El jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas, M.A.D.B., en prisión provisional y sin fianza tras declarar ante la jueza por la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas, tenía una cuenta bancaria abierta en Luxemburgo y operaciones con fondos de inversión que suman un importe de adquisición y enajenación superior a los 772.000 euros, algo que para la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander motiva su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga por su “condición de titular de cuentas bancarias en el extranjero”.
Así lo recoge el auto de la jueza en el que ordena el ingreso en prisión, publicado inicialmente por la Cadena Ser y en el que, además, se detalla lo que se considera como una trama organizada que estaría dirigida por el funcionario de Obras Públicas. La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander acusa al jefe de Servicio de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, con una posible pena final muy elevada.
Y es que, junto a la cuenta en Luxemburgo, la jueza detalla otra serie de hechos que se suman a los 530.000 euros encontrados en el domicilio familiar. A partir de movimientos bancarios, documentación incautada y escuchas telefónicas, el auto recoge cómo el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas tuvo en 2022 un volumen de entrada en sus cuentas de casi tres millones de euros, frente al sueldo de casi 70.000 euros como alto funcionario del Ejecutivo cántabro.
Por otro lado, y según publica el citado medio, existirían una serie de pagos ilícitos de las empresas implicadas (Rucecan, La Encina y Api Movilidad) a este funcionario a través de una sociedad familiar, cuya administradora única es la mujer del alto funcionario y su lugar declarado de actividad es el domicilio familiar ubicado en Santander. Dicha sociedad habría recibido de dichas empresas, entre 2020 y 2022, más de medio millón de euros.
Tal y como recoge el auto, M.A.D.B. dirigiría esta trama desde hace al menos 10 años. Su funcionamiento consistía en repartir entre las empresas implicadas los lotes en los que se divide el contrato de mantenimiento y conservación de carreteras, que en este 2023 asciende a unos 16 millones de euros. Para ello, ponía de acuerdo a las partes implicadas para obtener, de manera fraudulenta, licitaciones públicas que implicaban un beneficio económico.
En concreto, ponía en contacto a las diferentes empresas para que alcanzaran un acuerdo tanto en el reparto de los lotes como en la compra de material entre ellas. Incluso, según señala la jueza, realizaba las gestiones necesarias para modificar los precios con posterioridad a la asignación del contrato.
Todo ello unido a las conversaciones telefónicas que confirman estos extremos y a otros indicios como el hecho de que la mujer del funcionario ahora detenido estaba contratada por una de las empresas implicadas, La Encina, sin que la Policía Nacional haya podido demostrar desempeño de actividad alguna.
Ante esta investigación, la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander considera que existen “sólidos indicios” de delito y un “importantísimo peligro de fuga” dada su “importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias en el extranjero”.
