La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha indicado que el Gobierno ha pagado ya más de un millón de euros por daños morales a 107 afectados por sentencias de derribo y 193.000 euros de responsabilidad patrimonial a los propietarios de dos viviendas de Argoños.
Díaz Tezanos, que ostenta las competencias del Ejecutivo en materia de Urbanismo, ha señalado que esta cuantía "es mucho más de lo que se ha pagado desde 2008 hasta 2015" lo que, a su juicio, "pone de manifiesto la firme voluntad del Gobierno de estar con las familias afectadas, de defender sus intereses y su patrimonio porque son víctimas inocentes de una situación para nada achacable a ellos".
Por ello, ha destacado que el Ejecutivo trabaja conjuntamente con la asociación que aglutina los afectados por derribos en Cantabria, AMA, y así ir "dando respuesta a las responsabilidades que el Gobierno tiene" en este problema.
El Ejecutivo "respeta los convenios" entre Gobierno y propietarios porque los "considera perfectamente válidos sin ninguna duda"
Así se ha pronunciado este martes la vicepresidenta regional a preguntas de la prensa tras presentar el contrato-programa de la UC para 2016.
Sobre los convenios entre el Gobierno y los propietarios para indemnizarles o darles otra vivienda, Díaz Tezanos ha afirmado que el Ejecutivo "respeta esos convenios" porque los "considera perfectamente válidos sin ninguna duda".
En cuanto a la reivindicación de AMA de que las viviendas se paguen a precio de mercado, ha dicho que está "claro" que "antes de derribar hay que indemnizar" y el Gobierno así "lo cumplirá", aunque ha insistido en que "lógicamente hay que tasar para ver el valor correspondiente de cada vivienda".
Preguntada por los calendarios de derribos remitidos por los ayuntamientos de Escalante y Argoños a los tribunales, ha reiterado que el alcalde de Escalante, Juan José Alonso, se ha comprometido a "hacer una aclaración a la contestación que había hecho a la sala el pasado mes de febrero".
"Por lo tanto, espero que esta aclaración se produzca en los próximos días y esté en línea y en coordinación con la postura que ha venido defendiendo el Gobierno", es decir, por tratar de legalizar las viviendas y no por derribarlas, algo que confía en que haga también el Consistorio de Argoños.
No se puede vacilar a la Justicia
Al hilo de estas declaraciones, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, ha asegurado que este Ayuntamiento "mantiene" el calendario de derribos de viviendas del municipio presentado a requerimiento de la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El alcalde de Argoños ha desmentido que el Consistorio haya registrado otro escrito a raíz de las concentraciones porque "no se puede vacilar" a la justicia
El regidor ha desmentido que el Consistorio haya registrado otro escrito a raíz de las concentraciones y reuniones de este lunes de los afectados, en el TSJC y en el Ejecutivo autonómico, porque, según ha manifestado, "no se puede vacilar" a la justicia y a los tribunales.
"La Sala pide que se haga un calendario de derribos y es lo que se ha hecho", ha apuntado Barruetabeña, quien no obstante espera que finalmente no se produzca ninguna demolición.
En este sentido, ha expresado que desea que los jueces "tiren a la basura" el calendario presentado y "den la razón" al Gobierno de Cantabria, que ha remitido un escrito a la Sala para evitar los derribos hasta que se legalicen las viviendas y se indemnice a las víctimas, por ejemplo con la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana de los municipios, y una vez que el Tribunal Constitución anuló las autorizaciones provisionales aprobadas la pasada legislatura.
Al hilo de esto último, el regidor ha indicado que el PGOU de Argoños se aprobó inicialmente el pasado mes de marzo, por lo que "si todo va bien" podría recibir luz verde definitiva a finales de este año o principios del próximo, una vez esté el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que depende de la administración regional y que podría ser una realidad este verano.
Así las cosas, la aprobación del PGOU podría ser "una vía" para "solucionar" el problema de los derribos en Argoños e intentar regularizar las 255 viviendas sobre las que pesa sentencia firme de derribo.
De acuerdo con el calendario propuesto por el Ayuntamiento, las primeras demoliciones se acometerían en el 2017, y comenzarían por las 99 viviendas de la urbanización La Llana, cuya ilegalidad es "cien por cien" responsabilidad del Gobierno de Cantabria, ya que esta administración local no tiene recursos "ni para pagar los daños morales ni los derribos".
Para finalizar, el regidor ha mostrado su "descontento" con la "descoordinación" que a su juicio está habiendo en este tema por parte del Ejecutivo PRC-PSOE, que es el que -ha dicho- tiene que informar y convocar a los municipios.
