viernes 21/1/22

El Pleno del Ayuntamiento de Astillero ha recuperado las competencias en materia del ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la declaración de lesividad, delegaciones que fueron acordadas y delegadas a la junta de gobierno en la sesión plenaria de julio de 2019 y que por mayoría absoluta, a excepción del voto en contra de Ciudadanos, ha salido este viernes adelante en una sesión extraordinaria que solicitaron precisamente los cuatro grupos de la oposición (PSOE, PRC, PP e IU) para dicha finalidad, informan en nota de prensa.

Precisamente, han detallado “la falta de transparencia del gobierno en minoría de Ciudadanos presidido por Javier Fernandez Soberón”, como uno de los detonantes que han llevado a dichas formaciones a que las decisiones que se tomen en el Ayuntamiento “partan del Pleno” y sean consensuadas por el equipo de gobierno y la oposición, puesto que precisamente “es la cámara plenaria la que representa la voluntad popular”.

Durante el debate el portavoz del Partido Socialista, Salomón Martin, enfatizó en que “la voluntad de cinco concejales no puede imponerse a la de doce y argumentó la pérdida de confianza depositada en el equipo de gobierno a consecuencia de los continuos incumplimientos y la falta de transparencia de la gestión de Soberón”. Precisamente el regionalista, Francisco Ortiz, insistió en los "impedimentos" con los que se encuentra la oposición a la hora de acceder a cualquier expediente judicial, del cual “no solo no se informa en las comisiones sino que se pone trabas”. Por su parte el portavoz del PP, José Antonio Garcia, apuntó a la "opacidad del equipo de gobierno y su gestión inclusive en la actual crisis sanitaria, obligando a la oposición a reclamar información continuamente, escudándose detrás de la desgracia para no facilitar a ningún grupo de la oposición cualquier tipo de información”. 

Por último, la representante de Izquierda Unida, la portavoz Leticia Martinez, recordó que ya su formación en el primer pleno de legislatura solicitó que dichas competencias regresaran al pleno “puesto que todos los ciudadanos estamos representados en él” y añadió que además así queda asegurado el derecho a la información “al no tener que recurrir a la justicia para ello”.

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