El informe de la Intervención General del Gobierno de Cantabria sobre las subvenciones y contratos realizados por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria Regional de Cantabria (SODERCAN) bajo el mandato de Salvador Blanco entre 2008 y 2011 destapa una serie de irregularidades con diferentes empresas, entre ellas el grupo de comunicación Fraile & Blanco. Ahora, y después de haber hecho público esta auditoría, Podemos Cantabria ahonda en las relaciones del Gobierno de Cantabria con la empresa ubicada en Santander y reclama todos los contratos, convenios o subvenciones firmados.
Así se recoge en el escrito hecho público a través de redes sociales por el diputado podemita José Ramón Blanco, quien solicita al Ejecutivo, a través de la Mesa del Parlamento, “copia de todos los contratos, convenios o subvenciones” que la empresa Fraile & Blanco S.L. haya suscrito con el Gobierno “o empresas públicas”.
En este sentido, el documento hace especial hincapié en todos aquellos firmados “con las consejerías de Medio Ambiente e Industria en la legislatura 2003-2007” y en los suscritos “con las consejerías de Economía y vicepresidencia en la legislatura 2007-2011”. A todo ello se suma otros posibles textos “hasta la fecha de presentación de esta solicitud”, es decir, hasta este 1 de junio.
Información previa a contratos
La auditoría publicada hace una semana por Podemos Cantabria revelaba que las empresas que conforman Fraile & Blanco conocían el proyecto de televisión de SODERCAN antes de que se fuera a licitar.
El documento hace especial hincapié en todos aquellos firmados con las consejerías de Medio Ambiente e Industria y con las consejerías de Economía y vicepresidencia
Se trata del proyecto TVIP, dividido en seis fases por un valor de más de 720.000 euros en total, de las que tres fueron adjudicadas a empresas o sociedades ligadas al grupo Fraile & Blanco, como la matriz o Comunicación Genial.
Esta última sociedad, además, estaba participada por la propia SODERCAN y la Universidad de Cantabria, de modo que sucedió que SODERCAN realizó una adjudicación a una empresa de la que era parte.
Proyecto fraccionado
Respecto a la existencia de seis fases, el interventor llama la atención sobre que en realidad era un único proyecto en el que cada parte no podía concebirse por separado. Al fraccionarse, el gasto era inferior y se evitaron ciertas condiciones de transparencia y publicidad.
Esta es, de hecho, una de las recomendaciones que recoge el documento, en la que se señala que “el objeto de los contratos no podrá fraccionarse, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo, y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación”.
