miércoles 1/12/21
URBANISMO

La indemnización por daños morales “es un primer paso importante” para los afectados por sentencias de derribo

El presidente de AMA, Antonio Vilela, considera positiva la cuantía de 1,2 millones de euros, pero pide que termine por extenderse a los afectados que todavía quedan pendientes.

El presidente de AMA, Antonio Vilela (der.) conversa con el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra
El presidente de AMA, Antonio Vilela (der.) conversa con el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra

El anuncio del Gobierno de Cantabria de que pagará “en los primeros días de enero” un total de 1,2 millones de euros a 108 afectados por sentencias de derribo, de los que poco más de un millón son por daños morales, ha sido muy bien recibida en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), cuyo presidente, Antonio Vilela, ha asegurado que “siempre es algo positivo”.

En su opinión, “es un primer paso importante”, pues aunque ya había habido pagos de este tipo de indemnización “por vía judicial”, el hecho de que ahora se haga por vía administrativa abre un nuevo panorama para los propietarios.

“Lo que pedimos es que se extienda a todos los afectados”, ha afirmado Vilela, pues la indemnización del Ejecutivo regional deja fuera a 24 propietarios. A este respecto, el presidente de AMA ha explicado que los pasos a seguir ahora es luchar porque los que se han quedado fuera también sean indemnizados.

Según ha explicado, ha habido gente “a la que no se ha admitido”, y será necesario conocer los motivos, y hay otros “que no lo sabían”.

La decisión del Gobierno coincide, además, con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, otra buena noticia para los vecinos a juicio de Vilela.

Detalle de la indemnización

La vicepresidenta regional y consejera de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha subrayado que esta cantidad que se abonará es superior a la pagada por el anterior Gobierno (PP) en la pasada legislatura, en la que abonó 795.000 euros por daños morales.

Los 107 propietarios que cobrarán en enero del Gobierno regional esta indemnización por daños morales proceden de las urbanizaciones La Llana I y La Llana II, en Argoños; de Pueblo del Mar (Argoños); la L05, de Piélagos; Entrelindes y Cerrias, en Piélagos.

A esto, se suma el propietario de las dos viviendas en Las Llamas II (Argoños), al que se le abonarán 194.000 euros por el valor patrimonial.

Para Díaz Tezanos, que el Ejecutivo PRC-PSOE haya pagado en los cinco meses que lleva el actual Gobierno muestra su "compromiso" con los propietarios.

El Gobierno de Cantabria tenía responsabilidad en los daños morales de 565 casos, entre ellos los 107 que ahora verán resarcido este derecho y los que ya lo han visto en anteriores legislaturas.

Cuando se pague a estos 107 propietarios, quedarán 250 propietarios con los que no hay convenio firmado para ver resarcidos sus daños morales, en los que tiene responsabilidad el Gobierno. De estos que restan, hay 30 expedientes que están en tramitación.

Además, la vicepresidenta ha subrayado que, "por primera vez", el dinero que el Gobierno de Cantabria va a pagar en enero por los daños morales se ha tramitado por vía administrativa y sin que los propietarios hayan tenido que acudir a los tribunales, ahorrándoles los costes de este  procedimiento judicial y al Ejecutivo los intereses.

Alto del Cuco

Durante la rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, Díaz Tezanos ha anunciado que el Gobierno de Cantabria "está trabajando" con el Ayuntamiento de Piélagos para cumplir con el convenio acordado en la pasada legislatura entre dicho Consistorio y el Ejecutivo regional, cuando en ambos gobernaba el PP, para cumplir con la sentencia de demolición de las viviendas del Alto del Cuco.

Lo que se está "negociando" son los plazos en los que el Ayuntamiento de Piélagos deberá devolver al Ejecutivo regional el dinero que adelante para ejecutar estos derribos.

El actual Ejecutivo mantiene, por tanto, el convenio acordado en la pasada legislatura entre Ayuntamiento y Gobierno tras obtener informes jurídicos que avalan que el mismo tiene "presunción de legalidad" y que no es "lesivo" para la comunidad autónoma.

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