lunes 18/10/21
CANTABRIA

Al grito de "Chorizos"

Así han recibido los trabajadores de Nestor Martin a los gestores de la empresa a su llegada a los juzgados, donde este miércoles han comenzado a declarar por la desaparición de los 18 millones de euros que invirtió el PP.

Los administradores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín
Andrés de León y Jesús Lavín han empezado a declarar por diversos delitos

El caso de la desaparición de los 18 millones de euros que invirtió el Gobierno del PP en Nestor Martin, más de 21 si se contabilizan los 3,2 millones de la indemnización por despido de los trabajadores de Teka, que fueron recolocados en la fábrica de estufas de Maliaño a cabio de ser subrogados, ha tenido este martes una nueva e importante cita. Los gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, han declarado en la sede judicial de Las Salesas junto a la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña, como imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

Este primer paso en el proceso judicial iniciado por los 42 trabajadores despedidos ha comenzado con dificultades. La llegada de los dos empresarios ha estado marcada por los gritos de “chorizos, devolvednos nuestro dinero” de los trabajadores concentrados a la puerta de los juzgados, que hace poco conocían que el Juzgado de los Social número 3 ratificaba la procedencia de los despidos de los nueve primeros trabajadores que presentaron sendos pleitos, lo que en la práctica supone que Teka no sea considerado responsable de las indemnizaciones.

Aunque las declaraciones de Lavín y De León estaban previstas para el pasado 21 de septiembre, tuvieron que ser aplazadas ante la separación que ambos imputados hicieron de sus defensas, inicialmente conjuntas. Hay que recordar que la querella de los trabajadores, que presentó su abogada, María Teresa Ortiz, se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual.

Dicha querella se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

De esta forma, los operarios de Ecomasa les reclamaban los 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka, que pusieron en esta empresa a cambio de ser subrrogados, y a los que se suman los 18 millones de dinero público aportados por el anterior Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y Sodercán.

Retrasos iniciales

Aunque la hora fijada para el inicio de las declaraciones era las 10:15 horas, ésta se ha retrasado y no ha sido hasta las 10:45 horas cuando los imputados y testigos citados han comenzado a entrar al despacho de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo.

El primero en declarar ha sido el vicepresidente del comité, que ha salido de los juzgados cerca de las 12:00 horas pero ha declinado hacer declaraciones a la prensa. Después, le ha tocado el turno de comparecer ante la jueza a la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo.

La magistrada ha dejado a los antiguos gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, para el final. Sus declaraciones han sido "largas" al contestar a las preguntas de todas las partes.

Denuncia del Gobierno

A la instrucción de esta querella de los trabajadores, se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Gobierno regional ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, fue quien anuncio la presentación de esa denuncia después de que el Consejo de Gobierno analizase el pasado jueves el informe de la auditoria, encargada por Sodercán a la empresa Ernst&Young para "esclarecer cuál ha sido el destino de los 21,2 millones de euros de esta operación".

El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.

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