jueves. 11.08.2022

La estabilidad política del Ayuntamiento de Camargo pende de un hilo. Desde que el pasado 10 de junio la mayoría de los concejales del Grupo Municipal Regionalista rompieran el acuerdo con sus socios de Gobierno, el Grupo Municipal Socialista, y votaran en contra de la adjudicación del contrato de basuras (provocando la paralización de un proyecto que, dicho sea de paso, había impulsado el líder de los regionalistas en Camargo, Héctor Lavín), la tensión entre ambos partidos ha ido en aumento. Los últimos acontecimientos han llevado a la alcaldesa, Esther Bolado, a plantear una revisión del pacto de gobierno, que puede terminar con los regionalistas fuera de un Ejecutivo local que vienen gestionando en coalición desde 2015.

Como ya adelantó este diario, la ruptura interna del PRC dejaba en una delicada situación al Ayuntamiento. Fuentes municipales ya avanzaron a eldiariocantabria.es que el voto en contra de dicha adjudicación se podía enmarcar en una estrategia mayor para presentar una posible moción de censura. Termine materializándose o no, lo cierto es que la dureza de los regionalistas contra el PSOE en general y la alcaldesa en particular en un comunicado del pasado miércoles día 13 apunta a una división que, en todo caso, está deteriorando las relaciones de los socios de gobierno, cuyo pacto podría terminar antes de que lleguen las elecciones municipales en mayo del próximo año.

La fecha clave será el próximo martes, 19 de julio, cuando el PSOE de Camargo realizará una asamblea con todos sus militantes. Allí se expondrán los hechos de lo que se viene produciendo en los últimos días, y con toda la información se decidirá si se rompe un pacto de gobierno cuyo deterioro es “evidente”, como ha reconocido Bolado. Lo cierto es que la tensión entre ambos grupos, más allá de lo que se vive internamente en el Ayuntamiento, se hizo visible el pasado miércoles día 13, cuando el PRC exigió públicamente a la alcaldesa, en un comunicado, que garantice la “adecuada” prestación del servicio de limpieza y recogida de basuras hasta que se licite el nuevo contrato.

La nota regionalista apuntaba directamente a Bolado: “Es responsabilidad de la alcaldesa garantizar que se cumplen las condiciones establecidas en ese contrato y debe ejercer esa responsabilidad con el máximo rigor, dado que se trata de un servicio público sumamente sensible para los camargueses”.

De hecho, acusaban a Bolado de “una absoluta irresponsabilidad y una imprudencia” al plantear al Pleno un contrato valorado en 20 millones de euros previamente dictaminado por la Comisión de Hacienda, y con el voto de un concejal socialista “con vinculaciones claras con la empresa que se quería contratar”. Algo que la alcaldesa no solo niega, afirmando que el procedimiento ha sido completamente transparente, sino que considera “muy grave”.

Lo que no menciona el PRC en su comunicado es que fue su propio portavoz y primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, quien impulsó el proceso de adjudicación como responsable de la Concejalía de Contratación. De hecho, durante el pleno en el que todo su partido le dejó solo y votó en contra de la gestión que había hecho, Lavín refrendó la defensa que hizo el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Íñigo Gómez, y destacó que la propuesta de adjudicación “es la oferta más ventajosa porque así lo demuestran todos los informes”. Hasta el momento, es la única vez que Lavín ha hablado sobre lo ocurrido.

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