La lucha de V. G. G. por hacer justicia para su hija, coaccionada y acosada por su novio en 2011 y sufriendo a raíz de ello secuelas psicológicas, ha adquirido un nuevo cariz en abril de este 2016 con la presentación de una querella contra la Fiscal de Menores de Cantabria, a la que acusa de obstruir una investigación judicial y realizar un proceso plagado de deficiencias.
Según la querella a la que ha tenido acceso este diario, se denuncia lo que considera una “actuación interesada” de la fiscal desde que en abril de 2011 este ‘Padre Coraje’ llevara ante los tribunales a los responsables de la violencia de género que había sufrido su hija. En dicha ocasión V. G. G. relató los “actos de acoso sexual, coacciones, amenazas y distribución de pornografía” que había sufrido la, por entonces, menor de edad.
Asimismo, se solicitó una intervención de los ordenadores de los denunciados, a lo que la fiscal hizo “caso omiso”. Según el relato de los hechos realizado por el abogado de la joven y de V. G. G., a “esta primera actuación” le siguió una “gestión que nunca se realizó” un mes después referente a la colaboración de la especialista en psiquiatría del Servicio Cántabro de Salud que había atendido a la menor, y que no solo confirmó las secuelas del acoso, sino que “detallaba la imposibilidad de declarar” por parte de la joven y se ponía a disposición de la Fiscalía “si precisan”.
A “esta primera actuación” le siguió una “gestión que nunca se realizó” un mes después referente a la colaboración de la especialista en psiquiatría del Servicio Cántabro de Salud
Protección de datos
La querella presentada también recoge la solicitud de junio de 2011 de una nueva actuación de la Fiscalía para “examinar el disco duro del acosador y sus servidores de correo electrónico”, petición que tampoco atendió. En este caso, el escrito considera que “hubiera sido de extrema importancia” una salvaguarda de estos datos, pues la Ley de Protección de Datos obliga a las empresas a borrar la información “pasado un año salvo que se pida por la autoridad judicial”. La primera vez que se sube la imagen de la menor a internet fue en julio de 2010.
“Una vez más, la inactividad de la querellada dio al traste con la investigación”, denuncia el documento, en el que se detalla además que a pesar de que se hubiera borrado la información, los expertos “hubieran podido obtenerlos”, a lo que se añade la presentación como prueba de conversaciones de chat entre la menor y su novio en aquel momento, a través de las cuales se podría haber abierto otra línea investigadora “que no se siguió”.
A estos hechos se suma que el departamento especializado en informática de la Guardia Civil “desconocía completamente la historia”, pues únicamente se les había requerido “para tareas administrativas”. “La obstrucción investigadora no deja lugar a dudas”, valora la querella.
El departamento especializado en informática de la Guardia Civil “desconocía completamente la historia”, pues únicamente se les había requerido “para tareas administrativas”
Las deficiencias denunciadas por V. G. G. y su abogado fueron recogidas en la sentencia 177/2014 de la Audiencia Provincial Sección 1, que reconoce que “la instrucción no ha sido lo diligente que cabría exigir en un hecho que ha tenido unas consecuencias ciertamente graves”, considerando además que “tal deficiente instrucción, en cuanto ha dificultado obtener pruebas de la comisión de los delitos, solo podría beneficiar a la defensa”.
Dificultad para identificar
Otro de los puntos relevantes de la querella presentada es el relativo a la ausencia de “identificación del resto de menores” que contribuyeron en los hechos denunciados por este ‘Padre Coraje’.
Según denuncia, en agosto de 2011 uno de los amigos del novio de la menor confirmó la existencia de la fotografía, que él pudo ver en el móvil del acusado, así como la “realización de un evento en Tuenti” que le habían dicho el resto de denunciados. Esta declaración “no fue suficiente para que la fiscal investigara los ordenadores de los denunciados”, ante lo que alegó además que “no se pudo encontrar” a los mencionados jóvenes.
Uno de los amigos del novio de la menor confirmó la existencia de la fotografía, que él pudo ver en el móvil del acusado, así como la “realización de un evento en Tuenti”
Sin embargo, V. G. G. alega que facilitó en su escrito de denuncia el instituto en el que estudiaban. Ante esto, la querella realiza una apreciación, y es que el padre de uno de los denunciados que no se pudo encontrar es inspector del Cuerpo Nacional de Policía.
Finalmente, el documento añade como posible actuación interesada y obstrucción a la investigación judicial de la fiscal los “impedimentos a que la declaración de la víctima en la vista se realizara por videoconferencia al objeto de evitarle el sufrimiento” de volver a encontrarse con los denunciados, así como la decisión de obviar una serie de investigaciones “antes de dar por concluida precipitadamente su actuación”.
Como alega V. G. G., “todas estas deficiencias en la investigación supusieron que, de los seis denunciados (el novio y cinco amigos), solo se pudiera imputar al novio”. La “lamentable investigación” les permitió declarar como “testigos por falta de pruebas”.
El ahora ex novio ya ha sido condenado por coacciones y amenazas, y absuelto del delito de lesiones en base a la declaración de la forense. En dicha declaración declaró “lo contrario a lo expuesto por la víctima” y “contradijo a los especialistas que la trataron”. Según personas allegadas a la víctima, la forense también está siendo denunciada por falsedad en otras instancias Judiciales.
La familia ha tenido que encargarse de la gestión del abogado en estos litigios a pesar de tener reconocida la Asistencia Jurídica Gratuita. Según denuncian, el Colegio de Abogados no ha prestado el servicio que la Ley le encomienda dada las características de los estamentos a denunciar, ante la pasividad de los diferentes gobiernos regionales (ni el formado por el PP ni el actual bipartito PRC-PSOE), últimos responsables de que la Asistencia Jurídica Gratuita se cumpla.
