sábado 25/9/21
SANTANDER

PSOE y PRC denuncian “trato de favor” con Guillermo Vega al tramitar en 11 días una licencia de obra que tarda “entre 3 y 4 meses”

La oposición pide el cese o la dimisión del concejal de Urbanismo, César Díaz, ante lo que consideran una “dejación de funciones” y una “aparente negligencia política”.

La segunda denuncia de los vecinos estuvo acompañada de un informe de un arquitecto que menciona “daños estructurales que ponían en peligro” el edificio derrumbado. El Ayuntamiento tardó 13 días en atenderlo.

Estado en el que se encuentra actualmente el edificio derrumbado en Santander
Estado en el que se encuentra actualmente el edificio derrumbado en Santander

El derrumbe del edificio ubicado en el número 57 de la calle del Sol de Santander ha puesto al descubierto lo que, según la oposición, es una “dejación de funciones” y una “aparente negligencia política”, además de un “posible trato de favor” del equipo de Gobierno con el promotor de la obra, Guillermo Vega, que presuntamente ha provocado el suceso por el que 27 personas han perdido su vivienda. En una rueda de prensa ofrecida por PSOE y PRC, el portavoz de los regionalistas en el Ayuntamiento, José María Fuentes-Pila, ha especificado que la segunda denuncia de los vecinos estuvo acompañada por el informe de un arquitecto, en el que se destacaban “daños estructurales que ponían en peligro el edificio”. Dicho informe, como ha explicado, tardó “13 días en ser atendido”. La licencia de obra mayor que se solicitó tardó en ser entregada 11 días, cuando habitualmente es “entre tres y cuatro meses”.

“11 días fueron suficientes para concederla pero no para atender el informe del arquitecto”, ha denunciado el líder regionalista en Santander

“11 días fueron suficientes para concederla pero no para atender el informe del arquitecto”, ha denunciado el líder regionalista en Santander, para quien lo ocurrido “se podría haber evitado”. En este sentido, ha criticado que el equipo de Gobierno del PP “atiende mejor a los que presuntamente incumplen la ley” que a los vecinos por los que trabaja. Y aunque ha reconocido que durante estos días se han escuchado muchas declaraciones, “no hemos oído lo que debería haberse dicho”, que es “pedir perdón a los vecinos”, crear una “comisión de investigación de inmediato”, presentar ante la Fiscalía las conclusiones de la investigación municipal y que el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, dimita o sea cesado por Gema Igual.

Tanto Fuentes-Pila como el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Casares, han reclamado de este modo la dimisión del concejal, al que han afeado también el hecho de que haya asegurado que desconoce cuáles son los plazos en los que se tramita la concesión de estas licencias de obra. El PRC ha aclarado que “la responsabilidad última la decide el juez, pero hay una responsabilidad política. César Díaz no puede seguir: o dimite o le cesa Gema Igual”.

Ante todo esto, los partidos se han preguntado si “¿hubo trato especial?”, anunciando que ya han pedido todas las licencias de obra mayor y menor concedidas en 2016 y 2017 para conocer los tiempos y los procesos habituales en estos casos.

LAS OBRAS NUNCA SE PARARON

Respecto a la orden de paralizar las obras entre la concesión de una licencia y otra, Casares ha asegurado que “nunca se pararon las obras”. De hecho, ha llegado a afirmar que se retrasó dicha paralización para que el plazo entre ambas licencias fuese lo más corto posible. “Es muy grave y debería tener consecuencias”, ha opinado, a lo que Fuentes-Pila ha añadido que “los despropósitos ponen dudas muy graves” sobre la gestión del equipo de Gobierno del PP.

El tiempo medio para conceder una licencia de obra menor en el Ayuntamiento de Santander es de un mes

A todo esto se suma el daño a los vecinos. “El Ayuntamiento debería proceder de manera urgente”, ha mencionado Casares, quien ha defendido que debería haberse dado “otra respuesta habitacional” y ha denunciado la “negligencia del Ayuntamiento” ante unos vecinos que “han hecho todo lo que está en sus manos”.

Respecto a las relaciones de Guillermo Vega con el equipo de Gobierno durante varios años, Fuentes-Pila ha defendido que, “independientemente” de esto, “las pautas seguidas son asombrosas”. En este sentido, cabe recordar que Vega es el encargado de organizar los conciertos de la Semana Grande de Santander a través de Mouro Producciones, recibiendo por esto 100.000 euros del Ayuntamiento tras ganar un concurso público bajo el mandato de Íñigo de la Serna.

En concreto, dichas pautas, según ha detallado el portavoz socialista, establecen que la primera licencia de obra menor pedida en abril se concedió en ocho días y la segunda, en mayo, se presentó un viernes a las 13:25 horas y se concedió el lunes siguiente en el plazo de "una hora". El tiempo medio para conceder una licencia de obra menor en el Ayuntamiento de Santander es de un mes, y el mínimo para cambiar de negociado son 24 horas. Respecto a la licencia de obra mayor, se solicitó el 12 de junio y el 23 de junio ya la había firmado el concejal.

En lo que a la paralización de las obras se refiere, el PSOE ha explicado que el 15 de junio se ordenó paralizar las obras, orden que César Díaz no firmó hasta el 21 de junio y que se comunicó a la Policía Local el 26, acudiendo un día después al local. A su juicio, existe una "intención clara de demora" y un tiempo en el que "casualmente" se obtiene la licencia de obra, que así queda legalizada.

Además, según el socialista, el 28 de junio Díaz "firma el archivo del expediente de delito urbanístico" y "no sabemos por qué; la primera gran mentira de César Díaz”.

Por otro lado, el socialista también ha censurado que el promotor pidió licencias de obras por 30.000 euros, cuando él mismo aseguraba en publicaciones propias que era una inversión de 200.000 euros. Por su parte, el portavoz regionalista ha recordado la "obligación" del Ayuntamiento de "vigilar" que las obras se adecuen a las licencias concedidas.

Gema Igual ha adelantado que tanto ella como el concejal de Infraestructuras, César Díaz, van a estar “de aquí en adelante y como han hecho hasta ahora, buscando soluciones”

Por otro lado, a última hora de este lunes el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santander Antonio Mantecón ha exigido la "inhabilitación" del empresario Guillermo Vega y todas sus sociedades, para contratar con el Ayuntamiento y recibir subvenciones del mismo.

Así lo señala en una nota en la que el edil urge la incoación del expediente sancionador que dé continuidad al disciplinario abierto el pasado 15 de junio contra el responsable de las obras de reforma en el local.

Dicho expediente disciplinario se abrió por la realización de trabajos en el pub, para los que se había solicitado únicamente una licencia de obra menor, "habiendo sido constatado que se habían excedido los límites legales de la misma", apunta Mantecón.

APUNTALAR EL EDIFICIO

Este lunes también se ha dado a conocer que han comenzado las labores para apuntalar el edificio derrumbado, una vez que los técnicos pudieron entrar el fin de semana a la construcción para valorar su estado y tras concluir las tareas de desescombro de la parte que se vino abajo.

"Sigue todo según lo previsto", ha indicado a los periodistas Gema Igual, que este lunes se ha reunido con los responsables del expediente administrativo abierto tras el desplome parcial del edificio, que afectó a las cinco viviendas de la izquierda.

Mientras, las puertas de la mano derecha y del centro presentaban "buen estado", aunque habrá que reforzar algunas partes del inmueble, fundamentalmente las que lindan con la zona que se desplomó.

Además, la regidora -que el sábado se entrevistó con técnicos y vecinos- también ha hablado este lunes con la presidenta de la comunidad de propietarios, como hace "todos los días" desde el derrumbe, desde cuando se mantienen también encuentros diarios.

"Seguimos trabajando como se hace todos los días desde derrumbe", ha señalado Igual, que ha añadido que "todos los días intentamos poner luz a este suceso", para "saber exactamente qué ha pasado" -los vecinos achacan lo ocurrido a las obras de reforma que se estaban realizando en el bar ubicado en uno de los bajos comerciales- y "depurar responsabilidades".

Respecto a la petición de dimisión o cese de Díaz, la alcaldesa ha señalado en un comunicado que el equipo de gobierno continuará su trabajo con “la diligencia, la transparencia y la dedicación” con la que están actuando para ayudar a los vecinos, y ha adelantado que tanto ella como el concejal de Infraestructuras, César Díaz, van a estar “de aquí en adelante y como han hecho hasta ahora, buscando soluciones”, y ha replicado que “lo fácil ahora es pedir dimisiones”.

"Si algunas personas no tienen dónde ir, podríamos intentar facilitarles una ayuda, aunque el Ayuntamiento espero que les esté ofreciendo algo ya", ha explicado Mazón

SOLUCIÓN BREVE

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha manifestado que espera que el Ayuntamiento de Santander resuelva a "la mayor brevedad posible" la situación de los vecinos, ya sea consiguiendo que vuelvan a sus casas o proporcionándoles otras.

"Yo espero que el ayuntamiento pueda resolverlo a la mayor brevedad posible y los vecinos vuelvan a sus casas, a éstas o a otras que les proporcionen", ha señalado a preguntas de la prensa tras presidir la reunión del Observatorio de Vivienda en la sede del Gobierno.

Cuestionado por posibles ayudas del Ejecutivo a estos vecinos, ha apuntado que el Gobierno no tiene "ninguna responsabilidad en el tema", que es "estrictamente municipal", y ha afirmado que desde la administración regional no hay "ninguna ayuda" concreta para estos casos, aunque los afectados "pueden acudir, como todos, a la Oficina de Emergencia Habitacional".

"Si algunas personas no tienen dónde ir, podríamos intentar facilitarles una ayuda, aunque el Ayuntamiento espero que les esté ofreciendo algo ya, espero que sí, y muchos de ellos están solucionando su problema con ayuda familiar", ha añadido el consejero de Vivienda, que ha añadido que el Gobierno estará "ahí en caso de que hiciese falta".

Además, Mazón ha indicado que el Gobierno concedió el pasado año a esta comunidad de propietarios una ayuda para la instalación de un ascensor, que ya fue concedida y abonada y que se solicitó con el correspondiente informe de evaluación del edificio y del técnico competente.

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