martes. 16.04.2024

La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el funcionario, jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, detenido por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mantenimiento, que ha sido enviado al penal de El Dueso, en Santoña.

Por el contrario, ha dejado en libertad con cargos a los otros cinco detenidos que pasaron esta mañana a disposición judicial, entre los que se encuentra la mujer del funcionario y varios responsables de las empresas implicadas, Rucecan, La Encina y Api Movilidad, a quienes se les ha retirado el pasaporte. Tanto la mujer como los empresarios tendrán que comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

A estos investigados por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se les imputan delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Los seis llegaron esta mañana al edificio judicial de Las Salesas escoltados por la Policía Nacional, para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en las playeras a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en las playeras a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas | Foto: Juan Manuel Serrano Arce
Uno de los implicados en el caso a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Uno de los implicados en el caso a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas | Foto: Juan Manuel Serrano Arce

El miércoles, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y de la Agencia Tributaria irrumpieron en diferentes despachos de la Consejería, empresas y domicilios particulares, se detuvo a dos personas en Madrid además de estos seis procesados, pero fueron puestas ese mismo día en libertad.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de los detenidos ya que el Juzgado mantiene el secreto de sumario, que está previsto que se levante en las próximas horas.

INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación arrancó hace alrededor de un año, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obras.

Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario. Tras las primeras actuaciones, se formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializaron las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las "importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales".

Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en los zapatos a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas | Foto: Juan Manuel Serrano Arce
Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en los zapatos a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas | Foto: Juan Manuel Serrano Arce

La fase de explotación de la operación se concretó el miércoles con la detención de todos los investigados, ocho en total -dos en Madrid- entre el funcionario, algunos familiares y responsables de sociedades que eran adjudicatarias de los contratos.

ENCONTRADOS 530.000 EUROS EN SU CASA

A primera hora de la mañana de este miércoles, la Policía Nacional entraba en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas relacionadas con el servicio de mantenimiento de carreteras. Una investigación conjunta de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria que no afectaba únicamente a esta área del Gobierno de Cantabria. A última hora de este miércoles se habían confirmado ya, al menos, registros en tres compañías de Cantabria.

En concreto, dichas empresas son Rucecan, constructora y promotora con varios contratos realizados con la Consejería y que, según documentación a la que tuvo acceso este medio, muchos de ellos fueron tramitados de urgencia y muchos otros fueron contratos menores. Además de La Encina y Api Movilidad.

Los registros en Obras Públicas, empresas y domicilios se saldaban el miércoles con ocho detenidos (seis en Cantabria y dos en Madrid), de los que solo uno es funcionario del Gobierno de Cantabria. Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario se hallaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

Uno de los implicados en el caso a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Uno de los implicados en el caso a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en las playeras a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas
Uno de los implicados en el caso acude sin cordones en las playeras a su llegada al Complejo Judicial de Las Salesas| Foto: Juan Manuel Serrano Arce

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el funcionario de Obras Públicas
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