El Gobierno de Cantabria considera que la reclamación del Gobierno central de las subvenciones concedidas en los años 2011 y 2012 para la Fundación Comillas obedece a una "cuestión política". La Consejería de Economía y Hacienda está estudiando la manera de "parar" la devolución de ese dinero, que la comunidad autónoma debe reintegrar antes del próximo 6 de junio, y que según ha dicho la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, no asciende a cuatro millones de euros sino a 1,83 millones.
A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Torrelavega, la vicepresidenta ha denunciado que es "una cuestión política" y que desde que cambió el color político del Gobierno de Cantabria, desde Madrid "se está asfixiando económicamente" a la comunidad autónoma, a la que el Gobierno central reclama ahora "todo aquello que no reclamó y exigió al anterior Gobierno", del PP.
Díaz Tezanos ha dicho que la Consejería de Economía y Hacienda "está estudiando el expediente para ver qué medidas tomamos" y "las posibilidades que tenemos para paralizar" la reclamación, porque la situación económica es "complicada" y el Gobierno central "nos está reclamando algunas cuestiones que son por incompetencia y dejadez del anterior gobierno del PP", ha dicho.
La Consejería de Economía y Hacienda "está estudiando el expediente para ver qué medidas tomamos"
La vicepresidenta ha añadido que el consejero de Economía, Juan José Sota, "hablará con quien tenga que hablar" en el Gobierno de España, "si es que coge el teléfono", ha puntualizado, porque en estos momentos la situación política "es de bastante incertidumbre y de no tener con quien hablar", ha añadido.
Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno central también ha reclamado a Cantabria una deuda de 4,6 millones de euros con la empresa pública del agua, Acuaes, "por impagos del gobierno del PP a lo largo de la anterior legislatura". "Nada más tomar posesión este gobierno, la primera carta que recibimos fue reclamando ese dinero; esto es una cuestión política desde el momento en que cambió el Gobierno de la comunidad autónoma y no era del color político del Gobierno de España", ha reiterado.
Error de interpretación
Por su parte, el director general de la Fundación Comillas, Manuel Preciado Gandarillas, ha indicado que la institución presentará alegaciones al informe de la Intervención General del Estado en el que se basa el Ministerio de Hacienda para reclamar a esta entidad 1,5 millones de las subvenciones otorgadas en 2011 y 2012 -y que con los intereses se elevarían a 1,8 millones-.
Preciado Gandarillas ha achacado dicha reclamación a un "error de interpretación" o "confusión conceptual" en el informe realizado por la Fundación para justificar el gasto de las ayudas, y que no está "mal hecho" -como tampoco está el dinero "mal invertido"-, sino que tal vez se haya producido dicho error por haber "entrado en tanto detalle".
En este sentido, ha explicado que en dicho informe, que se acompaña de otros encargados a auditorías, se establecen varios epígrafes, en los que se incluyen gastos institucionales, de investigación, promoción o de carácter general (como de teléfono), lo que puede llevar a considerar que la Fundación tiene "muchas" actividades, cuando en realidad ésta es "única", la de difusión y promoción de la lengua española.
Preciado Gandarillas ha achacado dicha reclamación a un "error de interpretación" o "confusión conceptual" en el informe
Según ha señalado a esta agencia, los 1,5 millones que la Administración reclama a la región -cuantía a la que hay que sumar los intereses devengados- se corresponden con las subvenciones otorgadas en 2011 y 2012.
En concreto, Hacienda exige la devolución de uno de los dos millones entregados en 2011, y 475.000 euros más del medio millón aportado a la Fundación en 2012 (ese año solo se destinaron 500.000 euros por "problemas presupuestarios", y en el ejercicio siguiente, en 2013, el Estado "rompió" el convenio establecido y no se hicieron más de las aportaciones previstas).
El dinero recibido entonces y reclamado ahora se destinó en su totalidad a la "única" actividad de la entidad, esto es, la promoción y enseñanza de la lengua española en la sede de la antigua Universidad Pontificia de Comillas, según ha subrayado su director.
Tal y como ha detallado, tras la aportación recibida en 2010, cuando comenzó el convenio suscrito entre la Fundación y el Ministerio de Educación para percibir aportaciones con carácter plurianual, se realizó un informe para justificar el gasto de esas ayudas, a los seis meses del cierre del ejercicio, y se acompañó de otro hecho por una auditoría.
Y como "nadie dice nada" sobre el mismo y se da por "buena" la inversión, en los ejercicios sucesivos se procedió de igual forma, dividiendo la actividad de la entidad en varios epígrafes en los que se incluyen los gastos correspondientes a cada uno (investigación, promoción, etc).
En noviembre de 2013 la Fundación recibió el inicio del procedimiento para el reintegro de los 1,5 millones de subvención de 2011, al considerar que había "muchas actividades" (institucional, investigadora, promocional, etc) alegando el Estado que la ayuda era solo para la difusión del español, y no para otros gastos.
En noviembre de 2013 la Fundación recibió el inicio del procedimiento para el reintegro de los 1,5 millones de subvención de 2011
Así, en febrero de 2014 la entidad cultural presentó alegaciones a ese informe explicando "uno por uno" los gastos realizados pero concluyendo que la actividad de la entidad es "única". Y tres meses después, en mayo, recibieron la resolución definitiva del Ministerio, que daba por buena la justificación hecha de las ayudas correspondientes a 2011. Tan solo pidieron desde el Estado que se reintegraran 28.000 euros al considerar que no estaban "bien justificados", abono que se realizó y con el que se "cerró" el proceso.
Pero un año después, en mayo de 2015, la Intervención General del Estado argumentó en contra del expediente del Ministerio de Hacienda, por estar "divididos" los gastos y parecer que hay "más actividad" de la subvencionable, de modo que la Fundación Comillas tuvo que "volver a empezar".
En consecuencia, la entidad presentó las mismas alegaciones que al Ministerio, y las acompañó del informe de una nueva auditoría. Aún así, y como resultó que no era "suficiente", el Estado volvió a reclamar la cuantía, según ha señalado Preciado Gandarillas, a quien le "choca" que haya varios informes y una resolución estatal "conforme" y otro informe del Estado "en contra".
Así las cosas, la Fundación Comillas volverá a presentar nuevas alegaciones, junto a un informe económico de la situación de la entidad, con el objetivo de "paralizar" el abono de la cantidad que reclama el Estado, los 1,5 millones más intereses (1,8 millones). El plazo para entregarlas acaba el próximo 6 de junio.
