíbula y pérdida de visión de un ojo. Además, los dos sospechosos habían amenazado de muerte a la abogada de este hombre, del que habían sido socios, para que cesara en su defensa, extremo que consiguieron.
Y amenazaron también a un juez de Santander (Instrucción 4), a cuyo domicilio particular remitieron los sospechosos escritos para que archivara la querella criminal que había interpuesto contra ellos el denunciante, tras recibir una paliza previa -en febrero de 2023, cuando iba a entrar con el coche en el garaje de casa- y sobre el que realizaron numerosos seguimientos, que abarcaron a su familia, incluidos sus hijos.
Ese magistrado acordó el sobreseimiento del procedimiento, resolución que está pendiente de apelación tras los recursos interpuestos por supuesta falta de imparcialidad y falta disciplinaria grave, por no haberse abstenido pese a ser denunciante de quienes le habían amenazado, han informado a esta agencia fuentes conocedoras de la causa, y que también han indicado que dicho juez está citado para declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid.
INVESTIGACIÓN
El auto de prisión ratificado ahora fue dictado el pasado 22 de marzo por el juez de Instrucción 1 de Santander, en funciones de guardia esa semana, y a cuya disposición habían pasado tres detenidos en la ciudad, en el marco de una instrucción iniciada meses antes por el Juzgado de Madrid y desde donde se desplazó un grupo especializado de la Policía Nacional con motivo de los arrestos.
El juez cántabro decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, M.A.V.E. y J.J.T.V. -de nombres y apariencia de varón, aunque en sus DNI figura que son mujeres-, como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, obstrucción a la justicia y amenazas, entre otros.
Además, acordó libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado para el tercer implicado. Los tres quedaron a disposición del Juzgado 30 de Madrid, que sigue el procedimiento por los citados delitos y que decretó también el secreto de las actuaciones.
LESIONES Y AMENAZAS
Las diligencias que se están siguiendo se acordaron en base a un atestado policial fechado el 19 de marzo, por la supuesta comisión de un delito de lesiones graves y dos de amenazas graves.
De las pesquisas practicadas se desprende que los dos encarcelados tenían un negocio inmobiliario con otra persona de Madrid con la que surgieron "desavenencias". Y para solucionarlas, intentaron una negociación "ventajosa", que no fue aceptada, por lo que acordaron con un tercero una agresión física a su socio.
Se llevó a cabo en diciembre de 2023, cuando la víctima fue agredida "por la espalda con un martillo o puño americano", lo que le provocó graves lesiones y secuelas, como hemiplejia.
Los investigados, "en su huida hacia delante y con ánimo de obtener beneficio en las negociaciones que se llevaban con el lesionado", remitieron a la abogada de este último un escrito en el que "le amenazaban de muerte" si no se retiraba de la representación legal de la víctima, consiguiendo su propósito y para "obtener una ventaja procesal" en los procedimientos que se estaban tramitando.
Igualmente, una vez comprobaron que la víctima había interpuesto una querella criminal contra ellos por presuntos delitos, y que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, remitieron al domicilio particular de este magistrado sendos escritos amenazándole si no archivaba el procedimiento. El mismo fue sobreseído y su decisión está recurrida.
