En 2011, siendo menor de edad, la hija de V.G.G. sufrió violencia de género y acoso por parte de su novio en aquellos años en Torrelavega. Los hechos han provocado que la joven haya sufrido fuertes crisis llegando incluso a pensar en quitarse la vida. La solución para la familia ha sido salir de la ciudad y de la región, pero no por ello han dejado de luchar. El hombre viaja cada mes a Santander para manifestarse frente a la sede del Gobierno de Cantabria en solitario, exigiendo algo tan sencillo y humano como que los culpables, tanto los que han provocado el estado de su hija como los que atacan a otras mujeres, no salgan impunes.
Para ello, cada mes trata de recoger firmas para tratar de promover un cambio normativo. “Hay que buscar la manera de que la justicia no dependa del juez o el abogado que te toque”, ha reclamado este ‘Padre Coraje’.
Entre las medidas que reclama destaca la “despolitización completa de la Justicia” para que todos sus miembros, desde jueces hasta fiscales, sean “designados y promocionados por un sistema de igualdad, mérito y capacidad”, dejando al margen las posibles injerencias políticas.
En 2010 una menor de 16 años fue coaccionada por su novio de entonces para que se hiciera una foto de sus pechos y se la enviara
Asimismo, pide que los delitos en los que se vea implicada alguna personalidad local o algún familiar cercano de los representantes judiciales sean juzgados por una nueva figura, el “Tribunal Centralizado” o un jurado popular, de modo que se eviten posibles influencias ajenas a lo puramente judicial. En este sentido, reclama que este tipo de casos no puedan ser archivados en fase de instrucción “salvo decisión” del mencionado Tribunal o del jurado popular.
También propone que en estos casos de relevancia local los abogados del turno de oficio que se asignen, y que ahora deben pertenecer “al lugar en el que se produce la denuncia”, puedan ser ajenos a la región siempre que lo solicite el denunciante.
Por último, solicita eliminar “cualquier tipo de aforamiento o privilegio”, y establecer un agravante en la falsedad del testimonio de cualquier implicado en un delito.
Coacción y amenazas condicionales
Los hechos que denuncia V.G.G. se iniciaron en julio de 2010, cuando A.G., por entonces de 16 años, fue coaccionada por su novio, A.P., casi un año mayor que ella, para que se hiciera una foto enseñando sus pechos y se la enviara. Durante una conversación de Messenger a la que ha tenido acceso este diario, la joven se niega en reiteradas ocasiones, pero la presión del chico llevó a que, finalmente, enviara la mencionada foto.
Una semana después, y con la amenaza de subirla a las redes sociales, la joven fue coaccionada a través de otra conversación por Messenger a realizar diferentes prácticas sexuales. Sus constantes negativas llevaron al chico a cumplir su amenaza y subir la imagen a redes sociales. Semanas más tarde se crearon varios eventos en ‘Tuenti’ con la imagen de la menor, uno de los cuales rezaba textualmente “esterminemosla para tener un mundo mejor”. Supuestamente, y según las denuncias presentadas, los responsables fueron el ex novio y cinco amigos más, que ejercieron sobre la joven “violencia psicológica y machista”, según denuncia el padre.
Semanas más tarde se crearon varios eventos en 'Tuenti' con la imagen de la menor, uno de los cuales rezaba textualmente "esterminemosla para tener un mundo mejor"
El calvario de la joven no termina aquí. Durante los días posteriores un usuario no identificado que usaba el Nick ‘Dark Juan Aguila’ utilizó la foto para, “por medio de conversaciones de ‘Tuenti’, exigirle mantener relaciones sexuales”, según recoge la sentencia del Juzgado de Menores, recogida a su vez en la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Cantabria.
Las consecuencias no se hicieron esperar. A.G. sufrió “una situación de burla, humillación, rechazo por sus compañeros y aislamiento social”, generando un cuadro de estrés agudo, “con importantes secuelas de carácter psiquiátrico”. La vergüenza de lo ocurrido hizo que el caso permaneciera oculto hasta abril de 2011, cuando se lo cuenta a sus padres, que presentaron la primera denuncia e iniciaron el proceso.
Toda esta situación ha provocado, además, un cuadro por depresión al padre, V.G.G., y ha obligado a la familia, “por recomendación médica”, a trasladarse a Asturias. Los dos intentos por volver a la región para recuperar sus vidas han sido infructuosos.
La sentencia de la Audiencia Provincial de 2014, contra la que no cabe recurso, reconoce la condena impuesta por el Juzgado de Menores a A.P. por un periodo de 9 meses a prestar servicios “en beneficio de la comunidad, de carácter humanitario, con discapacitados psíquicos, por un tiempo de setenta horas” por la comisión de un delito de coacciones y un delito de amenazas condicionales, a lo que añade una indemnización de 6.000 euros, ratificando la absolución del menor por los delitos de pornografía infantil y lesiones. La menor, seis años después, sigue bajo tratamiento psicológico por las agresiones sufridas.
