martes 30/11/21
POLÍTICA

El Ejecutivo se persona en la causa de los trabajadores contra Nestor Martin

La Fiscalía ha decidido enviar la querella por la desaparición de los 18 millones de euros invertidos por el PP al juzgado que instruye la de los empleados para unificarlas.

Andrés de León y Jesús Lavín, a su entrada en los juzgados
Andrés de León y Jesús Lavín, a su entrada en los juzgados

Aunque el Gobierno ha explicado en varias ocasiones que su investigación sobre la desaparición de los 18 millones de euros que el anterior Ejecutivo del PP invirtió en Nestor Martin discurría de forma paralela a la de los trabajadores, este martes la Fiscalía ha remitido la denuncia del Ejecutivo al juzgado que instruye la querella presentada en mayo por la plantilla de la fábrica de estufas de Maliaño contra los antiguos gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, y que les acusa de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Según fuentes del Gobierno, la Fiscalía ha notificado este envío a Sodercan, cuyos servicios jurídicos tienen ya "instrucciones de personarse" en la causa que instruye la magistrada Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander.

Esta querella, que se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual, se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

En lugar de sumarse a la querella de los trabajadores, el Gobierno ha optado por presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de los políticos.

En este sentido, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado que “tenemos nuestra vía judicial”, que pasaba por presentar a la Fiscalía esa denuncia, aunque eso no ha impedido que el Gobierno haya “tenido contacto” constante con los trabajadores.

Pero la Fiscalía ha decidido dar traslado de la documentación al juzgado que instruye la querella de los trabajadores, en lugar de abrir un proceso paralelo, algo que ya apuntó la abogada de la parte social, María Teresa Ortíz, que está a la espera de poder acceder a la auditoría forense.

El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.

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