La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha pedido que se "clarifique" la situación en que se encuentran "lo antes posible", tras la noticia conocida este fin de semana de que Argoños y Escalante darían luz verde a iniciar la demolición de 287 viviendas, 255 en el primer ayuntamiento y 32 en el segundo.
Precisamente, "si no hay algo que lo impida", en "tres meses" se podría proceder al derribo de los 32 pisos del edificio Tres Torres de Escalante, y el próximo año a las 99 viviendas de la urbanización La Llana de Argoños.
Así lo ha advertido el portavoz de AMA, Antonio Vilela, tras reunirse este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, José Luis López del Moral, al que han pedido que se "clarifique" la situación de los derribos en la región.
López del Moral les ha transmitido que por un lado están las leyes y, por otro, el factor humano y el "dolor" que produce su aplicación
El encuentro se ha producido con motivo de una concentración que han secundado cerca de 200 personas frente a la sede judicial de Las Salesas, previa a otra que han celebrado ante el edificio del Gobierno autonómico, en Peñaherbosa, y donde han sido recibidos por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y los directores de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Palacio y Francisco González.
Según ha indicado Vilela a los periodistas, López del Moral les ha transmitido que por un lado están las leyes y, por otro, el factor humano y el "dolor" que produce su aplicación. Así, una de las "mayores preocupaciones" del presidente del TSJC no es tanto la ejecución de las sentencias y los derribos, sino la "situación real" en que quedan los afectados.
Posteriormente, la vicepresidenta les ha informado de que se acaba de reunir con el alcalde de Escalante, Juan José Alonso, quien a su vez le había manifestado que el escrito que el Ayuntamiento había remitido a los tribunales (el calendario de derribos) no era lo "acordado", por lo que se iba a enviar uno nuevo, en línea con la postura del Gobierno regional. Desde AMA confían que el consistorio de Argoños haga también lo mismo.
Y a los periodistas, Eva Díaz Tezanos ha expresado su "sorpresa" por la postura de estos dos municipios, ambos del PP, que podría dar pie a una "rápida" ejecución de derribos. La también líder del PSC-PSOE ha opinado que se trata de un posición "partidista".
Vilela ha mostrado su "sorpresa" por la postura de Argoños y Escalante al presentar el calendario de derribos
De todas formas, la titular de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social ha reafirmado la "voluntad firme" de seguir colaborando y cooperando, tanto con los tribunales como con "todos" los ayuntamientos.
Así, ha avisado que solo los planes urbanísticos que cumplan la legalidad serán aprobados, pues el bipartito PRC-PSOE no cree en "soluciones mágicas" ni va a practicar el "urbanismo a la carta" que a juicio de Díaz Tezanos caracterizó el anterior mandato del PP con Ignacio Diego al frente del Gobierno.
De igual modo, desde la Administración regional van a seguir trabajando con AMA y defendiendo los intereses y patrimonio de los afectados, que son "víctimas inocentes" de una situación que "no han provocado".
Descoordinación
Por su parte, el portavoz del colectivo también ha mostrado su "sorpresa" por la postura de Argoños y Escalante al presentar el calendario de derribos. Cree Vilela que ante un mismo problema, todas las administraciones tienen que dar idéntica respuesta, más cuando la regional como las locales tienen una "responsabilidad grande" en los derribos. Así, rechazan que el Ejecutivo apueste por legalizar las viviendas y ayuntamientos como Argoños y Escalante por derribarlas.
También ha lamentado que el consenso existente en torno a este asunto se haya "deteriorado tanto" por la "descoordinación" que a su juicio hay entre las instituciones.
Argoños ha aclarado que el mismo calendario viene "impuesto" por la justicia, de modo que el Ayuntamiento "acata la orden del tribunal"
Al respecto, ha contrastado que mientras el Gobierno "dice una cosa" -el Ejecutivo es partidario de suspender la ejecución de los derribos- algunos ayuntamientos "dicen otra" y presentan calendarios para las demoliciones, cuando "todos" habían manifestado que la solución a los requerimientos de los tribunales era la aprobación de los planes generales de ordenación urbana.
Sobre este asunto, Argoños ha aclarado que el mismo calendario viene "impuesto" por la justicia, de modo que el Ayuntamiento "acata la orden del tribunal, aportando el calendario de ejecución que reclama".
Desde AMA se sienten "engañados" por las instituciones, pero no quieren en cualquier caso que haya una "lucha de administraciones" e insisten en que se haya "justicia" y "arregle" la situación en que se encuentran quienes la han "causado". "Tenemos la razón, queremos justicia", ha reivindicado el portavoz de los afectados.
"No puede ser que el que no es culpable esté, año tras año, pidiendo justicia, mientras los culpables están en las playas y disfrutando", ha agregado Vilela, que se ha referido a los "78 fallecidos" que se han producido desde que se originó este problema, hace "20 años". A esto se suma la "complicada" situación económica, o que haya gente "sin dinero" para ir a una residencia y con su "patrimonio secuestrado".
Justicia beligerante
El presidente de AMA ha considerado que la justicia ha sido "tremendamente beligerante" con "cualquier solución planteada", y ha recordado al respecto -entre otros ejemplos- la postura de la Sala de lo Contencioso del TSJC con las autorizaciones provisionales, aprobadas la pasada legislatura para tratar de evitar los derribos hasta la aprobación de los nuevos planes urbanísticos municipales, y figura que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y anulada.
Asimismo, ha considerado que los miembros de la Sala del TSJC han sido igualmente "beligerantes" con las resoluciones orientadas a garantizar las indemnizaciones antes de los derribos.
Mientras, los afectados insisten en su postura, que pasa por que se legalice "lo que se pueda legalizar" y se "indemnice" al resto de propietarios al precio que marca el mercado.
